La legalización del aborto, excluida del nuevo Código Penal de Honduras, que recibe fondos españoles

Una mujer mira a la cámara con los ojos llenos de lágrimas. Lleva las manos esposadas y una bata hospitalaria. Acababa de ser intervenida tras llegar al hospital con un aborto incompleto. A su lado, “como si se tratara de un trofeo”, dos policías posan luciendo media sonrisa.

La fotografía fue exhibida por los medios de comunicación hondureños en la mañana del pasado 4 de mayo, para informar de que la joven había sido “capturada” por haberse provocado un aborto.  

Pocas horas después, una votación parlamentaria decidió que el aborto iba a seguir siendo un delito en Honduras, sin excepciones. El nuevo Código Penal, que se está elaborando en el país centroamericano para sustituir la legislación vigente desde hace más 30 años, no incluirá la despenalización del aborto. 

La nueva normativa, que ha recibido fondos españoles de cooperación para financiar parte de la asesoría técnica, aún no ha sido aprobada y quedan pendientes varios artículos que ya serán discutidos tras las próximas elecciones de noviembre. Lo que sí es seguro es que el aborto se seguirá considerando un crimen. Los diputados desoyeron las demandas del movimiento feminista, que llevaba meses trabajando para que se incluyera la despenalización en los tres supuestos reconocidos en los estándares internacionales de derechos humanos: el riesgo para la vida de la madre, la inviabilidad del feto o cuando el embarazo es fruto de una violación.

En las negociaciones para incluir la reforma, estuvo, entre otras, Erika García, integrante de la plataforma Somos Muchas, que agrupa a una veintena de organizaciones. “Era lo mínimo. A pesar de que somos conscientes de que el aborto debería ser libre y gratuito, estos tres causales son lo mínimo”, reitera en una entrevista con eldiario.es. La activista ha visitado Madrid con motivo del Día Mundial de la Despenalización del aborto, celebrado el 28 de septiembre.

Todo sigue exactamente igual para las mujeres, dicen las feministas hondureñas con resignación. Practicarse una interrupción del embarazo puede conllevar penas de entre tres y diez años de cárcel en Honduras, uno de los pocos países del mundo que prohíben el aborto en todos los casos. 

“Nos sentimos engañadas”

“Estamos en año electoral, y muchos diputados, por cálculos políticos y por líneas de partido, se abstuvieron en la reforma. Nos engañaron”, indica García. “El problema también son estos pactos entre gobernantes y los dirigentes católicos y evangélicos. Ya no lo ocultan. En la discusión, muchos diputados dijeron abiertamente que sus principios religiosos no le permitían votar a favor de despenalizarlo. Lo expresan a pesar de que Honduras es un estado laico. Es puro cinismo”, prosigue. 

Las activistas critican la “opacidad” y el “secretismo” que ha caracterizado todo este proceso de redacción del nuevo código penal. Muchas, aseguran, se enteraron por los “rumores” y desde finales 2015 se pusieron manos a la obra para lograr la reforma. Campañas de concienciación, debates, reuniones. De poco sirvió. El delito de aborto continúa siendo el mismo que en el código penal de hace más de 30 años.

Asimismo, denuncian la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el proceso que ha sido cuestionado desde la sociedad civil hondureña. Consultores españoles “de alto nivel”, según una respuesta parlamentaria del Gobierno de Rajoy que adelantó Pikara, han recibido 30.000 euros de los fondos españoles para asesorar al Congreso Nacional del país centroamericano en este proyecto.

Según este documento, el equipo de asesores tuvo “decenas de reuniones con representantes de la sociedad civil” y presentó una propuesta para introducir “un régimen de indicaciones en materia de aborto”, pero “esta posibilidad no fue aceptada por el Congreso”.

Asimismo, la AECID aseguró en una respuesta a Pikara que “no interfiere ni toma partido en el contenido de los debates políticos de los países en los que opera” ni tampoco ha colaborado en la redacción “del contenido del artículo del código penal de Honduras relativo al aborto, ni ningún otro de sus artículos”. 

“Estuvieron colaborando desde un inicio, ya en el segundo borrador”, apunta García. Denuncian que estos asesores de la AECID no se reunieron con ellas. “Nosotras tratamos de hacer incidencia y tener reuniones con estos asesores, y decían que sí, pero luego les salían otras cosas, nos sentimos engañadas”, asegura. 

El proyecto legislativo también ha recibido las críticas de Amnistía Internacional y Naciones Unidas, que lamentó en un comunicado que “la criminalización del aborto se mantenga” a pesar de las reiteradas recomendaciones del organismo. Negar el acceso al aborto seguro, concluye la ONU, “es una instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y la negación de su autonomía”.

Criminalizadas y estigmatizadas por abortar

Era, dicen, una oportunidad histórica para que las niñas y mujeres dejaran de ser criminalizadas por decidir interrumpir su embarazo en un país donde tampoco hay acceso a la educación sexual y que prohíbe el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Al debate público sobre la despenalización, con sondeos que mostraban que una mayoría de la población estaba a favor de los tres supuestos le acompañó, aseguran, una campaña mediática en contra.

“Empezaron a salir más mujeres denunciadas en un show mediático que las estigmatizaba y criminalizaba”, comenta. “En el hospital, llaman a la policía, las enchachan [esposan] a la camilla y las detienen porque han llegado con abortos en curso sin saber si se los han provocado o no. Antes de hacer cualquier investigación, son tratadas como criminales”, recuerda García.

En los países donde la interrupción del embarazo está completamente prohibida, solo 1 de cada 4 abortos es seguro, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Honduras, las más empobrecidas se ven abocadas a hacerlo en la clandestinidad, sin las condiciones médicas e higiénicas recomendadas. Es, insisten, un secreto a voces y estiman que cada año se producen alrededor de 82.000 abortos en Honduras, según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

“Hay un mercado negro exagerado y carísimo de misoprostol –medicamento para abortar de forma segura–. También hay clínicas de mucho prestigio donde cobran 20.000 lempiras, casi tres salarios mínimos, es inaccesible para muchas”, comenta García, que también trabaja en el CDM. 

Somos Muchas ha documentado los casos de mujeres que decidieron abortar en Honduras, la mayoría porque su vida corría peligro o tras sufrir violencia sexual. Como Karla, que, según su testimonio, se quedó embarazada como fruto de una violación de tres hombres. A los tres meses, le dijeron que el feto venía sin posibilidad de nacer vivo. Su doctor se negó a ayudarla, así que recurrió a un aborto inseguro.

“Estuve enferma varias semanas (...) Me fui al hospital, tenía una infección demasiado fuerte y al mismo tiempo tenía síntomas de gangrena por la forma en que me practicaron el aborto. Me quitaron mis órganos reproductivos por la negligencia médica, si me lo hubiesen hecho en las condiciones adecuadas, no me hubiera pasado”, recuerda.

María (nombre ficticio) estaba feliz, esperaba a su segundo hijo. A las 22 semanas, en un control rutinario, el médico descubrió que el feto tenía una malformación congénita. “No tenía posibilidades de vivir y ponía en riesgo mi vida. (...) Tomamos la decisión de interrumpir el embarazo pensando en mi otro hijo”, relata.

Melissa abortó de forma segura en una clínica privada, pero jamás, dice, olvidará el ensañamiento con el que actuó su médico. “Duele, por supuesto, duele. Podría no doler, y el odio consciente por la saña misógina se junta al dolor y la humillación. 'Aguanta', claro. (...) El pago fue abundante y en efectivo. No hubo que tomar nada, pero el recuerdo permaneció por décadas”, concluye.

“Estamos desesperanzadas, pero la lucha sigue”

Además de mantener la penalización total de aborto, las defensoras denuncian varios “retrocesos” de los derechos en el nuevo código penal como la reducción de las penas de los delitos contra la libertad sexual o los causales de la violencia intrafamiliar. “Esto fortalece todavía más la impunidad, el imaginario de las mujeres es que ya ni siquiera vale la pena denunciar”, señala García. Asimismo, alertan de que la introducción del delito de terrorismo “es una carta abierta para criminalizar a las personas que protestan”.

También les ocurre a ellas, las que luchan  por que las mujeres y niñas puedan interrumpir su embarazo de forma segura. “Salir a las calles no es seguro. Nos tiran piedras y palos. Los policías nos echan gas. Hay que buscar formas de hacer resistencia sin ponernos en riesgo, como batallar los casos en los tribunales”.

A los pocos meses, el pasado agosto, sus compañeras lograron que Chile despenalizara el aborto en tres causales. En Honduras lo celebraron mientras aún digerían el golpe de no haber logrado la reforma. “Muchas sabíamos que esto nos podía pasar. En un Estado de no derecho como el nuestro, era imposible que se aprobara. Perdimos la batalla y sabemos que es muy difícil, el contexto fue más fuerte que nosotras”, opina García. Sin embargo, se trata de solo una batalla: continúan en pie.

“Estamos ya muy desesperanzadas tras dar varias luchas ¿Qué nos queda a las mujeres? ¿Migrar? En Honduras, estamos sufriendo una depresión colectiva. No es casualidad que la mayoría de las mujeres padezcan depresión o ansiedad, provocadas por todo lo que viven a diario. Por eso seguimos convocando acciones para reconciliarnos con el placer, para el autocuidado, para decir que aquí estamos, que aquí seguimos. Que aunque siga penalizado, las mujeres siguen abortando y nosotras seguimos intentando que se visibilice y que sea una cuestión de salud pública. La lucha sigue”, sentencia.