El Tribunal de Cuentas de la UE alerta de deficiencias en España en la supervisión del fondo de recuperación

El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de que España presenta deficiencias en la supervisión del fondo europeo de recuperación y lagunas en los controles de contratación pública, y advierte de que el sistema antifraude del Mecanismo “no es plenamente eficaz y presenta insuficiencias” a escala comunitaria para garantizar una protección plena del presupuesto de la Unión Europea.

En su informe sobre la lucha contra el fraude en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los auditores concluyen que el marco establecido para prevenir, detectar y corregir el fraude “no es plenamente eficaz” y presenta carencias tanto en los Estados miembro como en la propia arquitectura diseñada por la Comisión Europea.

En el caso de España, el Tribunal subraya que el organismo de coordinación no ejerce un control activo sobre la aplicación de las medidas antifraude por parte de las entidades ejecutoras, lo que debilita la supervisión global del sistema. Además, señala que los controles vinculados a la contratación pública no cubren la totalidad de los contratos financiados por el mecanismo, limitando así la capacidad de verificación y deja espacios de riesgo.

No obstante, el informe reconoce avances tras las auditorías comunitarias y destaca como elemento positivo la existencia del canal nacional de denuncia 'Infofraude', gestionado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que permite comunicar irregularidades de forma anónima y refuerza los mecanismos de alerta temprana.

Los requisitos demasiado generales, un problema europeo

Más allá del caso español, el Tribunal advierte de que los requisitos antifraude fijados en la normativa del Mecanismo de Recuperación, dotado con 650.000 millones de euros, son demasiado generales y no definen con suficiente precisión el alcance mínimo de las comprobaciones que deben llevar a cabo las autoridades nacionales.

Los auditores también alertan de la falta de criterios uniformes para notificar los casos de presunto fraude a la Comisión y de la existencia de datos incompletos e incoherentes entre países, lo que dificulta evaluar la magnitud real del problema y orientar de manera eficaz las medidas correctoras.

Otro de los puntos más sensibles del informe se refiere a la recuperación de fondos. A diferencia de otros programas europeos, los Estados miembro no están obligados a reintegrar al presupuesto comunitario los importes que recuperen de beneficiarios implicados en fraude, salvo que la Comisión considere insuficientes esas actuaciones.

Dado que una parte significativa de las inversiones se ejecutará en la fase final del instrumento, el Tribunal advierte del riesgo de que posibles casos de fraude se confirmen cuando el sistema de notificación ya haya concluido, lo que podría dificultar el seguimiento y la recuperación efectiva de fondos.

Según datos de la Fiscalía, desde la puesta en marcha del MRR se han investigado 307 casos de fraude vinculados a este instrumento, una cifra que, a juicio de los auditores, pone de relieve la necesidad de reforzar las salvaguardas en futuros programas europeos de gran volumen financiero.

La respuesta de la Comisión

La Comisión Europea ha acogido favorablemente el informe de los auditores y, aunque coincide en términos generales con las conclusiones, también discrepa de algunas valoraciones, y sostiene que los sistemas nacionales examinados están, en líneas generales, bien diseñados para detectar actividades fraudulentas y cuentan con políticas antifraude y canales de denuncia operativos.

En relación con la notificación de casos sospechosos, la Comisión reconoce que puede haber margen de mejora y anuncia que actualizará sus orientaciones para precisar el momento y la información que deben comunicar los Estados miembro, en el marco de las directrices sobre la fase final y el cierre del Mecanismo de Recuperación.

Sobre la recuperación de fondos, el Ejecutivo comunitario recuerda que los Estados miembro están legalmente obligados a corregir y recuperar los importes indebidamente utilizados y a notificar los casos sospechosos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y a la Fiscalía Europea, incluso después de la finalización formal del mecanismo.

Asimismo, la Comisión subraya que mantiene el derecho a efectuar verificaciones y auditorías durante un periodo de hasta cinco años tras el último pago y advierte de que, cuando un país no corrija adecuadamente casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, adoptará las medidas correctoras pertinentes, incluidas posibles reducciones financieras.