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CASTILLA Y LEÓN

390.000 empleadas de Castilla y León trabajarán gratis desde el 9 de noviembre hasta final de año

UGT denuncia que miles de mujeres castellanas y leonesas trabajarán gratis 53 días

Castilla y León es una de las cinco CCAA del conjunto del país en las que se ha incrementado la brecha salarial respecto al 2016

La brecha salarial persiste "por la resistencia de las empresas a aplicar la regla básica de igual salario para trabajo de igual valor, ya que les supone un consistente ahorro económico que engrosan en beneficios"

Mejora salarial para los 18.000 empleados de hostelería de Cantabria, que cobrarán más de 1.000 euros

UGT denuncia que las mujeres trabajarán gratis desde el 9 de noviembre hasta final de año. Trabajarán 53 días gratis a consecuencia de la brecha salarial, explica el sindicato, que ha analizado los datos de la última Encuesta anual de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2017.

Castilla y León registró una brecha salarial del 14,6% en el salario-hora (según los últimos datos registrados por el INE, correspondientes al año 2017). Dicho porcentaje se encuentra 0,5 puntos por debajo de la media nacional calculada por Eurostat, que la sitúa en 15,1%.Esta diferencia porcentual significa que las mujeres de nuestra Comunidad cobran 2,55 euros menos que los hombres por cada hora de trabajo (12,95€/hora frente a 15,15€/hora).

La discriminación salarial por sexo se ha ido incrementado en nuestra región en los últimos 10 años, pasando de un 12,6% en 2008 al 14,6% en 2017. En cuanto a la brecha salarial medida sobre la ganancia media anual en nuestra Comunidad, las trabajadoras percibieron de media 5.985,87 euros anuales menos que los trabajadores.

Castilla y León es la tercera Comunidad Autónoma donde más aumentó la brecha salarial en 2017.Por sectores de actividad, según los datos de las ganancias medias anuales de 2017, la brecha salarial en Castilla y León es mayor en el sector servicios con el 22,1%, mientras que en la industria la diferencia es de 18,8%.

En cuanto a la modalidad de contratación, la diferencia salarial entre trabajadoras y trabajadores es considerablemente mayor en los contratos indefinidos. Esto se debe a los complementos y pluses que se van consolidando en esta modalidad contractual. Por otro lado, la cualificación de las mujeres, no impide la brecha salarial. Según datos de la última Encuesta salarial Cuatrienal, referida a 2014, la diferencia salarial en Castilla y León entre trabajadoras y trabajadores con una licenciatura o doctorado es de 7.460,3 €/año (21,5%).

Con diplomatura universitaria la diferencia es de 6.794,08 €/año (22,4%) y entre quienes tienen una formación profesional de grado superior o similar, la brecha asciende a 8.069,22 €/año (30,5%). Algunas observaciones y demandas.

La última estadística disponible del Instituto Nacional de Estadística se refiere al año 2017. Por tanto, no refleja los efectos de los avances legislativos que se han adoptado este año 2019 para reducir la brecha de género en el ámbito laboral. Unos avances positivos pero que desde UGT Castilla y León calificamos como insuficientes. Esto es así ya que el tejido empresarial en nuestra Comunidad es fundamentalmente de pymes, lo que significa que no estarían obligadas a tomar determinadas medidas relativas a los permisos de maternidad/paternidad hasta 2021, uno de los agravantes de la brecha.

La discriminación salarial es la que más dificultades entraña para ser erradicada debido al coste económico que tiene para las empresas. Por ello reclamamos una mayor celeridad en el avance de las políticas de igualdad y exigimos el cumplimiento de la Ley de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género de Castilla y León.

Asimismo UGT Castilla y León propone avanzar en esta lucha contra la discriminación salarial a través de la negociación colectiva y los Planes de Igualdad en las empresas. La adopción de medidas de igualdad a través de Planes en las empresas de nuestra Comunidad, tal como prevé la normativa vigente, afectaría en Castilla y León a 176.000 trabajadoras y trabajadores aproximadamente.

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