La justicia procesa a 16 guardias civiles por las muertes de Ceuta: “Las fronteras no son zonas de excepción”

La jueza encargada de la instrucción del caso de las muertes de Ceuta ha concluido la investigación con un final que rompe con dos intentos de sobreseimiento por parte del mismo tribunal. La magistrada ha decidido procesar a 16 guardias civiles por el fallecimiento de 14 migrantes en febrero de 2014 en un intento de entrada a la ciudad autónoma disuadido con material antidisturbios por los agentes fronterizos, como ha adelantado El Confidencial y ha confirmado eldiario.es.

A lo largo de su auto, al que ha accedido eldiario.es, María de la Luz Lozano Gago recuerda que “si bien es cierto la protección de la frontera se activa frente a intentos de entrada ilegal”, ello “no puede dar pábulo a sobreentender, ni remotamente, que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos”.

En esta línea, la magistrada ceutí concluye la existencia de indicios de delito de homicidio imprudente y omisión de auxilio entre los 16 agentes investigados. Durante la mañana del 6 de febrero de 2014, miembros del Instituto Armado dispararon pelotas de goma y botes de humo hacia la zona donde se encontraban cientos de migrantes intentando rodear a nado el espigón fronterizo del Tarajal. 14 personas murieron. Según el juzgado, los guardias civiles “podían haberles auxiliado y se abstuvieron sin causa que justifique su omisión”.

Tras una instrucción de cinco años que acumula dos intentos de archivo, la jueza de Ceuta ha emitido un auto de pase a procedimiento abreviado, por lo que entiende finalizada la investigación y podría dirigir el caso a juicio oral, a la espera de recibir la posición de la acusación popular y la Fiscalía en el plazo de 10 días.

“Dado que las personas inmigrantes estaban bajo control de fuerzas del orden españolas, los hechos denunciados están sin duda bajo la jurisdicción de España”, ha razonado la magistrada, quien reitera en varias ocasiones el deber de las fuerzas de seguridad del Estado de respetar los derechos humanos en su tarea de proteger las fronteras.

“Siendo, por tanto, incontrovertible el deber de la Guardia Civil de proteger la frontera, tampoco puede soslayarse que ese deber debe cumplirse dentro del marco normativo y jurisprudencial del ordenamiento jurídico de la Unión Europea”, argumenta Lozano Gago. “No cabe rechazar la entrada de personas migrantes de cualquier modo, sino solo de una manera adecuada a la protección de tales derechos”, enfatiza la titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta.

Las ONG que conforman la acusación popular habían solicitado el procesamiento de los agentes por homicidio imprudente, omisión de auxilio, lesiones y prevaricación (en relación a la devolución en caliente de 23 personas). Sin embargo, la magistrada descarta los dos últimos delitos una vez finalizada la instrucción.

Sí identifica indicios de homicidio imprudente y omisión de auxilio. “Es claro que en el mar había personas migrantes que podían sufrir un mal, incluso la pérdida de la vida, y que debían ser auxiliadas por los agentes investigados”, describe la magistrada. Sin embargo, el juzgado concluye que los guardias civiles no socorrieron a los migrantes en peligro: “Podían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión”.

El auto sostiene que “la ayuda que precisaban las personas que nadaban el día de los hechos hacia España era frente a un mal, el riesgo de pérdida de sus vidas, inminente”. Además de la posible falta de auxilio, miembros del Instituto Armado lanzaron material antidisturbios hacia el agua mientras los migrantes nadaban a duras penas. “En esta línea, el juzgado ha investigado si la actuación de la Guardia Civil en defensa de las fronteras ha sido o no proporcional, si el empleo de la fuerza utilizada por la misma es o no conforme a la legalidad”, continúa.

Después de que el juzgado haya escuchado el testimonio de dos supervivientes de l a tragedia del Tarajal, la titular ha defendido que “concurren indicios asimismo de posible homicidio imprudente cometido por parte de los agentes investigados”.

La magistrada encargada del caso aprovecha su auto para defender una mejora de las condiciones de trabajo de los agentes fronterizos, exigiendo la elaboración de un protocolo de actuación. “Los derechos humanos de los Guardias Civiles que protegen la frontera Sur de Europa han de ser protegidos, dotándoseles de los protocolos de actuación y recursos materiales, técnicos y humanos que permitan realizar su función con seguridad y con adecuación a la normativa internacional de Derechos humanos de las personas inmigrante”, sostiene. “Derechos humanos de todos, de las personas inmigrantes, y también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de este gran país que es España”, destaca la jueza.

En agosto del año pasado, la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó al juzgado ceutí la reapertura del caso que investiga las muertes de Ceuta. Los magistrados consideraron que la magistrada de la ciudad autónoma no había agotado la investigación antes de decretar su sobreseimiento pues, entre otras pruebas solicitadas por la acusación popular, no había sido escuchado el testimonio de ninguno de los supervivientes de la tragedia.

Se trataba de la segunda vez que la Audiencia Provincial de Cádiz exigía la apertura de la causa del Tarajal al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, encargado del caso. “Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde el anterior, nos encontramos en la misma situación”, afirmaron los jueces Rosa María de Castro, Luis de Diego y Fernando Tesón.

En 2015, el mismo juzgado encargado de la instrucción, aunque con otra magistrada al frente, exculpó a los 16 guardias civiles investigados y cargó contra los inmigrantes la responsabilidad de su muerte: “Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil”, rezó el auto de la entonces magistrada titular. Entre los guardias civiles investigados se encontraban un capitán, un teniente y un sargento.

Tras dos intentos de sobreseimiento, el juzgado ceutí ha procesado a los 16 agentes después de haber escuchado el testimonio de dos supervivientes de la tragedia, que desde aquella mañana del 6 de febrero de 2014 denunciaron el lanzamiento de botes de humo y pelotas de goma hacia el agua en el que trataban de nadar hacia la ciudad española. No obstante, es posible que la Fiscalía opte por no acusar a los guardias civiles implicados, dado que en anteriores ocasiones se ha mostrado a favor del archivo de la causa.