Miles de mujeres peruanas esterilizadas de manera forzada luchan contra la impunidad
En Perú durante el régimen de Alberto Fujimori, 300.000 mujeres fueron esterilizadas de manera forzada tras la puesta en marcha del programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), presentado por el mismo expresidente en 1995 en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Después de las denuncia presentada por más de 2.000 mujeres, a finales de enero los Tribunales peruanos archivaron las denuncias presentadas. Según el fiscal Marco Guzmán Baca no se incurrió en “delitos de lesa humanidad” y tampoco se hallaron “elementos probatorios suficientes” sobre la responsabilidad delictiva de Fujimori. Lo mismo ha sucedido con los exministros de Salud: Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong.
Más de 2.000 mujeres han denunciado que fueron esterilizadas contra su voluntad. Mujeres valientes que han reconocido haber sufrido en sus cuerpos estos abusos, a pesar de la estigmatización de sus comunidades que las veían como estériles, y sufrir incluso violencia de género dentro de sus hogares ya que eran acusadas por sus maridos de haberse realizado la intervención para mantener relaciones sexuales con otros hombres. El programa fue exhibido como un plan voluntario de esterilizaciones masivas, sin embargo en la práctica no se respetó la libre elección. Al contrario, se pensó que para acabar con la pobreza se debía evitar el crecimiento demográfico en las zonas más humildes del país.
La resolución
El pasado 22 de enero la Segunda Fiscalía de Penal Supranacional de Lima emitió una resolución archivando las denuncias presentadas. Según el fiscal Marco Guzmán Baca no se incurrió en “delitos de lesa humanidad” y tampoco se hallaron “elementos probatorios suficientes” sobre la responsabilidad delictiva de Fujimori. Lo mismo ha sucedido con los exministros de Salud: Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong.
Las víctimas son mujeres indígenas y campesinas de localidades empobrecidas de las zonas rurales del país, quienes fueron engañadas, amenazadas y coaccionadas, siendo intervenidas sin su consentimiento, violando sus derechos sexuales y reproductivos sin ninguna condición de salubridad. Como señala Úrsula Santa Cruz, psicóloga y feminista peruana “Para el Estado y para el país siguen siendo las invisibles, las sin derechos a tener derechos, sin acceso a justicia y reparación”.
18 de estas mujeres perdieron sus vidas. Una de ellas fue María Mamérita Mestanza Chávez en 1998 en la provincia de Cajamarca. La muerte de esta mujer se denunció ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y fue clave para que este Órgano se pronunciara y recomendara al estado peruano reabrir la investigación haciéndolo efectivo en 2012 tras haber sido archivado tres años antes.
Reacciones
Tras ser conocida la resolución las reacciones no se han hecho esperar, es así como más de 200 mujeres pertenecientes al Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las mujeres esterilizadas de Huancabamba han exigido al gobierno una respuesta, justicia y reparación ante el estado.
Esta indignación que supone el dictamen fiscal traspasa los límites del Perú, desde España se están pensando acciones concretas por parte de diversas organizaciones peruanas y españolas para apoyar la lucha de estas mujeres. Santa Cruz quien lleva viviendo en España 11 años comenta: “Mientras a ellas se les cercenó su derecho a ser madres, En España, el gobierno conservador del Partido Popular con la reforma de la ley del aborto quiere imponer y obligar a las mujeres a la maternidad forzada. En Perú, España o en cualquier otro lugar del mundo persiste el control del Estado, la iglesia y los organismos de poder sobre nuestro derecho a decidir, sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad. La lucha y el camino es largo para todas”.
“En estas investigaciones hay documentos del exministro de Salud, Alejandro Aguinaga, donde mandó órdenes directas que eran también órdenes de Fujimori, con cuotas (números de intervenciones por regiones). Hay en esta decisión una intencionalidad política porque Aguinaga es actualmente parlamentario de Fuerza Popular, partido político del fujimorismo”, dice Sara Cuentas, activista que fue miembro del Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAMLF) del que también es integrante Giulia Tamayo quien lideró el equipo de investigación y sacó a la luz estos crímenes.
Esta activista apunta que la resolución es resultado de un marco de exclusión social que existe en el país ya que si las mujeres que fueron esterilizadas de manera forzada hubieran sido mujeres de zona urbana, de clase media, las cosas hubieran sido distintas, y seguramente no se hubiera archivado el caso.
El pasado martes algunas de las víctimas junto a la Parlamentaria Andina y defensora de los derechos humanos Hilaria Supa y diversas organizaciones presentaron una apelación al archivo de la causa en la Fiscalía de Lima. Por otro lado,Amnistía Internacional está realizando una campaña de recogida de firmas teniendo como meta las 5.000.
La organización presentará la carta 'Las víctimas deben recibir justicia', respaldada por las firmas, al presidente Ollanta Humala para que no se archiven estos casos donde recuerda al Estado la obligación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de toda persona.
