El Servicio de Empleo alerta de la emergencia social, para que se pague la renta básica
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El Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) ha alertado en un informe interno de la existencia de una verdadera emergencia social, al haber gran cantidad de personas que en la región carecen de los mínimos medios económicos para cubrir sus necesidades más importantes. Por ello pide un cambio “extraordinario y urgente” en la renta básica que, “esta vez sí”, la desatasque de una vez, y aunque sólo sean esos 400 euros mensuales, puedan llegar a las familias.
El informe acompaña al decreto ley que la Junta ha enviado a la Asamblea de Extremadura con la pretensión declarada de agilizar esos pagos, pero que encubre según varios movimientos sociales, y casi toda la oposición política al Gobierno de Monago, una liquidación en la práctica de la propia renta básica, que de hecho está parcialmente congelada desde hace 12 días.
Los solicitantes necesitan según el escrito una respuesta rápida de la Administración, que no agrave la situación de exclusión o riesgo de exclusión social en la que se encuentran, derivada entre otras circunstancias de la pérdida de empleo y de la ausencia de rentas.
El informe del Sexpe, que acompaña a otro de los servicios jurídicos de la Junta que recogía ayer eldiario.es , admite que casi dos terceras partes de las 22.000 solicitudes presentadas para cobrar la renta no se han podido tramitar, dada la imposibilidad de cumplir los trámites que exige la normativa actual.
En buena parte de los casos, las familias necesitadas de esta paga son incapaces de abordar semejante papeleo; hay que presentar una gran cantidad de documentos sobre los requisitos económicos, que raramente se aportan completos.
No saben leer
Cuando se les llama para que lo solucionen, no hay resultados, “por la sencilla razón –agrega el informe del Servicio de Empleo- de que los interesados ni tan siquiera saben leer, o no entienden lo que se les está pidiendo que falta en la documentación”. Se presentan en la oficina administrativa con múltiples papeles para que sea el funcionario el que les ayude y diga cuál necesitan.
Entre los aspectos positivos del decreto ley que está en vigor aunque pendiente de un hilo, de que hoy el pleno de la Asamblea lo derogue mediante su no convalidación, los informes de acompañamiento señalan que se simplifique el papeleo mediante la posibilidad de presentarlo por vía telemática, aunque proponen que se vaya aún más lejos dejando que las familias dejen que sea la Junta la que haga las comprobaciones ante otros organismos; y ponen pegas como paralizar el pago si el solicitante se ausenta temporalmente, lo que dejaría al resto de los familiares sin ingresos.
Cinco millones menos
En la memoria económica del decreto ley, se informa que hasta el momento el importe medio concedido por beneficiario y año asciende a 4.719 euros, algo más de 393,25 al mes. Y que hay 5.913 personas que han acreditado cumplir los requisitos.
Por tanto, el importe anual estimado en término de concesión de prestaciones ascendería a 27.903.447 euros, un cifra que el dirigente de los Campamentos Dignidad Manuel Cañada destaca como incumplimiento de los compromisos, ya que en el presupuesto de la Junta había el año pasado para renta básica 13,2 millones de euros, más 20 de este año suman 33, “con lo que nos faltarían ya de entrada cinco millones”.
La renta básica, ese derecho reconocido y que impediría que miles de familias se quedaran en la estacada mientras se reanima por completo la economía, se la juega hoy en la Asamblea de Extremadura con la votación de ese decreto ley de mejora, o “decretazo” según el punto de vista. Sigue siendo una incógnita lo que vaya a hacer Izquierda Unida, que continúa negociando con la Junta.
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