La ley hipotecaria de De Guindos sigue su curso tras rechazarse la enmienda a la totalidad de Unidos Podemos

La nueva ley hipotecaria, que podría ser el último proyecto aprobado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, antes de irse al BCE, seguirá su curso parlamentario tras rechazar el Congreso la enmienda a la totalidad presentada por Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea. La Cámara ha admitido a trámite el proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, una norma emanada de Europa que llega un año tarde y cuyo retraso cuesta a los españoles algo más de 100.000 euros al día hasta que se apruebe.

Los argumentos esgrimidos por el PSOE y Ciudadanos para hurtar su voto al texto alternativo han sido que no están completamente de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, pero tampoco con la que ha defendido el diputado de la formación morada, Rafa Mayoral.

Por parte del Gobierno, Luis de Guindos ha asegurado que la nueva ley hipotecaria servirá para elevar la protección de los consumidores y de los más vulnerables ya que se complementa con las nuevas normas sobre suspensión de lanzamientos. Ha incidido en que se abaratan las comisiones por cancelación anticipada, se reducen las comisiones por conversión de préstamos de tipo variable a fijo y éstas desaparecen a partir del cuarto año de la hipoteca para todos los contratos ya en vigor, además de que se refuerza el control sancionador para notarios y registradores.

“El Gobierno ha ido mas allá por la relevancia social de la vivienda y por las implicaciones que tiene el contrato más importante que firman los ciudadanos a lo largo de su vida”, ha argumentado el ministro, informa Efe.

La norma establece sobre las cláusulas de vencimiento anticipado de los préstamos que durante la primera mitad de la vida del préstamo tendrá que haber nueve cuotas impagadas o el equivalente al 2% del capital prestado y durante la segunda mitad de la vida del préstamo, serán necesarias doce cuotas impagadas o el 4% del capital prestado.

Además se establecerá un contrato hipotecario tipo al que se podrán acoger las partes si lo ven oportuno y los bancos tendrán la obligación de hacer una ficha de advertencia estandarizada que informe sobre cláusulas “sensibles” y sobre las cuotas a pagar según la potencial evolución del tipo de interés, en caso de ser variable.

También se prohíbe a la entidades la venta de productos vinculados a las hipotecas como los seguros de vida y la posibilidad de que el consumidor pueda solicitar en cualquier momento de la vida del préstamo la conversión -en euros o en la divisa en la que percibe la mayoría de los ingresos-, del crédito en moneda extranjera, con lo que se eliminan los problemas planteados por las hipotecas llamadas multidivisas.

La propuesta de Unidos Podemos

El diputado de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea Rafa Mayoral ha recalcado que los ciudadanos tienen “derecho a saber a quién le dan el dinero”, algo que se dificulta con esta nueva ley, que contempla la existencia de fondos de titulización hipotecaria.

Además, a su juicio otorgar a los notarios el papel de garantes de que la persona que firma una hipoteca ha entendido en su totalidad cada una de sus claúsulas no es sino un modo de blindar a las entidades frente a futuras demandas del consumidor que haya podido sufrir abusos.

Unidos Podemos considera que el Estado debe tomar partido por la parte más débil del contrato, en este caso el hipotecado, tal y como ha sido mandatado en diversas sentencias de los tribunales europeos.

A su juicio, deben ser las entidades financieras las que se hagan responsables de los parámetros de solvencia de los tomadores del crédito. Para Unidos Podemos, si los bancos no cumplieran este precepto y se emitiera un contrato sin cumplirlo, se podría declarar su nulidad y sancionar a la entidad, que incluso podría perder el derecho a conceder créditos hipotecarios.

Sólo han apoyado la enmienda ERC, Compromís y Bildu

En su toma de posición, el portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha defendido que el texto de Unidos Podemos no resuelve las carencias del proyecto de ley del Gobierno e incluso desproteje más al consumidor. También ha hecho hincapié en que tampoco menciona la dación en pago. Además, ha pedido que la norma incluya una autoridad independiente de defensa del consumidor financiero para poner sanciones.

Para el diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez la enmienda a la totalidad “no es sensata ni realista”, pero también ha criticado el proyecto de ley porque no aclara el problema de las tasaciones o la regulación de los intereses de demora.

Ha reclamado una ley que proteja y garantice los derechos de los consumidores de las malas prácticas bancarias y ha anunciado que Ciudadanos presentará bastantes enmiendas a esta norma, informa Efe.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha argumentado su voto en contra porque la “atribución de culpas” en la crisis financiera es de todos los operadores del sector y no sólo de la mala praxis de los bancos.

Ferrán Bel, del PDeCAT ha lamentado que esta iniciativa “llega con retraso” y ha explicado que no apoyan la enmienda de Podemos porque “técnicamente es mejorable” y también porque no les consultaron su contenido antes de presentarla.

Ester Capella, de ERC, ha apoyado la ley alternativa de Unidos Podemos porque “pone encima de la mesa” una visión global de la vivienda y la demanda social de un parque público de alquiler al tiempo que aclara mejor los derechos de los prestatarios, mientras que la ley del Gobierno “sólo beneficia a las entidades bancarias”.

El diputado de Compromís Joan Baldoví ha apoyado la enmienda a la totalidad y ha acusado al Gobierno de “postureo” y “farsa” en sus diferencias con Ciudadanos, pues “se dicen de todo”, pero luego se ponen de acuerdo para “impedir” que se aprueben leyes como esta, que van en interés de la gente.