Del alivio del PNV a los recursos judiciales que prepara la oposición: el archivo del 'caso palacete' de Getxo no cierra la polémica

La decisión del juez Marcos Amor de archivar el caso del palacete derribado en Getxo se ha recibido con satisfacción y también con alivio en Sabin Etxea. Tres exconcejales del partido en la localidad estaban siendo investigados en la causa por presunta prevaricación y el sobreseimiento supone un respiro para los nacionalistas. “Se pone fin a una etapa especialmente dolorosa e injusta”, ha señalado el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, que ha pedido que se “reconozca el daño que se ha causado” y que “se mire hacia adelante”. Pero el archivo de la causa no ha cerrado la tormenta política desatada en torno al derribo del Irurak Bat, hace ahora algo más de dos años. La oposición prepara recursos ante la Audiencia de Bizkaia y reclama respuestas a todas las cuestiones que quedan abiertas, y que, según señalan, no se responden en el auto del juez.

El portavoz del PP de Getxo, Eduardo Andrade, no ha dudado de que su formación recurrirá el auto del juez por considerar que este caso del derribo del Irurak Bat, “no tiene nada que ver” con el de La Aldea. El juez ha basado el archivo de la causa en una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre una solicitud de derribo del edificio 'La Adea' también en Getxo. En esa resolución, el TSJPV concluyó que la entrada en vigor de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco no produjo la conversión automática de los edificios sometidos a custodia municipal en bienes culturales de protección básica. El TSJPV también indicaba que entender lo contrario supondría atribuir retroactivamente a aquellos inmuebles un grado de protección superior al previsto por el planeamiento municipal, esto es la prohibición de derribo. El magistrado entiende que las conclusiones alcanzadas en esa sentencia sobre el caso de 'La Aldea' resultan “plenamente trasladables” al de Irurak Bat y que los bienes sometidos a custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica.

Andrade ha considerado además que la instrucción está “en una fase muy inicial” como para archivarla, y faltan las declaraciones “esenciales” del arquitecto Urko Balziskueta y de la funcionaria del ayuntamiento Amaia de Felipe en el procedimiento, “así como la apertura de esos elementos eléctronicos para ver si existe alguna prevaricación, que es lo que se enjuicia a estos investigados”. Unos móviles y ordenadores incautados en los registros de la Ertzaintza y que el juez, al decidir el archivo ha decretado que “no procede autorizar el acceso, extracción, análisis o examen del contenido”, y fija que deberán permanecer bajo custodia policial, sin acceder a su contenido, y ser devueltos a sus respectivos titulares, tan pronto como esta resolución sea firme.

En opinión del portavoz del PP en el municipio, la decisión del juez “contradice los informes de la Ertzaintza, la Diputación Foral, el Gobierno vasco, el perito judicial e incluso el propio Ministerio Fiscal”, que defiende que el edificio “tiene protección básica y que, por lo tanto, hay que seguir investigando”. “La defensa de los investigados consigue lo que quería, que no declarase Urko Balziskueta y que no se abran los ordenadores”, en una “continua lucha para que no se conozca la verdad de lo que ha ocurrido, poniendo todos los palos sobre las ruedas de forma continua”, ha denunciado.

El portavoz del PP en el consistorio ha señalado, que con el nuevo plan de ordenación urbana de Getxo, que acaba de entrar en vigor en agosto, el edificio Irurak Bat “no podría haberse derribado en ningún caso, porque la protección que tiene ahora, sea básica o no, impide el derribo total”. “Al final, se demuestra que todas las preguntas regularidades tenían una finalidad, que era adelantarse a la entrada en vigor de este plan y evitar que el edificio no se pudiera derribar”, ha indicado.

Si el PP tiene seguro el recurso, EH Bildu, que al igual que los populares es parte en el caso, está estudiando la resolución con detalle para decidir si “interponer los recursos que en derecho procedan”. El portavoz de la formación en el ayuntamiento, Mikel Bildosola, ha considerado que el auto no repara“ la demolición del edificio ni ”exime de responsabilidad política al equipo de gobierno“. ”Que una conducta “no llegue a alcanzar el umbral del reproche penal no significa que la gestión municipal haya sido correcta”. “El archivo -de la causa- no reconstruye el edificio, no devuelve a Getxo un bien patrimonial irrecuperable y no borra las graves irregularidades que constan documentadas en el expediente”, ha denunciado.

EH Bildu ha señalado en este sentido que a día de hoy, y pese al tiempo transcurrido, el Gobierno municipal sigue sin adoptar “medida sancionadora alguna” frente a la actuación que acabó con un edificio protegido. Una “inacción” que resulta especialmente “grave” a la luz de un dato que aporta un informe del propio arquitecto municipal y es que “el beneficio económico que la empresa constructora podrá obtener gracias a haber derribado el palacete asciende a 732.506,26 euros”. Un beneficio, que, según recuerda Bildosola, se obtendrá si se permite levantar las viviendas proyectadas sobre el solar del edificio derribado. “Es decir, la clave está aún en manos del propio Ayuntamiento”.

Además, ha insistido en que en el procedimiento “no se respetó la propia normativa municipal de protección del patrimonio”. “No se abrió el periodo de información pública de 20 días previsto para que la ciudadanía pudiera presentar alegaciones, ni se elaboró el informe específico de protección del edificio que exigen las propias normas del Plan General. Son trámites que la normativa configura como requisitos previos e ineludibles antes de autorizar una intervención de esta naturaleza, y su omisión no es un detalle formal”, ha criticado.

“Cuestiones que siguen sin respuesta”

Por otra parte, EH Bildu ha reiterado que la investigación policial dejó planteadas cuestiones que “siguen sin respuesta”, entre ellas hasta dónde llegaba el conocimiento previo que determinados cargos públicos tenían de lo que iba a suceder con el edificio. “Son incógnitas que el archivo penal no despeja, porque no ha entrado a resolverlas, y que no pueden quedar sencillamente enterradas: más allá del ámbito penal, corresponde al equipo de gobierno aclararlas públicamente ante la ciudadanía y ante el Pleno. La responsabilidad penal y la responsabilidad política son planos distintos, y esta segunda sigue plenamente vigente”, ha manifestado. Por ello, EH Bildu de Getxo ha anunciado que mantendrá su exigencia de responsabilidades políticas ante el equipo de gobierno, “que no puede escudarse en el archivo penal para eludir su rendición de cuentas ante la ciudadanía y ante el pleno”.

El tercer partido de la oposición en Getxo, Podemos, también ha considerado que tras el archivo del caso, “el patrimonio sigue desprotegido” y ha considerado que “no exime al Gobierno de PNV y PSE-EE de haber dado trato privilegiado a este expediente”. Desde Podemos han recordado que “este no era el caso de dos concejales que chanchulleaban para construirse una casa de lujo”, sino que “era y es el caso de la desprotección del patrimonio que hacen el PNV y el gobierno municipal de Getxo para beneficio de las promotoras inmobiliarias”. “Es este régimen de clientelismo el que ha producido ya la pérdida de mucho patrimonio en Getxo como la Nagusien Etxea, la Haurtzaindegi o, ahora, Irurak Bat, que era un elemento protegido que hemos perdido”, ha lamentado, alertando de que “lo mismo puede suceder en un futuro próximo con otros edificios como los del Puerto Viejo que el nuevo PGOU ha desprotegido”.

“La causa judicial no exime al gobierno del PNV y PSE-EE de haber dado trato privilegiado a este expediente para que se tramitara antes de la entrada en vigor del nuevo PGOU, que el concejal de urbanismo se reuniera con la constructora antes de otorgarse la licencia, que una de las concejales cooperativista no se abstuviera en junta de gobierno o la multa irrisoria que se impuso a la constructora cuya tramitación ha tenido que volverse a iniciar por no ser acorde a derecho”, señalado desde Podemos.

Frente a ello, la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha recibido con “satisfacción” y “máximo respeto” la decisión judicial, “una decisión de especial importancia” para el propio consistorio y para “las personas que durante todo este tiempo se han visto afectadas por el procedimiento”, ha indicado. “Hoy pienso especialmente en todas esas personas y en sus familias”, ha indicado la alcaldesa. “Un procedimiento de estas características no se queda en los juzgados: tiene consecuencias personales, familiares y profesionales para quienes se ven sometidos a él. Han afrontado todo este tiempo con responsabilidad, serenidad y respeto a la Justicia, y hoy quiero trasladarles públicamente mi cercanía, mi reconocimiento y, sobre todo, compartir con ellas el alivio que supone esta resolución”, ha manifestado.

También ha recordado a los investigados el presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola: “Es una buena noticia, especialmente para las personas que han tenido que soportar durante meses las consecuencias personales, políticas y mediáticas de una investigación judicial”. “Han actuado con responsabilidad y han asumido incluso responsabilidades políticas cuando las circunstancias lo han requerido, a pesar de que finalmente el procedimiento judicial no haya establecido responsabilidad penal”, ha destacado.

Ansola ha considerado que que el cierre de la causa debe servir también para hacer una reflexión sobre la utilización política de los procedimientos judiciales, y ha considerado “impropia de representantes políticos” la actitud mantenida por el PP y EH Bildu. “Han condenado y lapidado injustamente a tres personas, con el único objetivo de desgastar al PNV”. “Durante todo este tiempo hemos escuchado acusaciones muy graves y se han realizado juicios políticos que han ido mucho más allá de lo que posteriormente ha podido acreditarse en sede judicial”, ha censurado. “Ahora que la Justicia ha hablado espero que quienes hicieron esas acusaciones tengan también la responsabilidad y la honestidad de revisar su actitud”. “Toca reconocer el daño que se ha causado, respetar la decisión de la Justicia y mirar hacia adelante”, ha indicado.