Nace el cuarto intento para pagar la renta básica, que aún esperan 18.000 familias

Izquierda Unida Extremadura ha decidido jugársela con la cuarta intentona, en 16 meses, para agilizar esta paga social que ha provocado escraches a su coordinador regional, Pedro Escobar, y un intento al presidente de la Junta, José Antonio Monago. Los tres diputados de IU, que esta vez votaron unidos (días atrás se desmarcó Víctor Casco) aseguran que a la cuarta va la vencida, aunque por otro lado no descartan que esta vez tampoco, y sea necesario volver a cambiar la normativa.

Por 35 votos a favor de PP (32) e IU (3), y 30 en contra (PSOE más los regionalistas de PREx-CREx), ha quedado aprobada este jueves en la Asamblea de Extremadura la Ley de Regulación de la Renta Básica Extremeña de Inserción, un complicado conjunto de artículos que vienen a enterrar primero la ley pactada por todos los partidos en mayo de 2013; la ‘tripartita’ (los socialistas se abstuvieron) de junio de este año, y el decreto ley unilateral del Gobierno Monago de agosto pasado.

Necesaria, pero laberíntica

Pocas veces una cosa tan necesaria y pedida en clamor hasta por el servicio de empleo del Ejecutivo regional del PP –que habla de emergencia social--, como es conceder una paga social a los que no tienen unos ingresos mínimos vitales, se ha complicado tanto, y no sólo por razones burocráticas, sino por falta de voluntad para pagarla, señala buena parte de la oposición política y social,

Eso en un país que a pesar de la crisis aún se coloca entre los 30 del mundo con mayor PIB per cápita, y en una comunidad que aun siendo la última, disfruta de 16.700 euros anuales de renta por cabeza si se repartiera igual entre todos.

Por esa complejidad legal, las cuatro fuerzas políticas presentes en el Parlamento regional, tienen artículos de la ley, y argumentos, a los que aferrarse, mientras no menos de 18.000 familas –el presidente Monago dijo ayer que hay 3.751 que la están cobrando--, siguen a la espera de que, primero, se resuelvan los combates de esgrima política, y segundo, la letra de la ley pase del DOE a la realidad.

Una reforma legal ‘chicle’

Por esa flexibilidad de chicle que permite un texto tan complejo, que muy pocos se han leído o conocen, y por los votos que puede mover la atención a los más necesitados, se pudo afirmar este jueves en el Parlamento autonómico por parte del Gobierno regional que la nueva ley hará que la paga llegue más deprisa y a más gente (Monago); que al revés, menos beneficiarios y en menor cuantía, pero jugando además con la miseria a pocos meses de las elecciones, desde la tribuna del PSOE (Isabel Gil Rosiña); que esta vez sí, con más facilidad burocrática y menos trabas, asegura IU (Pedro Escobar), mientras que para los regionalistas no se paga porque no se quiere, y se hace sufrir a las familias hasta que llegue el tiempo de cosecha electoral (Fernanda Ávila).

La nueva ley ha sido pactada de hecho en un pleno parlamentario en el que el PP ha aceptado 23 de las 27 enmiendas de IU, que disponía hasta de un vídeo de promociónenmiendas de IU, que disponía hasta de un vídeo de promoción; el PSOE se quedó solo con las 44 suyas que suponían la derogación del texto y vuelta al de junio pasado, mientras que los regionalistas no apoyaron ninguna modificación.

Más dinero, si lo quieren pagar

Respecto al decreto ley de agosto pasado, que es el que está ahora en vigor, las enmiendas de IU aumentan las cuantías mínimas y máximas a cobrar, la mínima de 400 a 426 euros; claro que lo difícil, a lo visto, es llegar a cobrar, ya que hay 18.000 solicitudes legalmente denegadas por silencio administrativo negativo (a los dos meses) sin que se hayan estudiado, o siquiera abierto, esos expedientes). Se pide hasta la ITV pasada del coche, según los socialistas.

Entre las principales pegas que ve el PSOE está la nueva incompatibilidad con el subsidio agrícola, pensiones no contributivas, o renta de inserción, y la puerta que se abre a que los beneficiarios pasen a ser mano de obra barata para la Junta, empresas temporales y ong. Los regionalistas reprochan que se suprime la comisión de seguimiento de la renta básica, con lo que sindicatos y partidos dejarán de tener información sobre su aplicación y ésta se volverá opaca; o que para que un joven emancipado pueda cobrar, necesita haber cotizado dos años a la Seguridad Social.

Por otro lado, y es esencial para la oposición, ya no habrá una convocatoria siempre abierta, sino cuatro trimestrales, con ocho meses útiles al año.