Víctimas de grandes accidentes de transporte denuncian los pactos para pagar la menor indemnización

Coincidiendo con el primer aniversario este jueves del siniestro del tren veloz Alvia en las proximidades de la estación de Santiago de Compostela con el resultado de 79 muertos, la Red de Victimas Españolas (REVES) multiplica su actividad. La asociación, lanzada el 17 de mayo, denuncia lo que califica de “estrategia de intereses comunes” entre las empresas aseguradoras y la Administración en el tratamiento de las consecuencias de los grandes accidentes de transporte ocurridos en España en la última década. El objetivo: “Minimizar el impacto sobre su imagen y sus cuentas de resultados”.

Según el manifiesto elaborado por la Red, esa estrategia común tiene un guión de actuación muy preciso que se cumple en todos los casos: “Ciérrese la jurisdicción penal para evitar imputaciones y responsabilidades, y en la vía civil que sea la compañía aseguradora la que pague la menor indemnización posible”.

En la Red de Víctimas Españolas se integran damnificados de los grandes accidentes colectivos que se han producido en los últimos años en España: las asociaciones creadas a raíz del accidente de Spanair en Barajas, de agosto de 2008; del Metro de Valencia, en julio de 2006; las víctimas del Alvia-Santiago, en julio de 2013; del Yak-42 en mayo 2003; y del Madrid-Arena de noviembre de 2012.

La Red ha elaborado un manifiesto que justifica la unión de las víctimas porque “la respuesta que las diferentes administraciones y gobiernos del Estado español dan ante una tragedia está más encaminada a proteger a los responsables de estos sucesos que a defender los derechos de los damnificados”.

La asociación pone de manifiesto que la actuación coordinada de responsables públicos y empresas privadas ocurre en todos los grandes accidentes y se implementa “desde el minuto siguiente en que se ha producido la tragedia”. “Lo primero es la foto e imagen de nuestros responsables políticos para que la sociedad tenga en su cabeza que están con las víctimas. De inmediato llega el olvido, hasta que pasados los años alguien determine si ha habido algún responsable y que indemnizaciones corresponden”, aseguran.

Uso de los vídeos

La presidenta de REVES, Pilar Vera, en declaraciones a eldiario.es, recuerda que tanto en el caso de Spanair y del Metro de Valencia, como del Alvia, los responsables del Ministerio del Fomento y de la Generalitat acudieron enseguida al lugar de los hechos e hicieron grandes promesas a las víctimas. Coincidiendo con las “declaraciones grandilocuentes”, explica el argumentario de REVES, “de manera oculta y poco transparente se activan los mecanismos de las Administraciones públicas, empresas responsables y compañías aseguradoras para intentar paliar los efectos del siniestro” de las que muchas veces “son responsables directos”.

Vera indica que incluso antes de que hayan terminado de actuar los servicios de emergencia, llegan al lugar de la tragedia quienes califica de “enterradores” y cuya función es “controlar” las circunstancias del accidente que “después pudieran ser determinantes en la apertura y la sentencia de una causa penal”.

Para la presidenta de REVES, es revelador el uso que se hizo de los vídeos de las cámaras de seguridad en los casos del avión de Spanair y del tren Alvia. “Aena y Adif, dos empresas de Fomento, controlaban esas grabaciones que fueron difundidas en pocas horas. ¿A quién le interesaba que se conocieran?”, se pregunta.

Junto a estos vídeos, los medios recogieron las declaraciones de “autoinculpación en caliente” del conductor del Alvia y se filtraron las conversaciones en cabina de los pilotos del avión de Spanair. El objetivo, afirma Vera, era “desviar la atención de cualquier responsabilidad de las Administraciones implicadas que pudiera haberse producido”.

Comisiones oficiales de investigación

La presidenta de REVES señala que el siguiente paso en el curso de las actuaciones ante los grandes accidentes lo dan las comisiones oficiales de investigación que “dependen directamente de los ministerios y gobiernos responsables de poner los medios para evitar que se produzcan estas tragedias”. Son las encargadas de elaborar “el análisis pericial oficial”.

Vera recuerda que en el caso del avión de Spanair, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil “aceptó como bueno que el certificado aéreo de navegabilidad del avión siniestrado se hubiera ‘prorrogado’, cuando la figura de la prórroga no existe en el mantenimiento de la aviación comercial. Aquel aparato tenía que haber sido sometido a una gran parada antes de que pudiera seguir volando”. En el informe emitido se echaba la toda la culpa a los pilotos que murieron en el siniestro.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, indica Vera, “pasó de puntillas” en el caso Alvia por las deficiencias de la señalización en el conjunto de la línea entre Orense y Santiago y, muy en particular, en la curva del siniestro. “Consideró que el maquinista era el culpable de la catástrofe por exceso de velocidad, y negligencia por atender a una llamada de teléfono”, dice.

En el siniestro del Metro de Valencia “no se molestaron siquiera en realizar una investigación oficial”, concluye Vera.

Procesos penales

La presidenta de REVES recuerda que un juez “solo pueden abrir un proceso penal si existe algún presunto culpable vivo”. Se da el caso de que en el siniestro de Spanair y en el del Metro de Valencia murieron los pilotos y el conductor. En Valencia la jueza encargada de la instrucción penal cerró el procedimiento por falta de un procesado vivo, aunque después ha tenido que reabrirlo.

En el siniestro de Spanair se llegó a la vista oral porque se inculpó a dos técnicos de mantenimiento, pero finalmente “quedó en nada porque se declaró la inocencia de ambos”.

Vera asegura que el objetivo principal de la estrategia común de aseguradoras y Administración es evitar la apertura de un juicio penal: “Si se determina la responsabilidad penal de un culpable vivo se abre la posibilidad de que las víctimas exijan indemnizaciones por la responsabilidad civil. En caso contrario solo existe la compensación por la vía del seguro obligatorio”.

A lo largo del año transcurrido desde el siniestro del Alvia se mantiene al maquinista del tren como inculpado, mientras se dirime una dura purga en torno a la imputación de varios directivos de Adif, recuerda Pilar Vera.

Opacidad

REVES afirma que administraciones, organismos públicos, empresas responsables y compañías aseguradoras ponen todos los medios a su alcance para evitar que prospere el procedimiento penal. “Se vuelven opacos y hermetizan toda la información para que no salga en ningún momento al exterior siguiendo directrices de sus representaciones letradas. Al dominar la información, domina el proceso judicial y técnico y por tanto su actuación de defensa consiste en facilitar lo menos posible la investigación que realice el magistrado instructor”, señalan.

Las víctimas, por su parte, “carecen de los medios económicos suficientes como para poder medirse en igualdad de condiciones en una guerra judicial con los mismos recursos”, indica el argumentario.

Si finalmente logran cegar la vía penal, las compensaciones a los damnificados quedan supeditadas a lo que ocurra en los procedimientos administrativos. Y eso ya es tarea encomendada a las aseguradoras, afirma Pilar Vera. La presidenta de REVES concluye que “resulta mucho más barato indemnizar a las víctimas que cambiar los sistemas de inspección, prevención y explotación del transporte para hacerlos más seguros, máxime si se tiene en cuenta que, al final, y en la vía de lo civil, las indemnizaciones suelen ser las mínimas posibles”.