Entidades sociales rechazan los avisos a Policía desde centros sanitarios de Ceuta y Melilla: "Es muy peligroso"

Imagen de archivo. Varios agentes de la Policía Nacional hablan con un grupo de inmigrantes en las calles de Ceuta este viernes. Brais Lorenzo/EFE

Entidades sociales y sanitarias han mostrado su rechazo a los avisos realizados desde los hospitales de Ceuta y Melilla cuando atienden a personas en situación irregular que no poseen ningún documento identificativo ni una tarjeta sanitaria con el objetivo de "identificarles" para emitir una factura, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad a elDiario.es. Médicos del Mundo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), y el Instituto de Derechos Humanos Iridia alertan del "efecto disuasorio" que genera cualquier vinculación entre la asistencia médica y la policía. También advierten del riesgo de que estas alertas hayan podido derivar en el inicio de los trámites policiales de devolución durante los días posteriores a la crisis migratoria.

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"Es especialmente preocupante. Las personas en situación irregular, de por sí, ya tienen miedo a acudir al centro de salud u hospital. Protocolos como estos, generan un efecto disuasorio por el que, cuando lo necesiten verdaderamente, no quieran ir al médico", dice Natalia García, portavoz de Migraciones en la APDHA. Las organizaciones se han quedado sorprendidas con las explicaciones aportadas por el Ministerio de Sanidad: "Aquellos que no tengan derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social se encuentran obligados al pago de los servicios que hayan recibido, según lo establecido en la normativa vigente. Solo en los casos en los que estos no aporten la preceptiva documentación identificativa, se solicita la asistencia policial en el caso de personas adultas, a efectos de identificar el obligado al pago".

"La justificación no existe. No ocurre en ninguna otra parte del estado, no hay explicación posible", cuestiona García. "Nos parecen preocupantes las declaraciones que se hacen desde el Ministerio de Sanidad 'normalizando' una práctica que no se sostiene porque van muy en sentido contrario al espíritu pro-universalización del sistema público de salud que el Gobierno ha defendido públicamente", apunta una portavoz de Médicos del Mundo. "¿Desde cuándo es necesaria la Policía para facturar una atención médica?", se pregunta.

Para el Centro de Derechos Humanos Irídia es necesario que Sanidad clarifique "qué tipo de documentación se requiere, en qué circunstancias y cómo se produce la intervención policial". "Tendrían que aclarar si la mediación de la policía se ha producido en un momento en el que ejecutó la devolución de muchas personas en Ceuta. Esta mediación es muy peligrosa, vulnera los derechos de estas personas y puede generar consecuencias fatales. Si el objetivo de la asistencia policial es, por ejemplo, llamar a sus familiares en un caso grave, lo entendemos, pero ellos lo justifican con la emisión de una factura", indica Andrés Berrio, abogado de la organización.

Según afirma Berrio, aunque el objetivo del hospital sea únicamente la emisión de una factura, "para la policía puede ser una fuente de información y puede activar el mecanismo de la ley de extranjería".

La Asociación Defensor del Paciente ha enviado un escrito al Ministerio de Sanidad mostrando su indignación ante esta práctica. "Es vergonzoso que un hospital llame a la policía porque alguien necesita atención con el objetivo de emitir una factura", dice Carmen Flores, la presidenta de la organización, a elDiario.es. "Es inaceptable, inasumible: solo un país que no tenga dignidad y que quiera expulsar por la puerta de atrás" a personas "amen de una factura", critica.

Paco Solans, abogado experto en Extranjería, también alerta de la posible vulneración de la Ley de Protección de datos. "La facturación parece una excusa bastante chapucera. Si quieres identificar a una persona a esos efectos, cuando ya es discutible que no puedas atenderle gratis y además sabes que no vas a cobrarla. Tenemos una ley de sanidad que sigue anclada al modelo anterior", sostiene el letrado.

El aviso del Ayuntamiento Ribaforada a la Policía, sancionado

Varias organizaciones recuerdan el caso de Modou Khadim para explicar los riesgos ligados a los avisos a la policía por parte de instituciones públicas. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una sanción de apercibimiento al Ayuntamiento de Ribaforada por haber engañado a un vecino senegalés para expulsarlo de España. La AEPD recriminó al Consistorio, dirigido entonces por el socialista Jesús María Rodríguez, que ahora es director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, por su "falta de lealtad" en el tratamiento de la información personal de Modou Khadim, que estaba en situación irregular y al que se citó en el Ayuntamiento de manera engañosa para detenerle y expulsarle del país. Tambiénconcluyó que el Ayuntamiento usó de manera ilícita sus datos.

La AEPD consideró que "se han tratado los datos personales con una finalidad sobre la que no existía más legitimación que la verbal, sin acreditarse la motivación jurídica que sirviera para el tratamiento legítimo de esos datos y esa citación".

Fue en mayo de 2018 cuando Modou Khadim, natural de Senegal pero residente en España desde hacía más de diez años y vecino por entonces de la localidad navarra de Ribaforada, fue citado en el Ayuntamiento de la localidad "para solventar un trámite relacionado con su empadronamiento", según contó elDiario.es. No se trataba de una citación real, sino de una trampa, denunció SOS Racismo, ya que cuando acudió al edificio consistorial fue detenido y trasladado a dependencias policiales por agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, en menos de 48 horas, fue expulsado a su país de origen sin que mediara asistencia jurídica ni ninguna otra actuación.

El Defensor también concluyó que el alcalde se extralimitó de sus funciones al facilitar los datos del padrón de Khadim a la Brigada Local de Extranjería de Tudela, que conocía que Modou Khadim tenía una orden de expulsión por parte de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que debía haber obtenido esa información a través del INE, como recoge la ley.

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Publicado el
7 de junio de 2021 - 19:55 h

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