Sophie Lemaître: “Las empresas y actores públicos implicados en casos de corrupción siempre hallan una puerta para interpretar la ley”

Tras los negocios grandes empresas pueden esconderse también grandes casos de corrupción. Si esas empresa pertenecen al sector extractivo de petróleo, gas o minerales, la corrupción puede ser mayúscula. Esto es lo que ha podido constatar la joven jurista francesa Sophie Lemaître (Béthune, 1986).

Ella es la autora del libro Corruption, évitement fiscal, blanchient dans le secteur extractiv: De l'art de jouer avec le droit o “Corrupción, evasión fiscal, blanqueo en el sector extractivo: del arte de jugar con el derecho” (Ed. Presse Universitaires de Rennes, 2019). El volumen está dedicado a la treintena de grandes casos de corrupción que se han hecho público en el sector extractivo entre 2007 y 2018. Para ella, esa treintena de casos son pocos. “Probablemente haya más”, dice Lemaître en esta entrevista con eldiario.es.

“He podido constatar que, aunque se modifique la legislación y se aumente la transparencia, en realidad, las empresas y los actores públicos implicados en casos de corrupción se adaptan y siempre encuentran una puerta de salida para interpretar la ley a su favor y jugar así con el Derecho”, abunda esta experta, que trabaja como investigadora en el prestigioso Centro de Recursos Anticorrupción U4, con sede en Bergen (Noruega).

Los perdedores de esta corruptelas, como siempre que hay corrupción y evasión fiscal, son las arcas públicas, pero también las poblaciones enteras. “La corrupción y la evasión implican que se reduzcan o no haya medios económicos para financiar servicios fundamentales como la educación, la salud, las carreteras, etcétera”, señala.

¿De qué hablamos cuando hablamos de sector extractivo?

Se trata de toda la actividad vinculada a la exploración y la explotación del petróleo, el gas y minerales. Hablamos aquí también de varias etapas. En la exploración se observa si hay recursos. Si lo hay, se explotan previo desarrollo de las infraestructuras necesarias para hacerlo a través del transporte, la venta y la reventa. Después, cuando se acaba el proceso de extracción, hay también un negocio que consiste en dejar el lugar en unas condiciones adecuadas.

¿Qué magnitud representa la corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de dinero a cargo de este sector? Hay estimaciones que hablan de 1 billón de euros al año.

Creo que esa estimación no es del todo correcta. Para el sector extractor no podemos evaluar y cuantificar las pérdidas que genera la corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. Pero este sector es el más afectado por los casos de corrupción de agentes públicos extranjeros. Hay diferentes factores que así lo muestran.

Por ejemplo, es en este sector en el que más investigaciones se desarrollan en todo el mundo. Está incluso por encima del sector de la construcción, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se ha pronunciado después de haber analizado los datos de corrupción internacional en todo el mundo. Estamos hablando, por tanto, del sector más afectado por la corrupción.

¿A qué países afecta?

Transparencia Internacional publica todos los años un informe a nivel mundial sobre la percepción de la corrupción y en él se observa que los países ricos en petróleo, gases y minerales están mayoritariamente situados en la parte baja de la clasificación. Se les percibe como países con un mayor riesgo de corrupción. Hay una correlación entre países ricos en recursos naturales y corrupción.

¿Quiénes se benefician de las actividades ilegales sobre las que usted centra su investigación ?

Yo he analizado una treintena de casos de evasión fiscal, blanqueo y corrupción que han tenido lugar entre 2007 y 2018. En ellos se ven afectados empresas y actores públicos, es decir, representantes de gobiernos. No existe un perfil típico de la empresa que cae en estas prácticas. Toda empresa puede verse implicada en el pago de sobornos o en la evasión fiscal. En los llamados “papeles de Panamá” había un grupo de empresas del sector implicadas [como el gigante británico BP].

¿Quién pierde cuando en este sector se produce corrupción, evasión fiscal o blanqueo?

Pongamos que una empresa productora de petróleo paga un soborno a un ministro de un país en África. Ese dinero no va a las arcas del Estado. Igual ocurre si hay desvío de capitales. En ese caso el Estado acaba perdiendo dinero en beneficio de quienes se llenan los bolsillos, pero, sobre todo, es la población del país la mayor víctima. Porque la corrupción y la evasión implican que se reduzcan o no haya medios económicos para financiar servicios fundamentales como la educación, la salud, las carreteras, etcétera. El gran problema ante este tipo de delitos es justamente que no hay una víctima directa. No se puede decir que una persona u otra haya sufrido directamente por esa corrupción. Y ahí está el problema.

Uno puede imaginar que este tipo de corrupción afecta a una empresa de un país rico y a una administración de un país pobre con recursos naturales. Pero, ¿no estamos ante un proceso más complejo?

Efectivamente. Hay que mirar esta problemática sobre un ángulo más complejo. No es sólo una cuestión de empresas en países ricos y administraciones de países pobres, típicamente de África o Asia. No, la corrupción en el sector extractivo y la evasión fiscal es un problema global. Además, las multinacionales no son sólo de países ricos, también las hay de países llamados en vías de desarrollo. En el sector petrolífero, uno encuentra gigantes de China [como la CNOOC o la CNPC] o Brasil [Petrobras].

En un caso típico, por ejemplo, primero, una empresa europea quiere un permiso de extracción en Angola. Luego, alguien del gobierno de ese país pide un soborno para conceder el permiso petrolero. La empresa, para pagar ese soborno, no lo hará directamente, lo hará a través de varias cuentas bancarias y a través de varias empresas que están en otras jurisdicciones, como pueden ser Dubai o Hong Kong. Todas esas empresas harán de pantalla, como si se tratara de una muñeca rusa, para que finalmente el soborno pueda pagarse.

¿Quién es responsable de estas formas de corrupción de las que usted habla?

La responsabilidad es compartida. En el país donde están los recursos habrá ese soborno, pero luego existen otras empresas, bancos que aceptan realizar las transacciones, gabinetes de abogados, asesorías, auditorías y, en suma, un conjunto de actores que participan en este tipo de delitos. No sólo es cosa de la empresa y el Estado. Alrededor de estas operaciones hay una cantidad de actores que orbitan, facilitando los esquemas de corrupción y evasión fiscal.

Entonces, asociado al sector extractivo hay un sector socio de la corrupción.

Así es. Lo que yo estudio en este sector concreto se puede aplicar a otros. La particularidad del sector extractivo es que genera billones en beneficios, montantes impresionantes [se estima que el sector extractivo representa en su totalidad cerca de un 25% del PIB mundial]. Además, nuestra sociedad necesita ahora mismo el petróleo, el gas y los minerales para funcionar. Sin ir más lejos, nuestros coches funcionan con petróleo y nuestros smartphones necesitan minerales que no están en Europa.

¿Desde cuándo existen medidas contra la corrupción en este sector?

A finales de los años 90, después de que la ONG británica Global Witness publicara los primeros informes sobre este tema, empezaron a surgir las primeras medidas. A través de la ONU y la OCDE se han adoptado diferentes instrumentos, básicamente dos convenciones, una en cada una de esas organizaciones internacionales. Son convenciones para luchar contra la corrupción. La adopción de la Convención de la ONU contra la corrupción data de 2003 y marca una primera etapa en esta lucha. Ese texto ha sido ratificado por la mayoría de países, adaptando su legislación a la convención. Sin embargo, sigue habiendo un problema: la aplicación de la legislación.

¿Por qué?

Durante años, incluso ahora en según qué países, no hay investigaciones ni se persiguen delitos de corrupción. Es decir, que no se actúa contra las empresas y ni mucho menos contra los agentes públicos. De ahí que pueda desarrollarse un sentimiento de impunidad bastante fuerte. Sin embargo, en Europa y en Estados Unidos ha crecido el número de investigaciones por corrupción de agentes públicos extranjeros.

Pero hay que investigar más, y también desarrollar ideas como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas de 2003. Ésta tiene por objetivo —para los países que se han adherido— hacer que este sector sea más transparente. Con mayor acceso a la información, se pueden reducir los riesgos de corrupción.

Ya han pasado quince años desde que se lanzara dicha iniciativa, ¿qué opina usted de los resultados?

Gracias a esa iniciativa se puede ver cuánto pagan las empresas a los gobiernos y, pronto, se podrá saber quién está detrás de las empresas que reciben dinero. A menudo, los propietarios reales de las empresas están escondidos. No se puede saber si son actores del sector público o privado. El año próximo se podrá tener acceso a algunos contratos del sector a través de esa iniciativa. O sea, que, en términos de transparencia, el sector extractivo es menos opaco que hace diez años.

Pero eso no evita que entre 2007 y 2018 haya habido esa treintena de grandes casos que usted analiza en su libro.

Así es. Esos son los treinta casos que se han hecho públicos. Probablemente haya más. Porque lo que yo he podido constatar es que, aunque se modifique la legislación y se aumente la transparencia, en realidad, las empresas y los actores públicos implicados en casos de corrupción se adaptan y siempre encuentran una puerta de salida para interpretar la ley a su favor y jugar así con el derecho. Y esto pueden hacerlo porque hay útiles que se lo permiten.

Porque hay países que permiten crear empresas pantalla, por ejemplo. En suma, se pueden modificar las leyes y reforzarlas para luchar contra la corrupción, pero si no hay investigaciones, ni sanciones y, además hay jurisdicciones que ofrecen un cierto número de ventajas, entonces será muy difícil poner fin a la corrupción.

Habla usted de jurisdicciones problemáticas. En Europa, usted señala los Países Bajos como una de las más opacas. ¿Hay más?

Sí, en Europa están Luxemburgo o Irlanda, entre otros países, que ofrecen ventajas fiscales a las empresas. La UE tiene una lista de paraísos fiscales, los llama “jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal”, pero en esa lista nunca ha introducido ningún miembro de la UE. Parece que se observa primero lo que hacen los otros en lugar de lo que hacen los países miembros de la Unión Europea.

¿Puede cambiar algo con la nueva Comisión Europea?

El acento de la comisión ahora mismo está puesto en la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático. No he escuchado casi nada relativo a la persecución de la evasión fiscal o la corrupción. Esto no quiere decir que no se hará nada. Tengo la impresión que la nueva Comisión va a seguir en la misma línea que seguía la presidida por Jean-Claude Juncker. Haría falta que fuera más ambiciosa en la legislación que propone en esta materia. Por su parte, Parlamento Europeo acaba de votar para que exista una comisión permanente sobre esta cuestión, y esto también es importante.