Patrimonio frena el derribo del inmueble que guarda la memoria de los bombardeos de la Guerra Civil en Palma

El edificio de 1933 bajo el que los vecinos de la barriada palmesana de Foners sitúan un refugio antiaéreo de la Guerra Civil se ha salvado, al menos de momento, de la piqueta. El Consell de Mallorca ha ordenado suspender de forma cautelar la licencia de demolición aprobada por el Ayuntamiento de Palma el pasado mes de septiembre y abre ahora un plazo de tres meses para estudiar si merece protección patrimonial. La amenaza de derribo ha llevado a vecinos y entidades conservacionistas a reclamar la intervención de las administraciones para evitar que desaparezca un inmueble que, además de su valor arquitectónico, podría conservar la memoria de los bombardeos sobre Palma.

La resolución, firmada este lunes y a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido dictada después de que la propiedad no respondiera al requerimiento de la institución insular para facilitar una visita de los técnicos de Patrimonio, que necesitan examinar el edificio y evaluar sus posibles valores históricos. Según recoge el documento, el Consell requirió al representante del inmueble que, en un plazo máximo de 15 días, propusiera al menos dos fechas para que los técnicos pudieran acceder y realizar una visita. Transcurrido ese plazo sin recibir respuesta, la institución insular consideró procedente activar la suspensión cautelar para preservar los posibles valores patrimoniales del edificio.

La decisión paraliza también cualquier obra o intervención que implique el derribo total o parcial del inmueble, ubicado en la confluencia de las calles Miquel Santandreu y Joan Alcover. El Consell insta al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la orden.

La suspensión tiene una duración máxima de tres meses. Durante ese periodo, la institución supramunicipal deberá decidir si permite continuar con las actuaciones suspendidas o inicia un procedimiento para declarar el edificio Bien de Interés Cultural (BIC), Bien Catalogado o adopta otra medida de protección. Si transcurre ese plazo sin que se haya iniciado un expediente de protección ni acordado otra medida, la suspensión se levantará automáticamente y podrán reanudarse los trámites y las obras de demolición previstas en la licencia municipal.

La decisión responde a las peticiones de la Associació de Veïnats de Ses Veles y de la entidad patrimonial ARCA, que habían reclamado la intervención del Consell para evitar la desaparición del inmueble y esclarecer su posible valor histórico. Los vecinos llevan años reclamando que se proteja el edificio, tanto por su arquitectura como por los recuerdos de quienes vivieron los bombardeos de la Guerra Civil y sitúan bajo sus cimientos un refugio antiaéreo.

La orden se fundamenta en los artículos 23 y 24 de la Ley 12/1998, de Patrimonio Histórico de las Illes Balears. Estos preceptos permiten al Consell impedir intervenciones y ordenar la suspensión de demoliciones, totales o parciales, en inmuebles que puedan integrar el patrimonio histórico aunque todavía no estén declarados BIC ni catalogados. La medida tiene carácter preventivo: no supone que Can Sabater haya sido declarado ya bien protegido ni que se haya acreditado la existencia del refugio.

Los testimonios sobre el refugio de la Guerra Civil

La posible existencia de una infraestructura antiaérea bajo el edificio ha sido uno de los argumentos centrales de la movilización vecinal. En una entrevista publicada en mayo de 2014 en el boletín de la Associació de Veïnats de Ses Veles, Teresa Valls, conocida en el barrio como Doña Teresita, recordaba que en Can Sabater había refugios y que, cuando sonaban los bombardeos, los vecinos corrían hacia la entrada. “La boca del refugio estaba debajo de unas maderas”, relataba. Valls, ya fallecida, también recordaba que sus padres habían abierto un horno en el inmueble cuando ella tenía unos 16 años.

A ese testimonio se suma el de Joana Maria Llull, de 97 años, que tenía ocho durante la Guerra Civil. En un vídeo difundido por ARCA, la mujer recuerda cómo su familia y otros vecinos buscaban protección cuando sonaban las sirenas. Según la reconstrucción de la entidad, el refugio habría sido construido en 1937, contaba con dos accesos y disponía de una salida de emergencia hacia el patio de una vivienda. Sin embargo, su existencia y su estado actual todavía no han sido comprobados mediante una inspección física.

El historiador Bartomeu Fiol, autor del Atles dels refugis antiaeris de Palma, en el que documentó más de 700 refugios en la ciudad -unos 130 públicos y más de 600 construidos por particulares-, explicó a elDiario.es que no tenía documentado hasta ahora el que los vecinos sitúan bajo Can Sabater, aunque considera que los testimonios hacen plausible su existencia. El investigador defiende la necesidad de inspeccionar el inmueble para determinar si la infraestructura sigue allí, si es accesible y en qué condiciones se encuentra. También advierte de que la existencia de un refugio durante la guerra no implica necesariamente que se conserve en la actualidad ni que su valor patrimonial pueda establecerse sin examinarlo.

Un edificio de 1933 en el limbo de la protección urbanística

Can Sabater fue proyectado por el arquitecto Jaime Alenyà, tal como acredita el expediente municipal de obras de 1932 consultado por este periódico. La fachada conserva la inscripción “AÑO 1933” y el inmueble constituye uno de los edificios de la primera etapa de expansión urbana de Foners. Su arquitectura, con una esquina redondeada y balcones de hierro, es uno de los elementos que los vecinos reclaman preservar.

La Associació de Veïnats de Ses Veles había solicitado ya en 2016 y de nuevo en 2022 la protección de una decena de edificios del barrio, entre ellos Can Sabater. La entidad denuncia que las reivindicaciones no se tradujeron en una protección efectiva. El inmueble aparecía recogido con protección ambiental en el Plan de Ordenación Detallada (POD), pero este instrumento urbanístico no llegó a aprobarse definitivamente y decayó en noviembre de 2023. Esa circunstancia dejó sin efecto la protección prevista en aquel catálogo.

ARCA, por su parte, había pedido al Ayuntamiento que revisara técnicamente el proyecto de demolición y que se comprobara la posible existencia del refugio. También solicitó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que estudiara la posibilidad de reconocer el inmueble como Lugar de Memoria Democrática y reclamó la intervención del Consell al amparo de la legislación autonómica de patrimonio histórico.

La resolución de este lunes abre ahora un periodo decisivo para el futuro del edificio. La suspensión impide de momento que avance su demolición, pero no garantiza su conservación. En los próximos tres meses, los técnicos deberán poder evaluar sus características y la Administración insular tendrá que decidir si los valores arquitectónicos, históricos o vinculados a la memoria de los bombardeos justifican iniciar un procedimiento de protección.