Las pymes se quejan de que el Gobierno y la banca continúan olvidándoles

Imaginarium es una de las empresas españolas que han optado por financiarse en el Mercado Alternativo Bursátil

Uno de los nuevos mantras del Gobierno de Mariano Rajoy pivota sobre la necesidad de una financiación alternativa para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que, hoy por hoy, les niega la banca. La situación de las pymes españolas respecto al resto de las europeas es comparativamente peor, algo que en términos técnicos se ha pasado a denominar "fragmentación del mercado de crédito". La última encuesta del BCE sobre condiciones de acceso de las pymes a la financiación muestra que el 47% de las pymes españolas declara que la predisposición de los bancos a financiar proyectos ha empeorado en los últimos seis meses, un porcentaje que sólo se repite en un país del euro: Grecia. Además, el 73% de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país declara que el tipo de interés que fijan los bancos ha aumentado, frente a un 39% en las pymes de la eurozona.

Además de escaso, el crédito financiero a las pymes es caro. Las pequeñas y medianas empresas españolas pagan intereses por los préstamos inferiores a un millón de euros 105 puntos básicos por encima de la media de la zona del euro, es decir, un 5,05% frente a un 4%. Por el contrario, las grandes empresas sólo pagan 35 puntos básicos más, un 2,8% frente a un 2,45% de la media de la zona euro, según recoge la última edición de los Cuadernos de Información Económica, de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

El equipo del presidente del Gobierno pretende zanjar esta situación con las medidas recogidas en el anteproyecto de Ley de Emprendedores, que a tenor de la opinión de los expertos es insuficiente. El texto introduce algunos estímulos a la financiación alternativa (la que no procede de las entidades financieras), como las facilidades para emitir bonos respaldados por créditos concedidos para la internacionalización o el fomento a saltar al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), un parqué para empresas relativamente pequeñas. En cuanto al apoyo fiscal, se premia la reinversión de los beneficios en empresas con un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros con una desgravación de hasta un 10% del beneficio que se reinvierta o las desgravaciones para los inversores privados.

En este sentido, el Gobierno quiere dar alas al llamado business angel, o inversor de proximidad, con un beneficio fiscal para inversiones de hasta 20.000 euros en empresas nuevas que contará con una deducción de hasta el 20% en la cuota estatal de IRPF, por lo que la deducción máxima será de 4.000 euros. Además, las plusvalías generadas en la venta de su participación en la sociedad estarán libres de cargas fiscales, si se reinvierten en otra empresa de reciente creación.

A juicio de las partes implicadas en la futura Ley, a este conjunto de medidas le faltan muchos detalles para que logre su objetivo. Jesús Terciado, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), reconoce que la tradición de inversión alternativa en España es escasa y, aunque considera imprescindible mejorar este aspecto de la economía nacional, ve “muy complicado que la inversión alternativa sustituya a la bancaria a corto plazo”.

Las intenciones del anteproyecto de ley de potenciar los business angels son tímidas, según los expertos. España concentra el mayor número de redes de estos inversores de proximidad en Europa con 64 redes, el 14% del total, pero los expertos reclaman más medidas. Juan Roure, presidente de la Asociación Española de Business Angels (AEBAN), recibe de buen grado la deducción del 20% en el IRPF estatal a las inversiones por 20.000 euros en empresas de reciente creación, pero reconoce que el incentivo “es minúsculo”.

“Esta medida, aunque nos parece mejor que nada, no promueve los business angels porque estos invierten más de 20.000 euros en los proyectos”, explica Roure, al tiempo que añade que “se corre el peligro de popularizar la inversión privada, una actividad que no es fácil, con lo que existe la posibilidad de que los inversores que no son profesionales corran riesgos excesivos”. Por lo tanto, Roure asegura que la ley debería ayudar al inversor profesional a través de la potenciación de las redes de business angels con medidas como mayores desgravaciones fiscales o formación en inversión profesional.

Miguel Ángel Bernal, del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) tiene una opinión muy similar acerca de potenciar la inversión a las pymes de forma colectiva, puesto que “es más eficaz”. Para conseguirlo, el Ejecutivo debería “conceder a las plataformas de business angels de una estructura, un estatus, que cuenten con gestores de esa potencial financiación”.

Sin apoyo a cooperativas

Hay colectivos aún más insatisfechos, como las cooperativas. Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) afirma que el anteproyecto de Ley recoge muchas medidas encaminadas a grandes empresas, como las referidas a las emisiones de bonos, cédulas, internacionalización del negocio, etcétera, por lo que es difícil que permita canalizar buena parte de la liquidez de los inversores hacia los negocios de menor tamaño.

Asimismo, Pedreño enfatiza que el concepto de emprendedor que describe este paquete de medidas se centra en los proyectos empresariales individuales y en las sociedades mercantiles, por lo que deja fuera a fórmulas como las cooperativas, que en la actualidad dan empleo a más de 200.000 personas, o a la economía social. Por estos motivos, han trasladado al Gobierno una batería de propuestas para que sean incluidas en el texto final de la Ley, que, de no ser atendidas obligarán a la asociación a “ir a la tramitación parlamentaria para que se acepten enmiendas a la ley”. Aunque Pedreño confía en que la sangre no va a llegar al río porque “el Gobierno se ha comprometido a analizar estas proposiciones, con un sesgo positivo”.

Entre las propuestas que va a presentar esta asociación se encuentran medidas que desarrollen la internacionalización de las cooperativas “y no sólo de las grandes empresas como sucede con el texto actual”, favorecer la cultura emprendedora y reforzar la financiación externa con instrumentos como los préstamos participativos y reforzar las sociedades de garantía recíproca (entidades que facilitan el crédito a las pymes mediante la prestación de avales).

Francisco Picó, profesor de la escuela de negocios Fundesem, percibe el texto como “ilusionante” pero apunta dos aspectos que podrían potenciar aún más la inversión y la creación de negocios: el primero, un mejor tratamiento de los dividendos derivados de la inversión, ya que considera que “no es lo mismo un inversor de bolsa que recibe dividendos de sus acciones que un inversor que apoya financieramente a una empresa aportando sus conocimientos empresariales”. En segundo lugar, cree necesaria la liberación de responsabilidades formales en las microempresas en sus primeras fases de funcionamiento para, después, “incorporarse al tráfico normal de una compañía”. De esta forma, el emprendedor puede dedicarse a poner en marcha su negocio y aplazar formalismos como la carga documental.

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22 de junio de 2013 - 20:34 h

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