Subvenciones a la compra de vivienda, una práctica desaconsejada por la ONU y la OCDE que se extiende en España
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que a partir de enero ofrecerá ayudas fiscales a la compra de vivienda en el tramo autonómico del IRPF. En su caso, se dirigirán a menores de 30 años, alcanzarán el 25% de los intereses de la hipoteca contraída y tendrán un tope de mil euros anuales. El coste estimado de la medida es de 3,6 millones de euros que dejarán de ingresarse cada año en las arcas públicas.
La Comunidad de Madrid recupera las deducciones a la compra de vivienda que ya aplican en distintas variantes casi todas las comunidades autónomas. Para colectivos como los jóvenes, las víctimas del terrorismo, para personas con discapacidad o para la compra en zonas despobladas, la cuestión es que prácticamente todas las autonomías utilizan su capacidad normativa sobre parte del IRPF para aplicar algún tipo de deducción.
Varios organismos internacionales ya han advertido de que este tipo de bonificaciones son dañinas para el mercado de la vivienda, se trasladan a los precios y fomentan la especulación. Y recomiendan utilizar el dinero público en la puesta a disposición de vivienda protegida en alquiler.
En 2012, la Unión Europea obligó al gobierno de Mariano Rajoy a hacer duros recortes en plena crisis económica y con el déficit disparado. Entre otros, se decidió eliminar la subvención estatal por compra de vivienda a partir del siguiente año. Rajoy había recuperado seis meses antes este mecanismo de deducción en el tramo estatal del IRPF que se aplicaba a cualquiera que pagara una hipoteca.
El anterior Ejecutivo, de Jose Luis Rodríguez Zapatero, limitó desde enero de 2011 la desgravación a las rentas inferiores a 17.707,2 euros brutos anuales y la eliminó de forma progresiva hasta el umbral de los 24.107,20 euros. Pero Rajoy había decidido aplicar la deducción con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2011 y en las mismas condiciones en las que se había aplicado hasta el 31 de diciembre de 2010.
Quienes compraran su casa antes del 1 de enero de 2013 aún siguen beneficiándose de una desgravación del 15% de los gastos de la compra de vivienda (adquisición, construcción, ampliación o rehabilitación) hasta un máximo de 9.040 euros. Es decir, el máximo que cada contribuyente se puede desgravar son 1.356 euros.
Según el informe de recaudación del IRPF de 2017, el último disponible, aún se aplicaron 3,9 millones de deducciones por valor de 2.545 millones de euros aquel ejercicio. Es una cifra que irá bajando hasta desaparecer, conforme vayan pagándose las hipotecas suscritas antes de enero de 2013 y finalice este periodo de transición.
Pero según la OCDE, ni estas deberían ya disfrutar de esta subvención. En un informe publicado en 2017, afirman que en España “la base del IRPF se ve erosionada por la existencia de generosas exenciones, reducciones y créditos fiscales”. Además de reducir la recaudación, “estos elementos incrementan la complejidad del sistema tributario”, añaden. Consideran “especialmente regresivos” tanto el crédito fiscal sobre los intereses por inversión en vivienda habitual y como las reducciones en las contribuciones a los planes de pensiones personales. Para el organismo con sede en París esta bonificación por vivienda habitual “tiende a beneficiar a los hogares con rentas más elevadas”. Y añade que la eliminación de beneficios fiscales ofrece una oportunidad para mejorar la equidad y la eficiencia del sistema tributario.
También arremetió contra este tipo de ayuda el relator que la ONU envió a España en 2006 para analizar el mercado de la vivienda. En su informe, Miloon Kothari afirmaba que “la subvención de la compra no es un instrumento eficaz para reducir los precios de mercado. Peor aún, sólo ha dado lugar a un aumento proporcional del precio original de la vivienda”.
“Las deducciones impositivas repercuten en los precios”
“Habida cuenta de la fuerte presión sobre la demanda y la rigidez de la oferta de vivienda, las deducciones impositivas repercuten en gran medida en los precios. Si no existieran esas ventajas fiscales, los precios de las propiedades caerían entre un 15 y un 30%”, afirmaba sobre el panorama de la vivienda en aquellos años, antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Entre los problemas de la vivienda en aquellos años, que recuerdan a las principales críticas que se siguen haciendo hoy día al sector, señalaba la insuficiencia del parque de viviendas públicas y privadas de alquiler; la distorsión causada por las grandes corrientes de capital que inundan el mercado de la vivienda; el número de viviendas desocupadas, las deficiencias de los marcos reguladores que rigen el alquiler de viviendas y la construcción de viviendas en suelo libre, y la escasez de suelo edificable a precios asequibles (especialmente para la población de renta media).
Ajenas a estas recomendaciones, la comunidades autónomas han seguido aplicando deducciones a la compra de vivienda en sus tramos correspondientes al IRPF, con la autonomía madrileña como última incorporación, si bien normalmente no son ayudas universales, sino dirigidas a colectivos concretos o en casos específicos, como zonas despobladas. También el Ministerio de Fomento incluyó en el Plan Estatal de Vivienda 2018–2021 una ayuda a la compra, limitada a menores de 35 años, en municipios de menos de 5.000 habitantes.
