Las trabas de un inmigrante para acceder a su derecho a la justicia gratuita
El Colegio de Abogados de Cuenca pidió este julio una fianza de 150 euros –a ingresar en la cuenta personal de una de las abogadas del turno de oficio– a un inmigrante marroquí por tramitarle un abogado de oficio al que tiene derecho de acuerdo a la ley de justicia gratuita. Una miembro de la Servicio de Justicia Gratuita de Cuenca ha reconocido a eldiario.es que “el señor vino a pedir el servicio de justicia gratuita y se le pasaba el plazo al dia siguiente. Se le dijo que presentara la documentación, que pagara lo que era el procedimiento, y que cuando le concedieran el abogado de oficio se le devolvería el dinero”. Fuentes de la institución han asegurado a eldiario.es que esta actuación es una “práctica habitual”.
Youseff T., nacido en Marruecos, lleva en España cerca de once años. Hace unas semanas acudió al Colegio de Abogados de Cuenca para pedir un letrado de oficio. Su tarjeta de residencia había caducado y al presentar la renovación en Madrid le fue denegada, una decisión administrativa que recurrió posteriormente ante los tribunales. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid donde recayó su demanda se declaró incompetente y remitió la demanda a Cuenca donde Youssef había residido y trabajado. Se le concedió un mes para que continuase el procedimiento allí con un abogado.
El problema surgió, según ha contado Youseff a eldiario.es, cuando se personó en el colegio de Cuenca, donde le solicitaron dinero por adelantado como fianza para que pudiera presentar la solicitud. “Me pidieron 150 euros y me dijeron que si no los ingresaba no me podían dar un abogado”, afirma. Según el inmigrante, si presentaba los papeles en el plazo estimado, se le devolvería el ingreso íntegramente.
Posteriormente, eldiario.es ha podido saber que en el Colegio se ha reconocido esta práctica como “algo habitual” ya que, justifican, muchas veces los inmigrantes que proceden de fuera de la provincia nunca presentan los papeles. Desde la institución se ha restado importancia al hecho: “No es algo tan grave, el tema se lio un poco absurdamente”.
La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita recoge en su artículo 2 que tienen este derecho “los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan legalmente en España, cuando acrediten la insuficiencia de recursos para litigar” y además abunda: “En el orden contencioso-administrativo así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aún cuando no residan legalmente en el territorio español, tendrán derecho a la asistencia de una letrado”.
Pocos días después de que eldiario.es se pusiera en contacto con el Colegio de Abogados de Cuenca para pedir explicaciones sobre el incidente, Youseff ha recibido una carta en la que le informan de que, finalmente, se le concede un abogado de oficio a pesar de que no llegó a presentar ningún documento en el colegio.
Ni urgencia ni expediente de expulsión
Por su parte, el portavoz de la Comisión de Justicia Gratuita General ha explicado que, en caso de urgencia por posibilidad de expulsión, se le suele ofrecer al inmigrante una opción alternativa a la concesión de un abogado de oficio –cuya tramitación podría conllevar “demasiado tiempo”– como es la contratación de uno de los abogados presentes en el Colegio a título privado por un “módico precio, este caso 150 euros” para la resolución del caso de forma más rápida.
Sin embargo, Youseff no se encontraba en ninguna situación de urgencia por posibilidad de expulsión ni tenía expediente de expulsión abierto en ese momento. Además, este inmigrante ya había sido beneficiario de justicia gratuita en Madrid, donde disponía de una letrada de oficio.
Desde la comisión han asegurado que van a investigar el incidente a la espera de comprobar la reclamación que el propio Youseff presentó el 14 de julio después de que sucedieran los hechos. “En el caso de que la situación hubiese sido así, estaríamos hablando de una infracción muy grave”.
