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Una embarcación con 48 personas arriba a las costas de Tenerife.

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

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El pacto migratorio es un asunto pendiente de la anterior Comisión Europea, la de Jean-Claude Juncker, bloqueado entonces por la Italia de Matteo Salvini y la Hungría de Viktor Orbán (Fidesz/PPE). Salvini desapareció del Gobierno italiano, y su Lega de extrema derecha fue reemplazado por el Partido Democrático (S&D). Pero Orbán sigue al frente de Hungría, como Sebastian Kurz (PPE), al frente de Austria, por ejemplo. Y el rechazo de estos dos países, entre otros, a entender que los migrantes que cruzan la frontera de la UE deben ser gestionados por los 27 permanece tan firme, o más, como hace cinco años. Mientras, los migrantes siguen hacinados en Lesbos, y la situación en Canarias cada vez es más delicada.

La Comisión Europea de Ursula von der Leyen intentó un solución basada en una “solidaridad a la carta”, como temía el Gobierno español. Es decir, los países que no son de acogida –como Hungría o Austria– podían resolver su aportación a la solidaridad europea patrocinando el retorno de las personas que haya que devolver. Es decir: pagando.

La propuesta se presentó hace dos meses, a finales de septiembre, y ahora es cuando los gobiernos de España, Italia, Grecia y Malta, los principales países fronterizos y que hacen de puerta de entrada de Europa para quienes huyen de las guerras y del hambre han escrito un documento, un non paper, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de turno de la UE, Angela Merkel en el que critican la propuesta del Ejecutivo comunitario.

“Los desequilibrios que vemos en los elementos propuestos de solidaridad y responsabilidad deben abordarse para dejar muy claro que el reparto equitativo de la carga es un factor esencial para una política de migración y asilo verdaderamente europea, sostenible y aceptable para todos los Estados miembros”, afirman Pedro Sánchez, Giuseppe Conte, Kyriakos Mitsotakis y Robert Abela: “Creemos que las normas de solidaridad y el compromiso de todos los Estados miembros deben definirse claramente. Los Estados miembros de primera línea no pueden afrontar la presión migratoria sobre toda la Unión Europea. Debemos encontrar soluciones viables y coordinadas a nuestros desafíos comunes”.

Los cuatro gobernantes prosiguen con sus dudas respecto de la propuesta de la Comisión Europea: “Tenemos que estar seguros de que la reglamentación final de los procedimientos en la frontera no facilita efectos indeseables. No es aceptable la creación de grandes centros cerrados en las fronteras exteriores. La gestión del asilo debe respetar plenamente los derechos humanos y los derechos de los solicitantes de asilo, que deben reflejarse en la regulación de los procedimientos pertinentes”.

“Debe aclararse el enfoque de las relaciones con terceros países”, sostiene el documento, “así como los instrumentos financieros destinados a apoyar este esfuerzo. Los acuerdos con terceros países debe reforzarse de inmediato y ponerse en práctica sin más retrasos. Debemos invertir en relaciones políticas con nuestros socios de migración, particularmente con nuestros países vecinos del sur”.

La cuestión de los retornos también es un problema para los cuatro países. “La Comisión Europea propone el patrocinio del retorno como un nuevo canal de solidaridad. Coincidimos en la importancia de un sistema eficaz de devoluciones. Sin embargo, hacemos hincapié en que, si queremos que los patrocinios sean una herramienta eficaz para mejorar la política de retorno y una medida eficaz para aliviar la carga de los Estados miembros de primera línea, los tiempos y las modalidades deben ser más eficientes. Para asegurar el progreso en este sentido, las dimensiones internas y externas deben estar vinculadas a través de una densa red de relaciones estrechas con los países de origen y tránsito, y un conjunto coherente de acuerdos sobre readmisión. En concreto, se debe hacer especial hincapié en promover compromisos de amplio alcance que involucren a terceros países, a través de incentivos positivos”.

“La propuesta presentada por la Comisión Europea no aborda la migración legal”, concluye el documento, “que está íntimamente ligada a los flujos irregulares. La coordinación de canales de migración y asilo seguros, regulares y ordenados permitirá reducir los flujos irregulares y contribuir a una gestión ordenada, con un impacto positivo tanto en los países de destino como en los países de origen / tránsito, abordando aspectos económicos y desafíos demográficos. Esto también mejoraría la confianza en las relaciones con nuestros socios”.

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