España encara la recta final de los fondos europeos con ocho meses para pedir y gastar 33.000 millones

El ‘maná europeo’ llega a su fin. El Gobierno tiene apenas ocho meses para pedir y gastar unos 33.000 millones de euros, la cuantía que queda por solicitar a la Comisión Europea de los fondos europeos del Plan de Recuperación, ya que el programa termina el 31 de agosto de este año, y para entonces tendrán que estar ejecutadas todas las reformas e inversiones.

El Ejecutivo aprobó a finales del año pasado una flexibilización del Plan de Recuperación original, la que han denominado Adenda de Simplificación, un cambio impulsado por Bruselas para relajar algunos requisitos del programa que canaliza los fondos Next Generation EU. El objetivo no es solo maximizar la ejecución, evitando que se pierda buena parte del dinero en objetivos superfluos sin cumplir. También evitar el fracaso del proyecto estrella de la Comisión que preside Ursula von der Leyen, que puso buena parte de su capital político –al igual que Pedro Sánchez– en que saliera adelante este ‘Plan Marshall’ europeo tras el COVID-19.

Los fondos europeos están en buena parte detrás del éxito económico de España en el último lustro, después del desastre de la pandemia. Según los cálculos del Gobierno que habitualmente desgrana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la inyección ha sumado 2,6 puntos de crecimiento del producto interior bruto (PIB) hasta 2024. Y hasta 2031, una vez se haya desplegado el efecto completo de muchas de las reformas vinculadas al Plan de Recuperación, esta aportación será de 3,4 puntos más de lo que habría avanzado la economía en ausencia del programa.

Pero el reto de ejecutarlos al 100% es mayúsculo, y más cuando queda tan poco tiempo. La Comisión Europea adjudicó, en un primer momento, 163.000 millones de euros a España, al ser, junto a Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia. Esta cifra estaba dividida en dos grandes patas: una de transferencias, por unos 80.000 millones de euros; y otra de préstamos, por 83.000 millones de euros. Pero la cifra final, después del último cambio del Gobierno, se quedará en 102.700 millones, un 6% del PIB.

Bruselas reduce el daño de la ruptura con Junts

La Adenda de Simplificación, en realidad, lo que ha permitido al Gobierno es rebajar el coste de la complicada mayoría parlamentaria que existe en el Congreso, tras la ruptura de relaciones con Junts y con Podemos marcando cada día más las distancias. El Ejecutivo realizó cambios en más de 160 hitos del Plan de Recuperación, eliminando leyes muy difíciles de sacar adelante o rebajando la categoría de algunas normas para evitarse un revolcón en las Cortes. Leyes como la de Industria, la de Medicamentos o la reforma de la Ley del Suelo ya no están encima de la mesa. Al menos, no vinculadas a partidas millonarias. Sí hay otras innegociables para Bruselas, como la equiparación fiscal del diésel y la gasolina o la de lobbies.

Eso permitirá, en teoría, que la mayoría de los 27.000 millones de euros que quedan de las transferencias a fondo perdido lleguen al Tesoro Público. De los créditos pendientes, el Gobierno ha renunciado a unos 60.000 millones, limitando la cuantía por solicitar a unos 6.500 millones. En La Moncloa justifican el desistimiento en que hay que evitar acumular deuda pública y porque, con la mejora de la calidad crediticia del Estado, ahora es más barato salir al mercado financiero a través del Tesoro español que con la enseña de la Comisión Europea.

“En el momento de inicio de los fondos, esta brecha en el coste [de financiación entre el Tesoro y la Comisión] estaba en torno a los 70 puntos básicos. Prácticamente se ha cerrado esta brecha, en gran medida gracias al buen comportamiento de la economía española”, justificó el ministro de Economía en su última comparecencia en el Congreso.

La renuncia ha sido criticada a partes iguales por el PP y por Sumar. Los populares deploran la “oportunidad histórica desperdiciada” que han supuesto los fondos europeos. Apuntan que solo han servido para que el Gobierno haya sobrevivido durante más de dos años con Presupuestos prorrogados. Desde el socio minoritario del Ejecutivo, su portavoz económico, el diputado Carlos Martín, habló de “error mayúsculo” en un artículo en este periódico por no haber ejecutado los créditos blandos en disparar el parque de vivienda pública.

El Gobierno priorizó en el diseño del Plan de Recuperación la pata de 80.000 millones de las transferencias y no vehiculó los 83.000 millones de créditos hasta julio de 2023, con la primera de las Adendas. Desde el Ejecutivo justifican que la medida fue acertada, ya que impidió engordar la deuda en los primeros años del programa. Esto, además del buen ritmo de la economía, ha permitido esa mejora de la calidad crediticia que, a la postre, ha abaratado el coste de acudir a los mercados con medios nacionales frente a los de la Comisión.

Tres fechas señaladas

La primera fecha marcada en rojo en el calendario es el 20 de enero, cuando se reúnen los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea en el Ecofin. Es ahí cuando la Adenda, ya avalada por la Comisión, debería recibir la aprobación definitiva de los 27 Estados miembro. El Gobierno pedirá el sexto desembolso de los fondos, por valor de 7.000 millones entre ayudas y préstamos, entre finales de este mes y el próximo. El último se solicitará en verano, cerca de la fecha límite del 31 de agosto, ya que el Ejecutivo comunitario tiene de plazo hasta el 31 de diciembre para desembolsar los 26.000 millones restantes.

Hasta entonces, el Gobierno deberá cumplir y justificar 230 hitos que quedan pendientes. Además de ir ejecutando el dinero recibido y el que queda por desembolsar. Según los datos oficiales de la plataforma ELISA, a 30 de noviembre ya se habían resuelto convocatorias por valor de 63.000 millones, prácticamente tres de cada cuatro euros de las transferencias adjudicadas al país, que han llegado a 1,4 millones de beneficiarios, entre empresas y particulares. De acuerdo con los datos desgranados por Cuerpo en el Congreso, a finales de 2025 se aceleró el ritmo, con 2.200 millones de euros ejecutados al mes.

Pero el servicio de estudios del BBVA, en un informe publicado a finales de diciembre, habla de “ritmo insuficiente” en cuanto al gasto de los fondos europeos. “La reciente desaceleración del ritmo de ejecución, del 9% frente a junio de 2025 hasta 1.200 millones de euros mensuales, pone en riesgo cumplir con el calendario y exige aumentar las inversiones en más de un 80% para ejecutar el 100% de lo comprometido en agosto de 2026”, advierte la entidad. El ritmo actual supondría perder el 11% de los 80.000 millones de ayudas, apuntan los economistas del banco, “si bien las nuevas condiciones acordadas podrían ayudar a acelerar este avance”.

“Para alcanzar el 100% de la inversión comprometida dentro del calendario previsto sería necesario un giro claro en la ejecución, con una aceleración superior al 80% del ritmo actual, hasta unos 2.200 millones de euros mensuales de media”, dice el documento. Exactamente la cifra de la que hacía gala el ministro.