La escena empieza en una comisaría de policía de Boston en 1976. En una de las salas, dos niños dibujan en unos papeles, mientras un cura intenta convencer a la madre para que no denuncie al religioso que ha abusado de ellos. Lo consigue. El abusador sale con paso rápido por la puerta y monta en la parte trasera de un coche junto al emisario que ha mandado la Iglesia. El coche arranca y desaparece.
Así es el comienzo de ‘Spotlight’, la oscarizada película el pasado año que relata la investigación que llevó a cabo un equipo de periodistas del Boston Globe sobre los abusos sexuales que habían sufrido decenas de niños y el encubrimiento de las autoridades religiosas de la ciudad.
Lo que viene ahora no es una película. 1994. Burgi, Navarra. Es de noche en el campamento de los scout. Un chaval de 13 años se despierta sobresaltado en su tienda de campaña. Alguien le está tocando los genitales mientras se masturba. El chico está paralizado. No sabe qué hacer. Comienza a gritar “agua, agua” y golpea la tienda y finalmente sale de un salto y se enfrenta al abusador, un religioso de 32 años que es monitor del campamento. Al día siguiente, regresa a casa con sus padres. Más adelante los monitores se reúnen con el chico y sus padres, y les dicen que es su palabra contra la del cura, que lo niega todo. Y se comenta que si los abusos se hacen públicos tendrá consecuencias, la prensa, etcétera, y eso también le podría perjudicar. Él llora del disgusto. Los abusos no trascienden.
Muchos años después el chico ve la película ‘Spotlight’ y las denuncias de casos parecidos al suyo reavivan los recuerdos de aquella noche. Y un día, hace pocos meses, vuelve a ver al abusador en un funeral. Más tarde relatará a un periodista de Berria: “Se me revolvió todo. Han pasado años y nadie me ha ayudado. No sabía lo que sería llevar esta basura dentro durante tanto tiempo. No hubo violencia física pero hizo lo que hizo porque era menor, un niño, aprovechando que estaba solo”.
El abusador es Juan Kruz Mendizabal, el ex vicario general de la diócesis de San Sebastián. Más adelante se sabrá que también abusó de niños en 2001 y 2005. Él mismo lo confesará después de que las víctimas acudan a la diócesis a denunciar los abusos muchos años después. Los tribunales de la Iglesia le juzgarán tras un proceso interno y Mendizabal renunciará como número dos de la diócesis. Desde el obispado explicarán a los periodistas que el religioso ha decidido tomarse un “año sabático”. Nadie sabrá nada sobre los abusos sexuales. Ni los periodistas ni la policía ni los tribunales.
Hasta esta semana.
Esta semana las dos primeras víctimas que acudieron a la Iglesia han publicado un comunicado relatando lo ocurrido. Tomaron la decisión al escuchar rumores sobre otro posible caso de abusos cometidos por el mismo religioso y con la intención de animar a otras víctimas a denunciar los abusos. Y es lo que ha hecho el chico que sufrió la agresión en el campamento de Burgi, a cuyo relato la Iglesia da credibilidad.
Poco después de la nota hecha pública por las víctimas, el obispado confirmó que el religioso había sido condenado por la Iglesia y que confesó “tocamientos deshonestos”. Las víctimas en su nota explicaban que las autoridades eclesiásticas les invitaron a acudir a la justicia pero que les informaron de que también existía un procedimiento “en el marco eclesial” por el que optaron definitivamente. Pensaban que “era un caso aislado y por llevar las cosas con el mayor sigilo posible”.
Ahora sabemos que el cura abusador podría haber sido descubierto en 1994. Y que volvió a abusar de un niño en 2001. Y volvió a hacerlo con otro niño en 2005. ¿Cuántos niños más habrán sufrido agresiones sexuales? “No tengo ninguna duda de que no fuí el único”, relata la última de las víctimas que ha revelado su experiencia.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, defiende que existe un derecho canónico que es suficiente y autónomo para resolver estas denuncias. Mentira. En un país democrático los delitos los investiga la policía y los juzgan los jueces. No los curas. Las víctimas tienen todo el derecho a tomar sus propias decisiones, pero cuando el obispado tuvo noticias de un delito cometido contra menores de edad debería haberlo puesto en conocimiento del fiscal o la policía. Lo contrario es evitar la actuación de la justicia. Y la prueba es que la fiscalía ha abierto una investigación tras conocer los hechos.
Como dice Gara en un editorial esta semana “no se trata de reclamar su lapidación pública, ni de caer en la peligrosa tentación del populismo punitivo, sino de exigir que el código penal vigente para todos los ciudadanos se aplique por igual a curas, monjas, frailes y obispos”. A Mendizabal la Iglesia le quitó sus cargos y le impusieron “diversas penas expiatorias” y no avisaron a la policía. Le libraron de rendir cuentas ante la justicia.
Sobre este blog
Iker Armentia es periodista. Desde 1998 contando historias en la Cadena Ser. Especializado en mirar bajo las alfombras, destapó el escándalo de las 'preferentes vascas' y ha investigado sobre el fracking. Ha colaborado con El País y realizado reportajes en Bolivia, Argentina y el Sahara, entre otros lugares del mundo. En la actualidad trabaja en los servicios informativos de la Cadena Ser en Euskadi. Es adicto a Twitter. En este blog publica una columna de opinión los sábados.
