Las eléctricas utilizan la decisión sobre Garoña para aumentar la presión contra el Gobierno
Una manzana envenenada. Esto es en realidad el sorprendente anuncio que hizo este lunes el presidente de Endesa, Borja Prado, al asegurar que ya han decidido solicitar la reapertura de la central nuclear de Garoña. La central, que se ha usado en los últimos años como arma arrojadiza electoral, tenía hasta el 6 de julio para pedir la reapertura o se perdía para siempre la posibilidad de que volviera a funcionar.
Pese a que el Ejecutivo ha puesto en bandeja reabrir la planta a las propietarias, Endesa e Iberdrola, las pésimas relaciones de las dos grandes eléctricas con Industria, frenaban los deseos del ministro José Manuel Soria. Sin embargo, las eléctricas han logrado convertir el anuncio de la reapertura en un elemento más de presión contra las intenciones del Ejecutivo de meter mano en su negocio.
La posición de Endesa es que la autorización para reabrir la planta se pide “solo en las condiciones actuales del mercado mayorista”. Esto quiere decir que si durante el proceso de reapertura -que puede tardar lo que queda de legislatura- el PP modifica la retribución que se paga a las instalaciones generadoras (no necesariamente a las nucleares, sino a todas las que producen electricidad), Nuclenor (propiedad de Endesa e Iberdrola) se echaría atrás y dejaría al Gobierno plantado con su autorización para reabrir la central. En definitiva, si en los próximos meses, el Ejecutivo lima los beneficios de las eléctricas, Garoña se quedará cerrada.
El escenario, políticamente, es aún más inestable que el actual. Si el Ejecutivo toma como bandera electoral, para estas o las próximas elecciones, la reapertura de Garoña, se deberá cuidar muy mucho de no molestar a las eléctricas con su anunciada (pero aún no concretada) reforma del mercado mayorista al que también se conoce como pool. Esta reforma sería el siguiente paso en la reordenación del mercado de la energía que quiere hacer el Ejecutivo y que le está suponiendo una guerra abierta con las grandes compañías.
Así, podría darse el caso de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) autorizara la reapertura una vez acometidas las inversiones necesarias y que Nuclenor dijera entonces que ya no le interesa. El revés para el Gobierno sería monumental.
También se puede dar la circunstancia de que el CSN se alargue tanto en emitir su informe -ahora mismo los técnicos del consejo tienen una sobrecarga de trabajo- que el resultado se conociera ya en la próxima legislatura. Si el Partido Popular continuara en el poder, las variables serían similares a las actuales. Pero si el PSOE vuelve a Moncloa, es prácticamente seguro que no autorizará la reapertura de la central, ya que el Gobierno tiene la última palabra. En el fondo, le quitaría el marrón a las eléctricas.
Inversión sin seguridad jurídica
La inversión mínima para abrir Garoña es de 150 millones de euros. Esta inversión se puede disparar si durante el proceso de reapertura el CSN dictamina que hay otras inversiones que acometer. En un voto particular emitido en el último informe sobre Garoña, la exministra Cristina Narbona calculaba que al menos se podría demorar en tres años la reapertura para que la empresa llevara a cabo todos los cambios necesarios.
Una de las inversiones más costosas a la que se podría enfrentar -en este momento no contemplada- sería la de sustituir la vasija de la central. En Bélgica, dos centrales con una vasija realizada por el mismo fabricante que la de Garoña han tenido que parar por haberse detectado grietas. La instalación de una vasija nueva podría elevar la factura al menos otros 500 millones de euros más.
A las eléctricas no le salen las cuentas y la única razón para solicitar la reapertura es que durante el proceso Garoña será un rehén ante las intenciones del Ejecutivo. Aunque la central está amortizada, cualquier inversión que se realice puede ser a fondo perdido ante la posibilidad de que otro Gobierno socialista haga cambios legislativos que la vuelvan a cerrar.
Se da la paradoja de que en estos momentos hay un exceso de capacidad instalada, razón principal por la que el Ejecutivo ha acometido el recorte a las primas de las renovables. Sin embargo, reabrir Garoña supondría tener 500 megavatios más de capacidad instalada al sistema. Como la energía nuclear entra siempre en el suministro de la electricidad, podría darse la circunstancia de que haya que excluir otra central de gas o ciclo combinado para que entre esta nueva energía al sistema, según apunta desde UNEF, la patronal fotovoltaica.
Sospechas de electoralismo
La diputada de ICV Laia Ortiz recuerda que las principales beneficiadas con los recortes a las renovables han sido, al fin y al cabo, estas grandes eléctricas ya que indirectamente han conseguido mejorar sus márgenes de beneficio que tienen con la energía nuclear y la hidráulica.
Ortiz quiere estudiar con detenimiento este anuncio de reapertura (que aún tiene que ser aprobado formalmente por el consejo de Nuclenor) antes de hacer una valoración formal, ya que teme que las implicaciones en la campaña electoral hayan sido las que han provocado este anuncio. “Tenemos que ver si es una escenificación más pero haremos preguntas por escrito en el Parlamento”, ha concluido la diputada.
El coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha asegurado que la petición de Nuclenor es la “confirmación de una estafa elaborada entre el Gobierno” y la empresa. “Lo llevan planificando desde hace meses”. Uralde recuerda que Endesa e Iberdrola pueden hacer la solicitud “porque el Ejecutivo ha cedido a la rebaja de impuestos”.
En línea con lo que teme Ortiz, López de Uralde cree que la fecha elegida por el presidente de Endesa para hacer el anuncio no es casual, “probablemente porque ahora no hay movilización mediática” alrededor de la nuclear de Garoña, una central “vieja y peligrosa”.
El que fue líder de Greenpeace en España también ha arremetido contra la intermediación del Gobierno y del rey en los negocios de las eléctricas en otros países. “Mientras se monta un conflicto internacional sobre Irán, se promueve el desarrollo de una industria nuclear en un país vecino”, asegura en relación al viaje del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y otros miembros del Gabinete de Rajoy a Arabia Saudí. “Si Soria quiere reindustrializar así España, vamos bien”, ha zanjado.
Precisamente, la coincidencia del anuncio de la reapertura con el viaje del rey, en el que las empresas españolas aspiran a cerrar contratos para abrir centrales nucleares, ha levantado las suspicacias en el sector sobre un posible acuerdo para elegir el momento del anuncio.
