La patronal eléctrica cree que la nueva regulación costará 4.000 millones de euros al sector
El presidente de la patronal de las grandes compañías eléctricas UNESA, Eduardo Montes, calcula que las medidas llevadas a cabo por el Gobierno para corregir el déficit de tarifa, la llamada reforma de la energía, supondrán 4.000 millones de euros menos para las empresas del sector eléctrico en el presente ejercicio. Ésta cifra proviene del recorte que se les aplica a las compañías sumada a los incrementos fiscales aprobadas por el Ejecutivo a principios de año.
El presidente de UNESA que representa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Eon España y Edp España, considera que las medidas son “decepcionantes” para ellos y el reparto de las cargas establecidas por el Gobierno para subsanar el déficit es “desequilibrada” lo que les llevará a la paralización de nuevas inversiones del sector. La última reforma aprobada por el Ejecutivo supone 2.700 millones de recortes para las empresas del sector eléctrico, 900 millones más a través de la subida de la factura eléctrica a los consumidores y 900 a cargo de los Presupuestos Generales.
Por parte de las nuevas cargas a asumir, Montes asegura que los consumidores pagarán este año 500 millones menos que en 2012 y lo mismo en 2014 que en 2012, aunque no detalló el origen de este cálculo.
Montes hizo estas declaraciones en unas jornadas sobre energía organizadas por Unidad Editorial que inauguró el ministro del ramo, José Manuel Soria. Según Soria, esta reforma es “definitiva” y prevé mecanismos de actualización automática que permita que no se genera más déficit de tarifa (cantidad de desfase entre los gastos que se generan y la cantidad que se paga de factura eléctrica y que hasta ahora no era suficiente).
Los representantes de las patronales de las empresas de renovables tambiénfueron muy críticos con el Ejecutivo. Aseguran que las nuevas medidas suponen retrasar el desarrollo de la tecnología de producción eléctrica del futuro. En cuanto a la reforma se sienten apartados ya que sostienen que el Gobierno no ha escuchado su postura y nunca se ha sentado a negociar con ellos.
