Que la infanta Cristina se haya sentado en el banquillo de los acusados es un milagro nacional. No es la prueba de que “el sistema funciona”, como tantos cacarean. Es la consecuencia de la heroicidad y la persistencia de un juez valiente, el juez José Castro, que ha logrado mucho, a pesar de todas las presiones y los palos en las ruedas.
Algunas de estas zancadillas han funcionado: no están en el juicio ni Francisco Camps ni Rita Barbera, a pesar de que la trama Nóos se llevó más millones de la Comunidad Valenciana que de Baleares. Ambos políticos se han librado gracias a que estaban aforados: gracias a que la decisión sobre si debían ir a juicio la tomó un Tribunal Superior de Justicia valenciano que está formado por jueces que fueron nombrados por el PP.
Camps y Barberá se van por ahora de rositas –a Jaume Matas le piden once años de prisión–, y los palos en las ruedas del juez Castro también han servido para que la infanta Cristina llegue al juicio con medio pie fuera, gracias a la Fiscalía y especialmente al Ministerio de Hacienda. Ambos organismos, dependientes los dos del Gobierno, quieren justificar que la escandalosa doctrina Botín, que fue después cambiada para poder condenar a Atutxa –otro escándalo–, sirva ahora para crear la doctrina Borbón.
El enésimo favor del Gobierno a la infanta Cristina produce especial rubor. Dice la abogada del Estado que representa al Ministerio de Hacienda en el juicio que lo de “hacienda somos todos” solo era un lema publicitario; que no hay que tomarse la frase al pie de la letra ya que fue creado “exclusivamente como forma de concienciación del país”.
El argumento es reversible: habría que preguntarse qué clase de conciencia fiscal promueve ver cómo el mismo implacable Ministerio de Hacienda, que no pasa ni media al ciudadano vulgar, en el caso de la infanta haya aceptado que unas facturas falsas sirvan para desgravar o que Hacienda permita a doña Cristina de Borbón deducirse impuestos por el pago de empleados imaginarios; todo ello, con el único objetivo de rebajar la cantidad defraudada por la infanta al mínimo y que así pase por debajo del límite a partir del cual empieza el delito fiscal.
La abogacía del Estado no solo ha hecho lo imposible para no presentar una acusación contra doña Cristina de Borbón sino que hoy se ha puesto de lado de la Fiscalía para intentar que nadie más pueda hacerlo, tampoco la acusación popular. Si Hacienda no somos todos, y es el Estado –y no los ciudadanos– el único perjudicado del presunto fraude fiscal de la infanta, la doctrina Botín salvaría a Cristina de Borbón del juicio que esta semana acaba de arrancar.
Se supone que la Abogacía del Estado no solo representa los intereses de Hacienda, sino también de todos los ciudadanos. Aunque tal vez esto también sea publicidad engañosa, como lo de la igualdad de los españoles ante la ley.
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P.D. Más ejemplaridad fiscal, de la que ayuda a concienciar al país. La revista Interviu publica esta semana que la Fiscalía no se tragó ese supuesto “préstamo” de 1,2 millones de euros que el rey Juan Carlos concedió a una hija. Según el fiscal Horrach, aquello fue una donación y, al presentarla como un préstamo, el rey padre ahorró a su hija 400.000 euros en impuestos. Por suerte para ambos, este presunto delito fiscal ya estaba prescrito cuando la Fiscalía se enteró. Qué suerte.
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