Cara a cara entre el Gobierno y Madrid tras pedir un 155 por la vivienda: de una ley “nefasta” a la “alfombra roja a los fondos”

Si hay algo en lo que el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid están de acuerdo en materia de vivienda es que no están de acuerdo en casi nada. Las discrepancias se han hecho más evidentes que nunca esta semana, cuando la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, afirmó que le “encantaría” declarar un 155 en la región madrileña. Que lo haría, “si tuviera mayoría en el Senado”. Este jueves, Rodríguez y el consejero Jorge Rodrigo coincidían en la visita a una de las promociones del Plan Vive regional. Aunque el tono trató de parecer cordial, el encuentro, que prometía ser de alto voltaje, no estuvo exento de pullas y reproches.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calentaba la jornada desde la Asamblea: “Ese 155 que quieren aplicarle a Madrid tiene muy mala rima para ustedes”. En Aranjuez, con chaleco reflectante y casco de obra, las comitivas de la Consejería y el Ministerio de Vivienda reconocían la construcción de unas 400 viviendas. Por protocolo, Rodrigo tomó primero la palabra. “No es la primera vez que la ministra visita una promoción del Plan Vive de la Comunidad”, comenzaba. A su juicio, este es un reconocimiento implícito de que en Madrid “hay una forma de hacer las cosas que funciona”.

“Supone un respaldo a nuestro modelo”, afirmó el consejero, antes de pedir “coherencia”. “No se puede pedir un día la intervención con el artículo 155 de Madrid y de las políticas de vivienda y, al día siguiente, visitar nuestras promociones de vivienda asequible. Frente a este tipo de modelos intervencionistas, que acaban reduciendo la oferta disponible y encareciendo el acceso, Madrid apuesta por crecer, por generar más viviendas, por construir más y por hacerlo mejor, creando un marco estable que atraiga inversión”, desarrolló. “Frente a la confrontación permanente y los titulares desmedidos”, dijo el consejero de Ayuso, “nosotros respondemos con hechos y esta es la región que más vivienda protegida construye”.

Pero Isabel Rodríguez, lejos de refrendar el modelo del Plan Vive, llamó a una “revisión y mejora”. “Hay que mejorar su asequibilidad”, para que no haya que “destinar más del 30% de la renta a los gastos de la vivienda” y “agilizar” la manera en la que se ponen a disposición de la ciudadanía, “para que no se produzca la paradoja de que haya más rechazos que adscripciones”, recordó.

Hasta el 9 de enero de 2025, la Comunidad había registrado 1.170 renuncias, sobre un total de 5.175 pisos terminados, de los que 242 continuaban vacíos, según datos oficiales recabados por la Cadena SER a través de la Ley de Transparencia. Mientras vecinos de diversas promociones, como las de Getafe o Tres Cantos, denuncian desperfectos en lo que llaman el Plan Sobrevive, con alquileres que alcanzan los 1.000 euros al mes.

El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ya había acusado el día antes a la ministra de Vivienda de haberse “acoplado” a las visitas institucionales, citando la que se produjo este mismo jueves en Aranjuez. El acto había sido convocado por el propio Ministerio que, según fuentes cercanas, había invitado al consejero madrileño. De hecho, el Ejecutivo central invirtió en esta promoción más de 16 millones de euros de fondos europeos, el 25% del total, los promotores privados afrontan el otro 75%, mientras el gobierno autonómico cede el suelo.

“Los fondos europeos no llovieron de un día para otro. Se los curró el presidente del Gobierno”, recordó Rodríguez. Frente al consejero madrileño, enumeró las inversiones que el Ejecutivo viene realizando desde 2018 para vivienda en la región. Son, según sus cuentas, 2.508 millones de euros y 75.800 viviendas movilizadas, unas 17.000 de nueva construcción y 58.000 rehabilitadas.

Rodríguez no evita ya el choque directo con la Comunidad de Madrid, a quien lleva meses reclamando que declare zonas tensionadas. “Cuando, con argumentos jurídicos y políticos, manifiesto mis prioridades en política de vivienda, no estoy ofendiendo a nadie”, se justificó. Pero el mensaje es claro: “Evitar la especulación no solamente es un mandato constitucional, sino que forma parte del sentido común de la inmensa mayoría de españoles y españolas”.

La ministra enumeró, una a una, todas aquellas cuestiones en las que no puede “estar de acuerdo” con la Comunidad de Madrid. Que Ayuso se niegue a “congelar los precios del alquiler”, declarando zonas tensionadas. Que se llame a que inversores extranjeros compren “las ciudades y los barrios enteros”. Que no se persiga el fraude en los alquileres de temporada o los pisos turísticos. O que no se blinde a perpetuidad la vivienda pública. “No se le pueden poner alfombras rojas a los fondos buitre. Yo se las pongo a los promotores y constructores que están con nosotros en la construcción de vivienda pública y asequible”, afirmó.

“Aquí es donde discrepamos, consejero”, interpeló la ministra tras la retahíla. “Muchísimo”, concedió él.

Al margen de lo que supone de declaración política, fuentes ministeriales defienden la apelación al artículo 155 de la Constitución, que da competencias al Gobierno central para tomar el control de una comunidad autónoma, si esta “no cumpliere con las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”.

“Sus políticas, así como sus declaraciones públicas cuestionan que [Ayuso] vele por el interés general en su actuación como gobernante. Por un lado, deja completamente desatendidos a quienes precisan de medidas que promuevan el acceso a la vivienda y, por otro, se jacta de proteger los intereses de una élite, lo que es incompatible con velar por el interés general”, afirman estas voces.

Los principales caballos de batalla son el blindaje permanente de las viviendas públicas, al que se niega la Comunidad y al que el Gobierno ha condicionado los fondos del próximo Plan Estatal, que prevé una inversión de 1.113 millones de euros en la región, y la declaración de zonas tensionadas para topar los precios del alquiler. “Ya le digo que no”, respondió Rodrigo sobre si Aranjuez podría ser declarada como tal, “lo hemos manifestado desde el principio de esta legislatura, desde que aprobó lo que consideramos una nefasta Ley de Vivienda. No vamos a declarar zonas tensionadas porque estamos viendo que no funcionan”.

A su lado, Rodríguez negaba con la cabeza. En Barcelona, una de las primeras ciudades en declarar zonas tensionadas, los precios del alquiler han bajado un 4,9% y hay 1.551 contratos firmados más, según los datos del alcalde Jaume Collboni. En los municipios navarros que se acogieron a esta medida, las rentas cayeron un 8,6% en seis meses. Y en Coruña, el precio medio de los contratos pasó de los 735 euros de enero a julio a los 712 de agosto a diciembre, tras la declaración de zona tensionada, mientras “lidera en Galicia la firma de contratos”, según los datos oficiales del Observatorio de Vivienda.