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DESALAMBRE

El Gobierno quiere legalizar las devoluciones 'en caliente' en la Ley de Seguridad Ciudadana

El Ministerio del Interior ha redactado "un protocolo de actuación integral" en las fronteras de Ceuta y Melilla para complementar la propuesta del Partido Popular

El coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla está imputado por posible prevaricación por ordenar las devoluciones 'en caliente' a sabiendas de que son ilegales

La Abogacía Española considera "inconstitucional" la reforma propuesta por el PP

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Al menos doce inmigrantes, encaramados en la valla de Melilla frente al campo de golf situado al lado de la alambrada que separa la ciudad autónoma de Marruecos/ Fotografía: José Palazón-Prodein

Al menos doce inmigrantes se divisan encaramados en la valla de Melilla frente al campo de golf situado al lado de la alambrada que separa la ciudad autónoma de Marruecos. Foto: José Palazón-Prodein

El PP ha presentado un total de 25 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana elaborada por el Gobierno y, entre ellas, propone una enmienda de adición mediante la cual pretende reformar la Ley de Extranjería y recoger en su articulado las devoluciones inmediatas en frontera de los inmigrantes en Ceuta y Melilla, unas prácticas irregulares hasta el momento. Sin embargo, la Guardia Civil las lleva a cabo desde hace más de 10 años. Las últimas órdenes al respecto están siendo investigadas por un Juzgado de Melilla y han costado la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil melillense.

"Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Este es el párrafo que el PP quiere que figure como "Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla" en la Ley de Extranjería, una normativa que prohíbe estas prácticas, ya que obliga a abrir un proceso de expulsión con una serie de garantías mínimas como la asistencia letrada o la posibilidad de solicitar asilo. El convenio bilateral con Marruecos y diferentes tratados europeos tampoco permiten las devoluciones sin previa identificación del inmigrante.

Con el objetivo de legalizar las devoluciones inmediatas, el Gobierno propone una enmienda para introducir una nueva Disposición adicional primera en la Ley de Seguridad Ciudadana. Según la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, el objetivo es que la Ley de Extranjería contenga "una previsión que responda a la singularidad geográfica y fronteriza que concurre en las ciudades de Ceuta y Melilla".

A su juicio, "la singularidad de ambas ciudades queda ejemplificada, entre otros, por el hecho de que constituyan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en territorio africano y cuenten con un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico comunitario. Es preciso, por lo tanto, reflejar expresamente dicha singularidad".  

Interior redacta un protocolo para complementar la enmienda

Con el fin de "completar la propuesta de la enmienda" presentada por el Partido Popular, el Ministerio del Interior ha redactado un "protocolo de actuación integral en los perímetros de Ceuta y Melilla". Según informa la cartera dirigida por Jorge Fernández Díaz en nota de prensa, "la instrucción responde a la necesidad de dar respuesta al incremento de la presión migratoria que se viene registrando en los últimos meses en las ciudades autónomas". El documento completo aún no ha sido difundido. Fuentes del Interior aseguran que "en breve" darán a conocer más detalles sobre el nuevo protocolo.

Sin embargo, la reforma del Gobierno incumpliría diferentes tratados internacionales que protegen el derecho al asilo bajo lo que denominan "principio de no devolución": si los inmigrantes son expulsados sin identificación previa, se podría restringir el derecho al asilo de personas que buscan protección internacional por ser perseguidos o por situaciones de conflicto en sus países de origen.

En este sentido, la Comisión Europea dio un aviso a España este lunes, asegurando que aunque el Gobierno español haya decidido "no aplicar" la directiva sobre el retorno de inmigrantes interceptados en frontera, "los Estados deben velar por que se respeten las garantías mínimas" en virtud de esta normativa, que incluye el "principio de no devolución".

La nueva de Ley de Seguridad Ciudadana ha comenzado su tramitación parlamentaria después de que la semana pasada superase el debate en el que el PP hizo valer su mayoría absoluta para tumbar hasta nueve enmiendas a la totalidad presentadas por cada uno de todos los grupos que forman la oposición. Este martes, a las 20.00, ha terminado el plazo para presentar enmiendas parciales.

Dos agentes devuelven a un inmigrante a Marruecos tras el intento de salto del 1 de mayo./ Foto:José Palazón.

Dos agentes devuelven a un inmigrante a Marruecos tras el intento de salto del 1 de mayo. Foto: José Palazón

Legalizar lo que ya se hace

Las devoluciones 'en caliente' no son nuevas. Los Gobiernos del PP y del PSOE llevan efectuándolas desde hace 13 años, aunque la forma de realizarlas cambió en marzo de 2014. Hasta entonces se llevaban a cabo de forma clandestina y, cuando alguna prueba las evidenciaba, el Ejecutivo solía limitarse a negarlas o ignorarlas. Hasta la tragedia de Ceuta.

El Gobierno actual asumió la devolución de 23 personas tras la sucesión de imágenes difundidas y la atención mediática despertada. Entonces surgió una nueva justificación, nunca antes admitida pero que, según el Ministerio del Interior, se llevaba aplicando desde 2005: "España empieza cuando se supera la totalidad del dispositivo antiintrusión". A partir de aquí, esta teoría se acopló a las diferentes particularidades de cada frontera y la Guardia Civil comenzó a expulsar inmigrantes de forma inmediata a plena luz del día y ante los objetivos de cada vez más periodistas.

Según la "interpretación de la ley" del Ministerio del Interior –defendida en diferentes comparecencias oficiales–, el suelo nacional comienza una vez que el inmigrante supera la totalidad del entramado fronterizo. Aunque el protocolo operativo del Instituto Armado determina que estas personas llegan a España cuando sortean la última alambrada, de las últimas declaraciones oficiales se infiere que, para aplicar la ley, los subsaharianos deben superar también el cordón policial.

Imagen de archivo: Varios agentes de la Guardia Civil en el momento de la ejecución de una devolución en caliente el 15 de octubre de 2014 en la valla de Melilla / Foto: Robert Bonet

Imágenes de los últimos saltos a la valla de Melilla. Foto: Robert Bonet

En la actualidad, el Juzgado de Instrucción número dos de Melilla está investigando la actuación de la Guardia Civil en la valla de Melilla durante los saltos producidos el 13 de agosto y el 18 de junio. Dentro de este proceso, se incluye la instrucción sobre las devoluciones 'en caliente' en la frontera melillense. A mediados de septiembre, el juez imputó al coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, Ambrosio Martín Villaseñor, debido a un posible delito de prevaricación por permitir y ordenar las expulsiones inmediatas.

El juez arremetió contra el "protocolo operativo de vigilancia de fronteras", una orden interna del Instituto Armado firmada por el acusado, que avala las devoluciones sin identificación previa de aquellas personas que no han superado la última alambrada, la más cercana a la ciudad autónoma. Tras recordar que la soberanía española recae sobre todo el entramado fronterizo, el juez considera que este argumento, que ahora el Gobierno pretende legalizar, no se sostiene bajo la legislación nacional ni los tratados internacionales.

La Abogacía Española ve "inconstitucional" la enmienda del PP

El portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Francisco Solans, considera que la enmienda que legalizaría la devolución sobre la marcha de los inmigrantes que saltan las vallas de Ceuta y Melilla es "inconstitucional" y choca con la legalidad internacional.

En declaraciones a Europa Press, Solans explica que devolver a un inmigrante a Marruecos sin darle la oportunidad, actualmente recogida por la ley, de pedir asilo o protección internacional por razones humanitarias, es directamente inconstitucional porque vulnera el derecho fundamental de esa persona a ser escuchada.

"El problema no es que se vaya a legalizar la devolución 'en caliente', el problema es que no se puede legalizar la devolución 'en caliente' porque es inconstitucional: lo que impide es el derecho de audiencia, impide que esa persona sea escuchada, así que de facto se impide el ejercicio de un derecho constitucional", plantea el experto en Extranjería.

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