13 “casos de éxito” de implantación de las renovables en pleno aluvión de protestas contra los macroparques

La Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) presenta este jueves en Madrid un análisis de “casos de éxito en la implantación de energías renovables”. El trabajo, encargado a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, recopila proyectos fotovoltaicos y eólicos “que demuestran un aprovechamiento renovable con especial respeto a la biodiversidad y con especial consideración a la población local”.

Ante “la situación actual de rechazo a las energías renovables en parte del territorio nacional”, el estudio identifica trece complejos como ejemplos de cómo “diseñar modelos de implantación de energías renovables con gran aceptación social”: desde la selección del emplazamiento a las actuaciones previas con las poblaciones locales, acciones durante la fase de construcción y la operación y medidas para la integración socioeconómica en los territorios.

El estudio, que puede descargarse aquí, cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sus autores recuerdan que para la instalación masiva de energías renovables en la que está inmersa España hay que considerar “aspectos evidentes”, como el recurso de sol y viento, el coste de cada tecnología o los tiempos de implementación. Pero también otros elementos “no técnicos que a menudo son olvidados o puestos en un segundo plano ante la urgencia y necesidad de más energías renovables”, relacionados con las características culturales y socioeconómicas de cada territorio, el respeto al medio ambiente y la preservación de la biodiversidad. 

“Tener estas variables en cuenta e integrarlas en el propio proyecto es una ayuda inestimable para obtener aprobación social en los territorios de la España vaciada, donde se producirá la implantación masiva de instalaciones de energías renovables”.

El perfil de los proyectos escogidos en el estudio es diverso. Los hay de grandes promotores como Iberdrola, Enel (dueña de Endesa), Acciona o la estatal noruega Statkraft, y de otros desconocidos para el gran público. También hay variedad entre los complejos seleccionados, aunque predominan los que llevan ya muchos años en funcionamiento.

En un extremo está uno de los más recientes, una de las mayores plantas fotovoltaicas de Europa, el parque Talayuela Solar, de 300 megavatios (MW), de Statkraft, que esta adquirió a su promotora original, Solarcentury, en 2020 y ubicado en Talayuela (Cáceres). “Ha generado impactos positivos en diferentes ámbitos con carácter ambiental, económico y social tanto durante la construcción como en operación y mantenimiento gracias a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas” en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto ambiental.

Entre esas medidas está el uso de la ganadería extensiva para desbrozar el terreno o un convenio de colaboración público-privada “cuyo impacto se traduce en un elevado número de contrataciones locales, desarrollo de un plan de formación, inversión local, así como participación con diferentes agentes del territorio a través de la realización de patrocinios”.

En el otro extremo, por tamaño, está una pequeña instalación fotovoltaica de 2MW en Yecla (Murcia) montada por una sociedad limitada de 80 socios, particulares y pequeñas empresas de la zona que han decidido invertir en esta tecnología. Un proyecto pequeño y con reducido impacto medioambiental en el que “el recurso solar se reparte entre las familias y pymes locales, por lo que los beneficios socioeconómicos son para la zona en su totalidad”.

“Mínimo impacto”

El primer proyecto que selecciona el informe es un parque fotovoltaico de 57 MW que la madrileña Aurinka desarrolla en Belorado (Burgos). Tras un estudio preliminar de posibles ubicaciones en radios de 10 kilómetros, escogió “terrenos de mínimo impacto ambiental, agrícola y de máximo beneficio social”, siempre en contacto con las autoridades y grupos de interés locales. Entre otras iniciativas, “propone pagar algo por encima del mercado por el trigo a los agricultores cuyas tierras queden fuera del parque, siempre que se comprometan a no usar fitosanitarios. Así se promueve que anide avifauna como avutardas”.

También está por desarrollar el proyecto fotovoltaico Cordovilla (150 MW) que la británica Esparity Solar está tramitando en Ibargoiti (Navarra). Con un “nulo” impacto visual por la ubicación elegida, según el estudio, para minimizar su impacto ambiental se han tomado “multitud de medidas compensatorias” de protección de la biodiversidad, en especial, poblaciones de quebrantahuesos.

De los parques fotovoltaicos Las Corchas y Los Naranjos de Enel en Carmona y La Rinconada (Sevilla), con 100 MW, se destacan las iniciativas de impulso al sector primario o terciario ligadas al proyecto que generan más actividad económica y empleo en la zona, como un proyecto pionero de hibridación de apicultura y energías renovables. Y del complejo Minglanilla (Cuenca), también de la dueña de Endesa, con 100 MW y recientemente conectado, se destaca cómo ha logrado un uso del suelo compartido con el cultivo de azafrán y el pastoreo, las medidas de sensibilización de la población local y la promoción de medidas sostenibles.

En eólica, el primer caso que se destaca es el de Muras (611 habitantes), municipio lucense que alberga en su término 20 parques eólicos desarrollados entre 1995 y 2009 por diversas empresas del sector que suman 432 MW.

Allí las autoridades locales lograron “reconducir una situación desfavorable”, con “prácticas de dudosa ética en los momentos iniciales de los proyectos”, como la venta de terrenos “a precios ínfimos” y amenazas de expropiación. La implicación del ayuntamiento y la puesta en marcha de ayudas directas (al pago de la factura de la luz condicionadas al nivel de renta, a la natalidad, mejora de infraestructuras...) han permitido impulsar el desarrollo económico y social de la zona y fijar población.

Otro ejemplo es el de los parques eólicos de Acciona en Falces (Navarra), con unos 106 MW. El consistorio local ha utilizado los ingresos adicionales que generan (un tercio del total de su presupuesto) en construir un centro cívico, tiendas de primera necesidad y restaurantes. 

O las iniciativas que ha permitido desarrollar el complejo de Iberdrola en Higueruela (Albacete), de 161 MW, en su momento, uno de los mayores del mundo. El ayuntamiento vio allí incrementado su presupuesto un 40% desde su construcción. Ha invertido los fondos recibidos en construir una residencia de mayores, abrir un comedor escolar, proporcionar transporte diario gratuito para estudiantes de bachillerato y universidad hasta Albacete, abrir una ludoteca, una escuela infantil y construir un polideportivo.

Licencia “social”

Como señalan los autores del estudio, “la avalancha de proyectos que sobrevuela el territorio habrá de tener, además de licencia administrativa, también licencia ambiental y social”.

En muchos lugares, los macroproyectos están ocasionando mucha tensión social, “rompiendo la convivencia entre vecinos e incrementando la polarización en los territorios afectados. Ante la existencia de conflictos, es preciso establecer un mecanismo de búsqueda de alternativas factibles mediante el diálogo con la población local y procesos de mediación. Además, se favorecería la implantación de propuestas que estén en consonancia con los valores ambientales, sociales y culturales de los territorios”.

“Las energías renovables deben ser un elemento de progreso y no generar una pérdida de valor en las actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la gestión forestal o el turismo. Debe haber también mayor comunicación y colaboración activa entre los promotores y los agentes implicados, así como mecanismos de asesoramiento que apoyen a los municipios en lo relativo a la gestión de las ayudas, de los impuestos recaudados o su participación activa en el proyecto”. 

El actual plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC), que el Gobierno va a revisar al alza, contempla tener instalados en el año 2030 un total de 50,3 GW de eólica, frente a los 29,7 GW actuales, y 39,2 GW de fotovoltaica, frente a los actuales 18,5 GW. A ello se sumarían otros 14 GW de autoconsumo fotovoltaico, según las previsiones más optimistas del Gobierno, que “es muy probable que se superen”, según el estudio, aunque esta tecnología estaría “muy lejos” de cubrir la potencia fotovoltaica necesaria para cumplir los objetivos que España ha comprometido con la UE.