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El Ayuntamiento de Leioa contrató en 2019 a una empresa de su exconcejal de Cultura que ha sido condenado por corrupción

Iñaki San Juan, tratando de ocultarse a los medios de comunicación en Vitoria

Denunciaba Ainhoa Alberdi, la empresaria que destapó la mayor trama de comisiones y amaño de contratos en Euskadi, el 'caso De Miguel', que había tenido verdaderas dificultades para continuar trabajando con la Administración tras dar el paso de acudir a la Fiscalía a revelar que un dirigente del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, la estaba extorsionando por no querer abonarle una comisión ilegal tras recibir una adjudicación. Le aconsejaron incluso que no perdiera el tiempo preparando concursos. De su denuncia se derivaron otras actuaciones irregulares y en el caso aparecieron numerosas empresas vinculadas a cargos públicos o internos del PNV. Uno de ellos es Iñaki San Juan, exconcejal de Cultura en Leioa e hijo de un alcalde de la localidad vizcaína del mismo nombre. Todavía en 2019, casi una década después de ser imputado, año y medio después de que arrancara el macrojuicio del caso y pocos meses antes de que se conociera la sentencia que le condena a cinco años y tres meses de cárcel por corrupción, recibió un contrato 'a dedo' de su antiguo Ayuntamiento para la organización de un concierto en Kultur Leioa, aunque su cuantía no es muy elevada (3.509 euros).

Errexal, la empresa que recaudaba comisiones ilegales para la trama de De Miguel y que sigue trabajando para el Gobierno vasco

Errexal, la empresa que recaudaba comisiones ilegales para la trama de De Miguel y que sigue trabajando para el Gobierno vasco

Durante el juicio, que se celebró en la Audiencia Provincial de Álava a lo largo de todo el año 2018 y al que San Juan acudía tapado para evitar que le grabaran, el ahora condenado escribió una carta a 'Deia' ridiculizando el caso y a los periodistas que lo cubrían. Incluso se permitió denunciar que la investigación había supuesto un despilfarro de dinero público, lo mismo por lo que fue condenado. Ya entonces trascendió sin excesivos detalles que estaba volviendo a colaborar con el Gobierno vasco y, en concreto, con el área de Juventud. Igualmente, ha realizado trabajados para el festival de blues de Hondarribia o para el Basque Fest de Bilbao de la mano de la firma Montai. También otros imputados han venido trabajando con normalidad con la Administración, como Sergio Fernández Oleaga, de la empresa Stoa. También aquí ha habido un lavado de imagen y la firma se denomina en la actualidad HNK Ingeniería, Urbanismo y Medio Ambiente. El propio De Miguel sigue trabajando para la Administración autonómica en la sociedad pública Hazi, donde ha tenido varios ascensos y subidas de sueldo mientras era investigado.

La adjudicación en Leioa consta en un decreto firmado en julio de 2019 por el actual alcalde de la localidad, Iban Rodríguez, del PNV. Se contrata un concierto de Atlantia Ë Ria que efectivamente tuvo lugar en el otoño de ese año. La destinataria del contrato es la mercantil Perexila Proyects S.L. Nominalmente, esta empresa no guarda ninguna relación con el 'caso De MIguel', pero la realidad es que su CIF es el B01391713 y que su fecha de constitución es el año 2005. San Juan, en estos años, ha cambiado el nombre a Errexal S.L., una de las empresas centrales de la trama de De Miguel. En la sentencia quedó probado que lo que ahora se llama Perexila Proyects -también actúa comercialmente como Karabansarai Produkzioak- fue utilizado como pantalla para recaudar comisiones ilegales y recibir contratos amañados.

Fuentes del Ayuntamiento indican que no hacen "ninguna valoración" al respecto más allá de remarcar que se actuó "cumpliendo la legalidad" de los contratos menores, que permiten las adjudicaciones directas si el valor no supera los 15.000 euros. "Normalmente, el medio centenar de espectáculos que se contratan anualmente desde el área de Cultura para desarrollar en Kultur Leioa responden a criterios técnicos y de programación, no a otros factores. Responden a su interés y calidad artística, que son aprobados por los técnicos municipales", añaden estas fuentes, que entienden que el procedimiento no difiere en nada al de otras localidades. El Gobierno local no precisa si la empresa del exconcejal de Cultura ha recibido más contratos.

¿Qué es realmente Errexal?

Errexal era una empresa controlada por el que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, conocido como Txitxo. El político participó en su gestación y controlaba la contabilidad a través de su hermana, Aintzane de Miguel. De Miguel tenía, a su vez, una empresa con otros dirigentes del PNV alavés, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Se llamaba Kataia Consulting y estaba a nombre de las esposas del trío, que actuaban como testaferros. Errexal y Kataia Consulting nacieron con el mismo domicilio social, un almacén de bebidas del cuñado de De Miguel que luego se convirtió en 'txoko'. Como administrador de Errexal apareció desde el inicio San Juan, amigo de Txitxo desde la época de EGI, las juventudes del PNV.

Si Kataia Consulting se montó en las mismas fechas para cobrar 130.000 euros de coima por un pelotazo urbanístico en Zambrana -dinero gastado en un Saab, joyas y un viaje a Extremadura-, la sentencia del caso dejó acreditado que Errexal se creó para canalizar una subvención de 90.000 euros del área de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por un amigo común de De Miguel y San Juan, Xabier Sánchez Robles, también condenado por el caso. Ese dinero estaba destinado a que las seis comarcas o cuadrillas de Álava contrataran a una consultora para elaborar sus planes juveniles. Tenían que hacerlo antes de que acabara el año para no perder los fondos. Los seis presidentes de las cuadrillas, todos ellos del PNV, contrataron en tiempo récord a la misma empresa y realizando las mismas maniobras irregulares en el expediente. La sentencia remarca que en aquella época Errexal no tenía ni medios ni experiencia. ¿Qué les llevó a todas a una misma empresa desconocida y sin trayectoria? "Actúan al unísono, siguiendo una recomendación efectuada" debido a la "pertenencia a un mismo partido político". A partir de ahí, desde la oficina de Sánchez Robles le llovieron muchas más adjudicaciones 'a dedo'. Sánchez Robles fraccionó contratos o toleró que algunos de ellos se pagaran sin que conste que se hiciera el trabajo. Fueron un total de 130.037,40 euros los que facturó Errexal de este modo en aquella época. Y además se creó una filial llamada Ortzi Muga para que, como Kataia Consulting, las adjudicaciones llegaran de tres en tres.

Los hechos delictivos más graves que se asocian a esta firma son a su uso como pantalla para recaudar comisiones ilegales, como Kataia Consulting. Se ha constatado que fue así en al menos dos ocasiones por valor de 10.080 y 6.990 euros y con dinero negro. Tras adjudicaciones al empresario constructor afiliado al PNV Jon Iñaki Echaburu, este abonó una mordida a la red corrupta por una cantidad equivalente al 4% del valor total del contrato, procedente de ayuntamientos alaveses. Para disfrazar la comisión, Errexal emitía facturas por supuestos trabajos de asesoramiento o apoyo que no se realizaban. Errexal manejó dinero B y pagó nóminas a otros cargos del PNV, como Leire Orueta y Roberto González Muro. La Fiscalía consideró que esta empresa era un "colocadero" de cargos del partido.

Además, en dos campañas electorales el PNV contrató actos con esta empresa. Así fue en las elecciones europeas de 2009, en las que el PNV concurrió en coalición con CiU y Coalición Canaria, y en las autonómicas de ese mismo año. Las facturas giradas por Errexal al partido son de 47.623,80, 28.257,60, 9.848,40 y 6.159,60 euros por los actos políticos, según las cuentas de la empresa. Ello arroja un total de 91.889,40 euros. San Juan y Txitxo también prepararon una propuesta para organizar actividades para niños en los 'batzokis', desde hinchables hasta actuaciones de payasos.

El caso fue juzgado en 2018 después de una larga fase de instrucción. La sentencia llegó en diciembre de 2019, diez años después de la denuncia de Alberdi. Ese fallo de la Audiencia Provincial de Álava -el tribunal lo formaron Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria- está siendo ahora revisado por el Tribunal Supremo tras los recursos de la mayoría de condenados, sin que haya fecha para su resolución. Otro grupo de imputados optaron por confesar y pactar una rebaja con la Fiscalía.

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