“El Gobierno ha dictado sentencia con las muertes del Tarajal antes de que lo haga la jueza”
La ruta de puntos negros en el respeto a los derechos humanos en España encuentra una parada en la frontera sur de Ceuta y Melilla, denuncia Amnistía Internacional en su último informe anual. La presentación del resumen de 2014, este martes, centró gran parte de su atención en las muertes de 15 personas en el espigón del Tarajal hace un año y en los procesos judiciales abiertos para investigar la actuación de las fuerzas policiales en la frontera. Según la ONG, la independencia de la justicia se ve comprometida por la actuación por el Gobierno: “Ha dicho que los agentes son inocentes. Ha dictado una sentencia antes de que la jueza prosiga con las investigaciones. Es lamentable”, apunta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internalcional en España.
El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz declaró, al día siguiente de la imputación de 16 agentes del Instituto Armado por las muertes de Ceuta, que los efectivos de la Guardia Civil “actuaron correctamente”. “La independiencia del poder judicial se da también dejando hacer al juez y no dictando una sentencia antes de que la jueza prosiga con las investigaciones”, critica Esteban Beltrán.
Las devoluciones sumarias en frontera, en las que los inmigrantes son expulsados de forma inmediata a Marruecos, volvieron a recibir las críticas de la ONG. Sus representantes recordaron la ilegalidad de las expulsiones colectivas y el derecho de toda persona a expresar su situación ante la presencia de un abogado una vez pisa territorio español. Estas garantías permiten, por ejemplo, que un refugiado solicite protección internacional, un derecho reconocido nacional e internacionalmente.
Las causas judiciales abiertas para investigar estas devoluciones sumarias y los excesos policiales en el trato a los inmigrantes en frontera son “importantes”, admite el director de AI en España. Aunque añade: “Es importante. Pero un tribunal por sí mismo, si no tiene la colaboración de las autoridades y el reconocer que no se ha hecho bien, es dificil que lleve a cabo su labor con independencia”.
Limitaciones en nombre de la “seguridad”
Según Amnistía Internacional, 2014 también se alza como un año con escasos referentes en España en los que un Gobierno haya intentado, con la ley en la mano, limitar varios derechos fundamentales. “Parte de los derechos humanos ha sido puesta en riesgo por políticas públicas. Es díficil pensar en un mismo año en que varias reformas legislativas –con la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana– hayan puesto en riesgo derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación”, afirma Esteban Beltrán.
En el mismo marco, la organización critica en intento (“sin precedentes” a nivel internacional) del Gobierno de legalizar las devoluciones sumarias en frontera. “Algo imposible porque las devoluciones inmediatas y colectivas están prohibidas”, recuerda el director de la organización. Este punto, y “la dificultad de pedir asilo en Ceuta y Melilla” conforman algunos de los ejemplos recogidos por la ONG para denunciar una política migratoria europea más preocupada en “mantener lejos a los inmigrantes y refugiados” que en salvar vidas.
Entre las normas que han hecho saltar las alarmas de la ONG también figura “un tipo de legislación antiterrorista que es tan ambigua e indefinida que prácticamente cualquier persona puede caber en un delito de terrorismo”, asegura Esteban Beltrán. El resultado: la posibilidad de que personas inocentes acaben en la cárcel.
El informe anual alerta de una tendencia general en la que los estados minan los derechos de los ciudadanos con el argumento de mantener “la seguridad” nacional. Jesús A. Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, advierte del peligro de la incidencia de los 'discursos del miedo' para que la población ceda parte de sus libertades. “Entre 2000 y 2013, de los 107.000 atentados terroristas que hubo en el mundo, solo un 5% se han registrado en un país occidental”, dice tras recordar que, aunque la amenaza terrorista es real, hay que interpretarla en su justa medida.
“El recorte de las libertades va en contra de nuestros principios como sociedades democráticas y del sostenimiento de este modelo de sociedad”, señala Jesús A. Núñez.
El informe también recuerda a los miles de desahuciados y a los inmigrantes que perdieron la tarjeta sanitaria con la reforma sanitaria del Gobierno. “Existe el riesgo de que las vulneraciones de derechos humanos de muchas personas sean consolidadas en una etapa de crisis económica”, lamentan.
