Satisfacción en Interior por la anulación de la imputación del coronel de Melilla
El Ministerio del Interior ha manifestado este miércoles su “satisfacción” por el “muy relevante auto” de la Audiencia Provincial de Málaga que ha eximido de responsabilidad penal al Coronel Jefe de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, por ordenar la devolución automática a Marruecos de los inmigrantes interceptados en el salto de la valla.
Fuentes consultadas por Europa Press trasladan “desde el respeto a las decisiones judiciales, satisfacción por este muy relevante auto” del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Este mismo auto que anula la imputación del jefe del Instituto Armado en Melilla reconoce que las devoluciones en caliente son ilegales en base al ordenamiento jurídico español.
A pesar de haber firmado una orden interna en la ciudad autónoma para llevarlas a cabo, la Audiencia de Málaga considera que el coronel no tiene responsabilidad penal ya que se tratarse de un concepto operativo marcado “por la Dirección General de la Guardia Civil” y “utilizado por el Gobierno español desde la misma construcción de la valla”, según el auto al que ha tenido acceso eldiario.es.
En cambio, abre la puerta a resolver “el conflicto jurídico” existente entre el derecho de los Estados a controlar sus fronteras y las garantías impuestas por la normativa española e internacional, referidas a la asistencia letrada, el acceso al asilo y a recurso efectivo de las personas que van a ser expulsadas. En este sentido se pronuncia sobre la reforma de extranjería aprobada por el Gobierno con posterioridad a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana. Según entiende, esta regulación “da cobertura legal” a estas prácticas. En cambio, reconoce que debe cumplir unas garantías humanitarias “mínimas”, como establece la propia normativa.
Este punto es precisamente uno de los que, según concluyó el análisis de un grupo de 16 juristas, provoca que las expulsiones que llevan efectuándose desde hace más de una década “siguen siendo radicalmente ilegales a la luz de la nueva regulación y puede dar lugar a responsabilidades penales y jurídicas”.
El razonamiento del juez melillense
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Melilla imputó a Ambrosio Martín Villaseñor en septiembre al entender que el “protocolo operativo de vigilancia de fronteras”, una orden interna firmada por el coronel, que avala las devoluciones sin identificación previa de aquellas personas que no han superado la última alambrada, era ilegal. Tras recordar que la soberanía española recae sobre todo el entramado fronterizo, el juez melillense consideraba que este argumento, también defendido por el Ministerio de Interior, no se sostienía bajo la legislación nacional ni los tratados internacionales.
Ahora, la Audiencia de Málaga aunque está de acuerdo con estos razonamientos, considera que el coronel cumple el operativo marcado por la Dirección General de la Guardia Civil e incluye otra serie de factores que, desde su punto de vista, también deben ser tenidos en cuenta, como el derecho del Estado español a controlar sus fronteras. No obstante, existe una serie de límites impuestos por la legislación internacional consistentes en el respeto de los derechos fundamentales de los extranjeros deportados como la asistencia letrada, el acceso al asilo, o la posibilidad de imponer recurso.
Las devoluciones en caliente no son nuevas. Los Gobiernos del PP y del PSOE llevan efectuándolas desde hace 13 años, aunque la forma de realizarlas cambió en marzo de 2014. Hasta entonces, se llevaban a cabo de forma clandestina y, cuando alguna prueba las evidenciaba, el ejecutivo solía limitarse a negarlas o ignorarlas.
Hasta la tragedia de Ceuta. El Gobierno actual asumió a devolución de 23 personas tras la sucesión de imágenes difundidas y la atención mediática despertada. Entonces, surgió una nueva justificación, nunca antes admitida pero que, según el Ministerio del Interior, se llevaba aplicando desde 2005: “España empieza cuando se supera la totalidad del dispositivo antiintrusión”. A partir de aquí, esta teoría se acopló a las diferentes particularidades de cada frontera y la Guardia Civil comenzó a expulsar inmigrantes de forma inmediata a plena luz del día y ante los objetivos de cada vez más periodistas.
