La decisión de la mayoría parlamentaria de no reformar en serio, como decía Ronald Dworkin cuando hablaba de derechos, la ejecución hipotecaria que contiene la Ley de Enjuiciamiento Civil, deja sin solución un gravísimo problema y acarreará consecuencias imprevisibles. La realidad actual, desnudada por la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo pasado, es que nuestro proceso no garantizaba los derechos de los consumidores que el acervo europeo trata de asegurar generando un problema que ha sido correctamente percibido por numerosas resoluciones de juzgados y tribunales españoles que han puesto de manifiesto la desproporción entre la tutela del crédito y el derecho de los ciudadanos a un proceso con las debidas garantías.
El Gobierno había modificado en dos ocasiones en la legislatura la regulación de los desahucios por impagos de hipotecas. Además, la mayoría parlamentaria que lo apoya había tomado en consideración, pese a su oposición inicial, la Iniciativa Legislativa Popular que pretendía la regulación de la dación en pago incluso con efecto retroactivo. Pero la tramitación parlamentaria del último Real Decreto Ley que suma la ILP ha dado un magro resultado, pues los avances que sin duda representa respecto a la insostenible regulación previa, son insuficientes para afrontar el drama de la pérdida de vivienda de muchísimos ciudadanos.
La mayoría parlamentaria no ha querido ver la magnitud del problema. La preocupación por cumplir el objetivo de consolidación fiscal (sin tocar las rentas más desahogadas), se sobrepone a elementales razones de justicia y equidad que habían logrado un amplísimo apoyo social, porque todos percibimos que la crisis, de tantos rostros, decanta en el de quienes han perdido todo y ni siquiera tienen donde alojar su desesperación.
Pero que no se quiera ver no significa que el problema no exista. Los escraches han sido solo un aviso del abismo social, y consecuentemente político, al que nos enfrentamos. Quien no quiera ver la descomposición política a la que contribuyen muchas razones, como los recortes en servicios fundamentales o los escándalos de corrupción, es que está ciego. La crisis institucional a la que nos enfrentamos está ahí, y por mucho que se piense que ya escampará, está incrustada hasta el tuétano de la fibra moral de nuestra sociedad. Cada vez que hay elecciones percibimos nuevos síntomas de lo que ocurre cuando no se dan respuestas a injusticias colectivas, o cuando las respuestas siguen pautas tecnocráticas incapaces de dotar de alguna legitimidad al sistema político.
Para proteger a quienes, sin ninguna responsabilidad, se vieron privados de su trabajo, que les impidió pagar una vivienda cuyo precio, también sin ninguna responsabilidad, ha disminuido por debajo de lo precisó para poder desprenderse de ella y abonar las cargas financieras que asumió, con la cooperación imprescindible de quienes facilitaron crédito sin restricción alguna, hay soluciones legislativas que otros países contemplan desde hace décadas. Si no se aprueba la dación en pago, con la moderada redacción que proponía la ILP, cabe limitar la responsabilidad patrimonial universal permitiendo la liberación de las deudas de familias a través de la reforma de la Ley Concursal, o disponer una moratoria que libere de la obligación de afrontar el préstamo y sus intereses de todo tipo, durante el tiempo que sea preciso. Lo que es insufrible es la actual situación de pasividad e inacción.
Según el INE, el 21,8 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Una cuarta parte de los trabajadores no tienen empleo. Miles de familias están abocadas a perder su vivienda y padecer exclusión social. Los fondos públicos se han centrado en salvar de la quiebra a entidades financieras, mientras los escándalos sobre la utilización torcida de los recursos presupuestarios se suceden. El descreimiento de las fuerzas políticas mayoritarias, que revelan los estudios sociológicos, es otro síntoma de que el populismo nos amenaza como a los italianos. Y pese a todo, queremos seguir sin ver que esta situación necesita de electroshock, de una política que exija sacrificios también a quienes disponen de más recursos, participando en un proyecto común de regeneración social, política y económica. Todavía tenemos un régimen democrático con todos sus defectos, preferible a la mejor y más perfecta de las dictaduras. No podemos seguir negándonos a ver.
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