El pasado lunes, 14 de mayo, cuatro de los cinco sindicatos de enseñanza pública vasca firmaron un acuerdo de mejora de las condiciones laborales, tras seis años de sequía negociadora. Que algo más de tres de cada cuatro profesionales del sector (según los resultados de las últimas elecciones sindicales) avalen el documento final presentado por la Administración indica dos cuestiones, a vuela pluma.
La primera, que el aumento en la frecuencia negociadora (en Mesas Sectoriales y en reuniones bilaterales) reflejaba el deseo de ambas partes –la sindical y la Consejería- de aprovechar la primera ocasión en que había contenido sobre la mesa y de explorar el horizonte final al que pretendía llegar la Administración. En este sentido, es importante recordar tiempos lejanos más aciagos en los que los sindicatos eran acusados de no persistir en el diálogo y de “refugiarse” tras las distintas y variadas movilizaciones emprendidas. Se oyeron comentarios malintencionados sobre el profesorado -que el Gobierno no sólo no censuró, sino que incluso propició-, al que se acusó de colectivo privilegiado (el Sr. Erkoreka, sin ir más lejos) y sobre los propios sindicatos, a quienes se afeó la conducta de utilizar la movilización como estrategia, por el desamparo en que quedaba el alumnado implicado (la Sra. Uriarte).
El interés demostrado por los sindicatos –tras la Mesa Sectorial del pasado diciembre, que explicitó el cambio de actitud de la Consejería de Educación- demandando más concreción de aquella primera propuesta y un calendario de reuniones, desmiente aquella batería de comentarios disparatados y confirma, a su vez, la vieja máxima sindicalista: negociación+movilización.
La segunda cuestión tiene que ver con el alcance del propio acuerdo conseguido. Creo no equivocarme si planteo que es el resultado concreto de la conjunción de muchos y variados intereses legítimos sindicales, a la vez que señala la dosis suficiente de frustración por no cerrar demandas arrastradas o gestionadas en los más de seis años sin negociación efectiva. Vayan por delante los “peros”, las dudas y las inquietudes finales por la falta de concreción de algunos temas concretos, planteados sin intención de enumeración ordinal.
Es necesario buscar un encuadre normativo, mejor que el presente, que permita un futuro menos inquietante que el actual para el colectivo interino educativo público. Los sindicatos continuamente instan a la Administración a la búsqueda de una salida para este colectivo comprometido con la Enseñanza Pública, pero que, sin embargo, es fácilmente ignorado cuando no resulta necesario para el sistema, olvidando que sigue dando lo mejor de sí mismo en atención, dedicación, esfuerzo e innovación educativa.
Es cierto que el compromiso de la Administración de convocatorias continuadas de plazas a través de próximas Ofertas Públicas de Empleo hará disminuir el exagerado volumen de inestabilidad actual de las plantillas en los centros (aunque no lo solucionará) y permitirá que gran parte de este colectivo acabe integrándose como nuevo funcionariado. En este sentido, hay que señalar que aquel primer anuncio de 5.000 plazas para lo que resta de legislatura ha quedado francamente superado por la insistencia sindical y el número final estará más cerca de las 6.000 que del inicialmente ofrecido. Así y todo, el problema interino no habrá desaparecido por distintos motivos, el principal la imposibilidad/dificultad de presentación de determinados grupos a las propias ofertas (profesionales con especialidades de demanda escasa, sin perfilación lingüística, de edad avanzada, con cargas familiares importantes,…) lo que lleva a buscar soluciones de continuidad que ahora no se contemplan.
Habrá que seguir dialogando – y mucho- , por tanto, para encontrar una salida que dé mayor estabilidad a este personal interino. Deberá buscarse un nuevo encaje, superado el proveniente del Acuerdo Regulador de 2010 que estableció el derecho de fijación, una vez comprobado que no garantiza el total de puestos a las personas situadas en los primeros lugares de las listas de interinidad. El acuerdo firmado el pasado 14 de mayo compromete a las partes a la búsqueda de esas soluciones que, hoy en día, se aventuran complicadas.
Tampoco la parte sindical firmante ha podido conseguir extender para este mismo colectivo interino el derecho a reducción de horas lectivas por razón de edad, que inicialmente se aplicará tan solo al personal funcionario que no tenga posibilidad de prejubilarse voluntariamente. Se introdujo en el documento final, sin embargo, la salvaguarda temporal de seis meses para su negociación y ser considerado un punto prioritario entre los asuntos pendientes. Habrá que esperar y confiar en que las negociaciones prosperen en la línea deseada.
Un tercer elemento sin abordar en el acuerdo suscrito, pero que se contemplará en la negociación del resto de asuntos que están en el propio acuerdo de 2010, es el de la indemnización por jubilación voluntaria, derecho suspendido desde 2012 y que ya ha sido objeto reciente de una Proposición No de Ley en el Parlamento Vasco, aprobada por la oposición y en la que se insta al Gobierno Vasco a eliminar la actual suspensión, a recuperar la fórmula pactada en 2010 y a negociar la devolución de las cantidades pendientes. La parte sindical seguirá muy de cerca esta cuestión porque es un derecho que se consiguió para cumplir la doble función de permitir una jubilación voluntaria a cuantas personas lo solicitaran, así como la de ayudar a rejuvenecer una plantilla claramente envejecida.
El acuerdo del 14 de mayo presenta (como es fácil entender si ha supuesto la firma de una mayoría sindical tan amplia) evidentes mejoras en el camino de recuperación de los derechos sociolaborales del colectivo docente público vasco. Así, se avanza en situaciones concretas, como la devolución del derecho a reducción de jornada lectiva por edad; en la provisión definitiva de puestos en los servicios de apoyo (IRALE, barnetegis, Berritzegunes, Ingurugelas, CRI, Atención Hospitalaria, domiciliaria,..) tradicionalmente prorrogados 'ad eternum' mediante comisiones de servicio; o en la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo, más de 450 plazas en los dos próximos años, en todas las etapas educativas y servicios de apoyo.
Donde el Acuerdo es más novedoso es en la aportación de mejoras que se han venido solicitando en los últimos años y que hasta ahora estaban siendo desoídas. De este modo, se ha conseguido convencer a la Administración de la necesidad de cubrir las sustituciones desde el primer día en todas las etapas y se ha acabado con la polémica de si tal situación no era comparable en Infantil y en Bachillerato, por ejemplo. También se está en fase de solución otro reclamación sindical histórica, como es la apertura y mantenimiento de listas de sustituciones, al asumirse el compromiso de que irán quedando de tal manera, a medida que vayan convocándose las OPE en los distintos cuerpos y etapas. En consecuencia, en 2020 todas las listas estarán –y permanecerán- abiertas.
Otro elemento que estaba en el acuerdo de 2010, pero que no se había iniciado su desarrollo posterior era la asignación del personal administrativo en Educación Infantil y Primaria a más centros de los que actualmente gozan de ayuda horaria concreta. Tras el acuerdo de 2018 se amplia esta figura a los centros de más de 7 aulas y se les posibilita la opción de contar con personal auxiliar administrativo concreto o mantener su equivalente horario en la figura de un/a docente voluntario/a para el puesto.
Con todo, la principal novedad proviene del reforzamiento de plantillas en las etapas de Primaria y Secundaria, a partir de la creación de un Índice de Necesidades Educativas (INE) que asignará recursos a los centros a partir de la combinación de ocho factores, en los que se combinan resultados escolares en competencias básicas, ISEC del centro, alumnado repetidor, NEEs, becarios, procedencia de familias y alumnado y estabilidad del personal docente del centro. El acuerdo obliga a la Administración a una asignación inmediata de recursos docentes para el curso académico entrante a 124 centros de Primaria y 21 en Secundaria, así como la extensión en los próximos cursos a otro buen número de centros.
Siendo importante esta iniciativa, queda un regusto amargo para cuantos creemos que es un parche (necesario) que no solucionará el problema si no viene acompañado de otras medidas futuras que busquen un reparto más proporcional de este alumnado. De no conseguirlo, se perpetuarán tales ayudas y acabará estigmatizándose centros específicos de forma peligrosa para la calidad educativa que se debe conseguir en cada comunidad escolar.
El Acuerdo de 2018 no olvida -aunque de momento no soluciona- otra de las mayores preocupaciones del colectivo docente que ha generado profundo malestar respecto a la Administración: el complemento por Incapacidad Temporal. Es cierto que la redacción del texto no deja lugar a dudas sobre las intenciones de la Consejería por volver a la situación previa a los recortes de 2011; es decir, aplicar el 100% el complemento al conjunto de trabajadores/as de la Enseñanza Pública. Pero la realidad es que este asunto se debe llevar a negociación en Mesa General de Función Pública, que es el lugar en el que entonces se restringió. Es momento, por tanto de que los sindicatos con presencia en tal Mesa insistan en su derogación y en la reversión de la medida en los términos que el propio acuerdo señala. No hay duda de que se hará, aunque ello suponga de momento una incertidumbre sobre el instante en que se acabará ejecutando.
Esta misma Mesa General de Función Pública también deberá negociar sobre la cuestión de las retribuciones salariales para 2018, habida cuenta de que el Acuerdo suscrito en marzo por el Área Pública de CCOO, UGT y CSIF con el Ministerio de Administraciones Públicas desbloqueaba tales cuestiones para negociación en el ámbito autonómico. Me consta que los sindicatos han reclamado una y otra vez la convocatoria de una MGFP que aborde tales temas (retribuciones e ITs) y habrá que esperar a conocer la actitud del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, que gestiona el Sr. Erkoreka competente en estas materias.
En definitiva, el acuerdo suscrito por la mayoría sindical con la Viceconsejera Olatz Garamendi la pasada semana es un principio que augura futuras negociaciones, intensas, largas, probablemente a cara de perro algunas, pero necesarias para conseguir suscribir el objetivo final que busca todo sindicato: un buen nuevo convenio que satisfaga por un periodo amplio al colectivo docente y que asiente un periodo de estabilidad y colaboración institucional en el proyecto común compartido por todos: construir un sistema educativo público vasco en la vanguardia de calidad y equidad para el alumnado y plenamente satisfactorio para el profesorado.
Recuerdo en estos momentos, en los que la duda puede ser enemiga traicionera, un refrán familiar, citado en ocasiones por mi madre: “Camino comenzado es medio andado”. De eso se trata, de avanzar con seguridad de estar construyendo un futuro mejor. Aurrerantz!
Sobre este blog
Viento del Norte es el contenedor de opinión de elDiario.es/Euskadi. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
