Eléctricas europeas cargan contra el recorte al sector en España y piden que no se extienda a otros países de la UE

Los consejeros delegados de algunas grandes empresas europeas de servicios públicos, como Enel (dueña de Endesa), Orsted, Vattenfall y EDP, reclaman evitar intervenciones drásticas en el mercado con vistas a atajar la subida exponencial de los precios de la electricidad, como el recorte a las ganancias extraordinarias del sector que ha aprobado en España, según una carta que será enviada a los gobiernos de la UE esta semana y que ha publicado este miércoles 'Financial Times'.

La misiva se ha conocido en vísperas de que este miércoles la Comisión Europea presentase su esperada “caja de herramientas” o recomendaciones a los Estados miembros para responder a la crisis energética.

Bruselas se abre a compras centralizadas de gas y reservas estratégicas comunitarias, como había reclamado España, pero deja para más adelante la posibilidad de reformar el mercado mayorista eléctrico, tras la petición de un bloque de países encabezado por Madrid y París que han urgido a reformar el modelo marginalista, por el que todas las tecnologías de generación se benefician de la escalada del gas. Este combustible ha subido un 400% desde abril disparando los mercados mayoristas eléctricos europeos. El pool español va a superar este jueves la barrera de los 200 euros por megavatio/hora al situarse el precio medio en 215,63 euros.

La carta de ejecutivos de las eléctricas ha trascendido en vísperas de que este jueves el Congreso vote la convalidación del recorte aprobado en septiembre por el Gobierno a los denominados beneficios caídos del cielo de las compañías españolas por la subida del gas. En ella, más de 15 consejeros delegados de 'utilities' de la UE advierten a los estados miembros contra la adopción de lo que califican como “medidas políticas miopes” que, aseguran, pueden socavar la confianza del mercado y descarrilar la transición verde.

Aproximadamente 20 gobiernos de la UE han anunciado planes de emergencia para proteger a los consumidores de los crecientes costes, aunque únicamente España ha implementado un impuesto (“windfall tax”) a las ganancias de las compañías eléctricas. Según Kristian Ruby, secretario general de Eurelectric, responsable de organizar la carta, esa decisión contraviene la normativa europea.

“Si todos los estados miembros [toman medidas] como España, no hay duda de que ralentizará o incluso descarrilará la transición energética”, señaló el responsable del lobby eléctrico europeo.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, concluye este miércoles con los máximos responsables de Iberdrola y Naturgy la ronda de encuentros que inició la semana pasada con los ejecutivos de las eléctricas españolas en vísperas de la convalidación del decreto.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en el Congreso que el Gobierno trabaja con la industria y las eléctricas para “aclarar y precisar lo que haga falta” de la norma que se vota este jueves en el Congreso, con el fin de “asegurar” que estas no elevan su factura a la industria y también para facilitar nuevos contratos “a precios asequibles”.

“En eso es en lo que está el Gobierno trabajando, con las empresas eléctricas y con la industria: aclarar y precisar lo que haga falta del decreto 17/2021”, ha dicho Sánchez, ante un aviso del PNV que le ha dicho que se juega su futuro.