La Fiscalía madrileña deja a un menor en la calle porque no se cree su edad
Un menor maliense se ha quedado en la calle, informa la Fundación Raíces, por orden de la Comunidad de Madrid, que ha aplicado una decisión tomada por la fiscalía de la región. M.K., natural de Bamako, tiene 16 años, según acredita su pasaporte y acta de nacimiento, a las que ha tenido acceso este medio. Sin embargo, la Fiscalía de Menores madrileña dictó una resolución de mayoría de edad “porque el niño no quiso someterse a las pruebas médicas de determinación de la edad”, denuncia la presidenta de Raíces, Lourdes Reyzábal. El Supremo ha prohibido que se realicen estos exámenes médicos a menores con su pasaporte válido, pero sigue siendo una práctica habitual.
M.K. es uno de tantos menores que llegan a España solos, sin el acompañamiento de ningún adulto, para buscar un futuro en Europa. En su caso, “huyó de Gao cuando con tan solo 12 años de edad, donde presenció el secuestro de sus dos hermanos pequeños como consecuencia de la revolución que estalló en esa región, a principios de 2012, liderada por varias organizaciones islamistas radicales e independentistas, algunas asociadas a Al Qaeda”, relatan en Fundación Raíces.
Hasta hoy, el chico ha estado en el centro de primera acogida de Hortaleza, en Madrid, después de que la Policía lo encontrara en la calle en situación de desapamparo. “Fíjate si parece menor que la Policía ni se lo cuestionó, lo llevó directamente a un centro de menores”, dice Reyzábal. Cuando las autoridades españolas detectan a un menor desprotegido, el niño pasa a los servicios de protección de menores y la comunidad autónoma asume su tutela. “Pero la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de la Familia y el Menor, le va a echar a la calle este viernes, porque consideran que es mayor de edad por un decreto del fiscal de Menores Agustín Herrero”, denuncia.
En la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid indican a eldiario.es que “la Comunidad lo que ha hecho es seguir las instrucciones de la Fiscalía de Menores, que ha decretado que es mayor de edad. Por lo tanto, debe ser considerado como adulto y no puede permanecer en centros destinados a menores de edad”.
El adolescente llegó al monte Gurugú en junio de 2014, según la ONG especializada en infancia, y “sufrió varias devoluciones en caliente en la valla de Melilla”. Consiguió entrar finalmente en España el 2 de diciembre de 2014 y llegó a Madrid en febrero de 2015.
Lourdes Reyzábal explica que, “aunque tiene una presencia clara de menor de edad”, y el joven cuenta con un pasaporte y partida de nacimiento que acredita que nació en noviembre de 1999, la Fiscalía de Madrid dictó su mayoría de edad después de que no quisiera someterse a los exámenes médicos de determinación de la edad.
Las pruebas de edad
Estas pruebas, criticadas por la Defensoría del Pueblo y otros organismos por su amplio margen de error, solo deberían aplicarse en los casos en los que las autoridades hallen a un adolescente indocumentado cuya minoría de edad no resulte evidente, según la ley. Dado que estas pruebas se realizaban de manera sistemática, sin tener en cuenta la ley, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia con varias sentencias en las que recordó que es ilegal someter a estos exámenes a menores que cuentan con documentación válida.
Si hay dudas sobre el pasaporte o la partida de nacimiento de un menor, el Supremo dictó que debería realizarse un juicio de proporcionalidad sobre ellos, para invalidarlos. En la práctica, organizaciones como Fundación Raíces denuncian que los menores siguen siendo sometidos a las pruebas, sin que sus papeles sean retirados.
En este caso, sus documentos no han sido invalidados, recuerdan en Raíces. Un Protocolo aprobado por el Gobierno, recurrido ante la Justicia por la Fundación Raíces, avala que el fiscal decrete la mayoría de edad de un adolescente que no quiera someterse a estas pruebas. En la ONG indican que estas pruebas nunca debieron exigirse, dado que M. K. está documentado.
La ONG ha presentado este viernes a las 9:00h de la mañana ante el Alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos una petición de medida cautelar urgente contra la inminente expulsión del menor. “Tardan 24 horas en resolver y pedimos a la Comunidad de Madrid que no deje a un niño en desamparo antes de que la Justicia resuelva”, decía a este medio Reyzábal antes de la expulsión.
