Los concursos públicos a los que se presenta una sola empresa baten récords y ya superan el 40%

Los concursos públicos a los que se presentó un único licitador batieron récords en 2022. El importe de los contratos públicos en los que no hubo ninguna concurrencia se disparó el pasado ejercicio más de un 60%, hasta rozar los 18.000 millones de euros. Esta situación se dio en más del 40% de los contratos y lotes adjudicados por el conjunto de administraciones españolas el pasado ejercicio.

Son datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación pública (OIReScon), que en su análisis, y para no distorsionar la comparación, no tiene en cuenta los contratos adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, que suelen utilizarse por la exclusividad del servicio o bien que se necesita. Tampoco incluye los contratos menores, que quedan fuera de su escrutinio.

El organismo acaba de publicar un boletín trimestral que recoge un fortísimo aumento, del 60,43%, en las adjudicaciones en las que se presentó una sola empresa (aunque también pueden optar a esos contratos personas físicas). Con ello, el número medio de licitadores cayó un 21%, hasta 3,19, el valor más bajo en la serie que ofrece OIReScon. En 2021 fueron 4,04, en 2020 la media fue de 3,93 y en 2019, de 4,06.

El análisis de OIReScon, orgánicamente adscrita al Ministerio de Hacienda, es solo cuantitativo. Pero el número de competidores por cada contrato público es un indicador obvio para evaluar la competencia en esta actividad. Como recordaba en una reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados la presidenta del organismo que fiscaliza la contratación pública, María Luisa Araújo, “es fácil concluir que la mayor concurrencia afecta, sin duda, al precio final del contrato”. A menos competidores, en principio, más riesgo de sobrecostes para el erario público.

2022 batió récords en el número de procedimientos sin competencia y en el importe adjudicado con esta situación, según el visor de cifras de la contratación pública que OIReScon actualiza trimestralmente. La entidad vuelca en esta herramienta la información que procesa tras el análisis masivo de los datos abiertos de la plataforma de Contratación del Estado y de sus equivalentes autonómicas.

El porcentaje de lotes y contratos de todas las Administraciones (estatal, autonómica y local) con un único licitador superó en 2022 por primera vez el 40% del total, con casi 73.000 adjudicaciones. Es un 28,8% más con respecto a las cerca de 56.500 de un año antes, cuando hubo un 34,5% de contratos sin competencia. 

En 2022, esta situación fue especialmente frecuente en las licitaciones de las comunidades autónomas: hubo un solo licitador en el 43,29% de los casos. En las del Estado la media fue del 41,77%. En las entidades locales rozó el 37%. Son los porcentajes más altos desde que la entidad publica este dato.

Si se atiende al importe de los contratos, en 2022 se adjudicaron 17.920,3 millones de euros en licitaciones a las que solo se presentó una empresa. Eso arroja el citado incremento del 60,43% con respecto a los 11.170 millones de 2021. 

En este caso, hubo solo un licitador en el 26,9% del importe total adjudicado, muy por encima del 20% de 2021 y, de nuevo, el porcentaje más alto en la serie. Destaca el peso del Estado. Se encontró con que solo había un licitador en un 27,76% del importe total de los contratos que adjudicó en 2022 (5.661 millones).

Sin más datos que los que publica la entidad en bruto es difícil extraer conclusiones, y la OIReScon tendrá que analizar esta información en los Informes Anuales de Supervisión o en otros que específicamente publique, según fuentes de la entidad, que descartan que, en principio, pueda “establecerse una relación entre el aumento de adjudicaciones con licitador único y el reparto de fondos europeos”. “Dicho incremento cabría justificarse más bien en otras razones derivadas de la situación económica general en la que nos encontramos”, explican desde la oficina.

Manuel J. García Rodríguez, experto en Contratación Pública por la Universidad de Oviedo que ha desvelado numerosos casos de concursos que incluían al nombre de los ganadores en los pliegos, señala que “la poca concurrencia es un problema que tienen identificado todos los estudiosos del tema” y es “multifactorial”.

Entre las razones, apunta el momento en que sale la licitación (pone el caso de concursos que se publican en pleno agosto), que haya poco plazo para que las empresas evalúen los pliegos o presenten oferta, o la falta de personal en algunas administraciones.

“A primera vista parece que hay una concentración excesiva del mercado”, señala por su parte Francisco Marcos, Of Counsel en CCS Abogados y ex director general del Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid. Un especialista en contratación pública, que pide el anonimato, señala tres elementos que podrían estar detrás: contratos “a medida de un licitador; error de quien redacta los pliegos al exigir requisitos de solvencia exagerados y escasez de empresas tras la crisis”.

El último informe anual de OIReScon, con datos de 2021, apuntaba que “por término medio, hay una mayor existencia de un único licitador en contratos de menor importe de adjudicación”. Ese año, y atendiendo al importe adjudicado, el autonómico fue con amplia diferencia el sector público en el que más se dio esa situación (27,6%), seguido del Estatal (18,8%) y del Local (14,5%). 

“Respecto al número de lotes adjudicados, es el Sector estatal el que cuenta con un mayor porcentaje de licitaciones con un único licitador (40,74%), seguido de cerca por el Sector Público Autonómico (37,29%)”, apuntaba ese informe.

Por número de contratos adjudicados, en 2021 destacaban seis sectores: Correos y telecomunicaciones (65,5% de los lotes y contratos), Inmobiliaria (65,3%), Hostelería y restauración (54,4%), Finanzas y seguros (54,2%), Equipo de laboratorio, óptico y de precisión, excepto gafas (52%) y Salud y asistencia social (50,3%).

En cualquier caso, es una práctica común. Basta un vistazo al BOE para comprobarlo. Este viernes, había cinco ejemplos de esta casuística, contratos por procedimiento abierto del Ministerio de Defensa, la Agencia Tributaria, de Interior para la Policía Nacional o de la Seguridad Social.

Como apunta el experto Manuel J. García Rodríguez, “hay sectores más oligopólicos y otros con alta competencia”, entre los que destaca la construcción, donde “tradicionalmente ha habido bastantes participantes”.

Sin embargo, este sector ha sido recurrente en los últimos años al incurrir en prácticas contrarias a la libre competencia, si se atiende a las sucesivas sanciones que ha impuesto la CNMC a las grandes constructoras españolas. Entre ellas, Ferrovial, últimamente en el centro de la polémica por su anunciada mudanza a Países Bajos.

3.600 millones de ahorro

García Rodríguez estima que “si hubiese un participante más en cada licitación en 2022, se ahorrarían 3.600 millones de euros de las Administraciones Públicas españolas”. Este experto recuerda que varios estudios demuestran que “por cada participante adicional, el importe de adjudicación baja un 2% respecto al de licitación”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apuntó en 2019 un ahorro todavía mayor: “cada licitador adicional reduce el precio final de la licitación en un 3,9% de media”, decía, basándose en un estudio realizado en Turquía. 

Este organismo recordaba que “la competencia incentiva a los licitadores a ajustar el precio de sus ofertas, a aumentar la calidad ofrecida de bienes y servicios y a presentar mayor variedad de ofertas. Optimiza el uso de los fondos públicos y beneficia tanto a la Administración contratante como a los ciudadanos. Unas condiciones de competencia deficientes pueden derivar en un innecesario desaprovechamiento de recursos públicos, siempre escasos y costosos, en un incremento del riesgo de colusión entre empresas y en problemas de corrupción”. 

Solo en 2021, las denuncias por posibles amaños de concursos públicos se dispararon un 80% y hubo récord de denuncias por presunta corrupción en licitaciones, según los datos que recopila la OIReScon.

La existencia de un único licitador es uno de los indicadores que maneja la Comisión Europea al analizar el funcionamiento de la contratación pública en la UE en el denominado Single Market Scoreboard. En la última edición (2021), era uno de los aspectos a mejorar por España junto a, entre otros, la participación de las pymes en los contratos públicos, que en 2020 alcanzaba el 45% de los procedimientos, muy por debajo de la media europea (61%).

España también suspendió en lo relativo a las ofertas con un solo competidor, con un peso del 27%, superior al 25% de media en la UE y al 10% de Suecia, el 19% de Francia o el 20% de Alemania y Portugal. No obstante, estaba por debajo del nivel de Italia (35%), Grecia, Chequia y Hungría (40%), Eslovenia (44%) y Polonia (50%).

Como señaló la CNMC a finales de 2020, cuando el organismo analizó las licitaciones publicadas en fuentes nacionales para el periodo 2012-2016 los datos eran aún peores: en un tercio de las licitaciones se presentaba un solo operador y en un 65% había “solo tres o menos operadores”.

La contratación pública tiene un notable peso en la economía. En España, supuso el 11,49% del PIB en 2021 y el 22,71% del total del gasto público, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La CNMC cifraba hace años su peso en hasta el 20% del PIB y advertía del amplio margen de mejora en este aspecto, especialmente crítico cuando se están repartiendo los multimillonarios fondos del Plan de Recuperación.

El organismo acaba de publicar una nueva guía para orientar a los empleados públicos sobre cómo mejorar esta actividad, dada su “gran relevancia para la economía española”.

Estrategia nacional

La OIReScon, que España tuvo que crear por exigencia de la UE y que tiene una plantilla de 25 personas para fiscalizar decenas de miles de contratos, finalmente aprobó a finales de 2022, al límite del plazo comprometido, una estrategia nacional de contratación pública que Bruselas llevaba años reclamando.

Esa estrategia, una de las reformas comprometidas por el Gobierno español en el Plan de Recuperación, pretende ser una hoja de ruta vinculante para las Administraciones públicas en materia de contratación pública para los próximos cuatro años.

Su objetivo es establecer medidas para combatir la corrupción e irregularidades administrativas en el ámbito de la contratación; incrementar la profesionalización de los operadores públicos; promover la eficiencia económica; generalizar el uso de la contratación electrónica; apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación, y promover la participación de las pymes en el mercado de la contratación pública.

Entre los aspectos pendientes está elaborar una Estrategia Nacional Antifraude, que España está redactando con apoyo de la OCDE y la UE y que debe abordar “de manera integral las cuatro fases del denominado ciclo antifraude (prevención, detección, investigación y recuperación/sanción)”.

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