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Escrivá propone subir un 30% lo que cotizan los salarios más altos y la pensión máxima a largo plazo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa

Laura Olías

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El Ministerio de la Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, propone subir un 30% lo que cotizan los salarios más altos a lo largo de los próximos 30 años, según fuentes de la negociación y ha adelantado El Periódico. La cifra no está cerrada aún, es todavía foco de negociación en el diálogo social sobre pensiones, con los sindicatos que reclaman un 'destope' mayor de esa cifra. Escrivá se plantea subir la pensión máxima en la misma proporción, pero eso no tendría aplicación en 30 años, sino más adelante, cuando se jubilen esos trabajadores que han cotizando más.

Además, el Ministerio también acepta modificar el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), como le pedían en Bruselas. Escrivá plantea mantener la cotización adicional de 0,6 puntos para las pensiones hasta el año 2050, en lugar de hacerlo hasta 2032 como se legisló de inicio.

La negociación sobre pensiones está avanzado de forma intensa en la actualidad, aunque con reuniones bilaterales y discretas, sin convocar formalmente la mesa de diálogo. Es el formato de discusión que se ha elegido en este último tramo de la reforma de pensiones más complejo, que incluye el aumento de lo que cotizan los salarios más altos, pero también la revisión de los años de cómputo para calcular la pensión.

Los cambios deben aprobarse antes de que finalice el año, por lo que el Gobierno va a optar finalmente por el real decreto ley, ha confirmado este jueves el ministro José Luis Escrivá. Este se justifica por la urgencia de cumplir con el hito del plan europeo de recuperación y porque incluirá algunas cuestiones pendientes urgentes en la regulación sobre artistas, ha explicado.

Subida del 30% ¿o más?

España es uno de los países de la UE donde menos cotizan los salarios más altos. Hay establecido un tope, la llamada “base máxima de cotización”, fijada en los 4.139 euros brutos al mes en 2022. Por encima de esta cantidad, el sueldo no cotiza a la Seguridad Social.

Gracias a este límite, hay unos “35.000 millones de euros” en salarios al año de los trabajadores mejor pagados que no contribuyen al sistema, responden desde el Ministerio de la Seguridad Social a consultas de este medio.

Así, el Ministerio de Escrivá plantea subir esa base máxima un 30%, según fuentes de la negociación, una cifra que los sindicatos aspiran a aumentar. Ese 30% adicional sería muy progresivo en las próximas décadas y adicional a la inflación, que ya avanzó el ministro que sería la base con la que se actualizaría la base máxima, al igual que las pensiones.

CCOO y UGT son más ambiciosos en este punto, al considerar que los trabajadores mejor pagados deben aportar como el resto de los trabajadores. Desde el 'destope' total de los salarios más altos a ese 30% de aumento hay bastante margen, donde sobresale la cifra del 50%. Desde la negociación se insiste en que esta cifra no está cerrada.

Dudas sobre si pactarán los empresarios

Y hay margen, además, porque aún no está claro que los empresarios vayan a entrar en este último pacto de pensiones. En tal caso, los sindicatos exigen al Gobierno que lleve más allá su planteamiento.

La patronal afronta una cierta parálisis en las negociaciones con el Gobierno y los sindicatos desde el verano, fruto de sus elecciones internas para reelegir a la directiva y al presidente de los empresarios, que se celebran la semana que viene. Todo indica que Antonio Garamendi saldrá revalidado en el cargo, aunque le ha surgido una candidatura alternativa desde la patronal catalana, la de Virginia Guinda, una muestra clara de las resistencias que enfrenta al actual líder de la CEOE.

En este contexto, en la patronal están actuando con mucha cautela, para no dar ningún paso en falso que pueda perjudicar a Garamendi en los comicios. Una vez pasado el proceso electoral, el 23 de noviembre, desde los sindicatos y el Gobierno esperan que se retome la normalidad en las mesas de negociación abiertas, pero hay dudas de que esto vaya a ocurrir. En el horizonte hay otro proceso electoral, el político, que algunas voces temen que afecte al diálogo social con menos acuerdos que refuercen la acción del Gobierno de coalición en la recta final de su mandato.

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