Reorientar la ponencia educativa

La ponencia de educación se encuentra en fase de borrador y de aportación de enmiendas tanto para los partidos como para los comparecientes, según el calendario que ha establecido la propia comisión, con la idea de cerrar el proceso de acuerdo para el 28 de febrero antes de pasar a la elaboración de la futura ley vasca. Quiero hacer un breve relato del recorrido realizado y una exposición de mis objeciones hacia el texto presentado.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Se comenzó el curso anterior con la negociación entre el principal partido del gobierno y el principal partido de la oposición. En septiembre el Lehendakari anuncia en el Pleno de Política General que existe una alta sintonía ente dichos partidos en materia educativa. El otro partido del Gobierno empieza entonces su largo desperezamiento. No era políticamente correcto lanzar acuerdos sin un proceso participativo. Se decide parar las máquinas. Se anuncia que Eusko Ikaskuntza será quien canalice ese proceso participativo, algo que se recibe con cierta incomodidad por esta institución, pues su proyecto es diferente: el Libro Blanco sobre la educación en Euskal Herria. Se organiza el simposio —en el que tuve el honor de participar gracias al Departamento— cuyas conclusiones no tengo todavía claras. Para entonces, el juego de las desconfianzas había puesto en circulación la sospecha de que podría ser una maniobra para blanquear el supuesto preacuerdo entre partidos. Se traslada, entonces, el eje participativo al Parlamento, con la creación de una ponencia para el pacto escolar y un centenar de comparecencias.  

¿Cómo se ha gestado el documento? Un proceso de pacto exige una metodología concreta que no se ha practicado. Parece que el propio ejercicio maratoniano de escuchar a comparecientes justificara por sí mismo el carácter participativo del texto, más allá de sus resultados. No ha habido una relatoría a medida que se sucedían las comparecencias, un ejercicio de ir buscando síntesis, de ir ordenando ideas, de ir encontrando puntos coincidentes y discordantes, de ver el peso de cada cuestión. Como consecuencia, no se ha creado un texto ex novo y ad hoc a partir del material de las comparecencias, sino que se ha recuperado un texto que sirvió de base para las negociaciones previas a “los procesos participativos” y probablemente –es una conjetura— se han tomado en consideración aquellas aportaciones que mejor podrían encajar con los puntos que se suponían de encuentro. El borrador de la ponencia no es exactamente igual que alguna de las versiones que se fueron intercambiado los partidos, pero es primo-hermano, coincidiendo la estructuración con sus epígrafes y gran parte de las redacciones. No quiero decir que no se haya comportado honradamente el presidente. Seguramente es la mejor manera que ha encontrado de ofrecer un texto que ha estimado cercano al acuerdo, a partir de las aproximaciones previas de algunos partidos. No sé con qué apoyo logístico ha podido contar para su trabajo, pero llama la atención que las señorías de la ponencia declaren no haber participado para nada en la elaboración del texto, como si la presentación de un borrador, que ya pone un marco al resto de las aportaciones, fuera un trámite ingenuo. 

El borrador presentado, que, pese a sus inconcreciones y olvidos, contiene muchos elementos interesantes, debe transfigurarse en un texto articulado de carácter programático, para de esta manera saber a qué atenernos

¿Cuál es el formato del documento? Se ha buscado deliberadamente un texto de literatura educativa que dificulta la discrepancia, que ni siquiera recibe la denominación de pacto, sino de “Bases de la educación para el siglo XXI”. Se pone el acento en la ley, como si fuera el fin último, cuando esta debe reflejar un insoslayable acuerdo de país, por el que no se puede pasar de puntillas. Un texto líquido sin concreciones en las cuestiones más controvertidas aparentemente aproxima el acuerdo. Pero la ambigüedad hace perder credibilidad y medra la desconfianza. Un ejemplo, las declaraciones del consejero y las de algunos responsables de Bildu respecto a la concertación universal reflejan diferencias de calado que no pueden quedar sin dirimir. O bien, ¿en qué se sustancia que se diga que la escuela pública es “esencial”? Mientras el texto hace ejercicios de funambulismo en algunas redacciones, se han puesto en marcha elementos claves para el desarrollo del propio acuerdo, como los decretos de planificación y de conciertos, sin tener acordados aún los criterios de actuación. 

¿Qué puede hacer en adelante la ponencia educativa del Parlamento? Un pacto que sea serio debe ser programático. No quiere decir que todos y cada uno de los detalles deben ser acordados, tarea imposible, pero sí las actuaciones concretas que se van a desarrollar en la dirección acordada. El pacto tiene un momento fundante, pero siempre es una tarea de permanente negociación en el desarrollo de cada una de las medidas, algo que ya no será responsabilidad exclusiva del departamento de turno, sino de todos aquellos partidos y agentes educativos firmantes, porque se ha convertido en un acuerdo de país. Un texto de literatura educativa y un texto programático son de naturaleza distinta, por lo que el primero no se convierte en lo segundo a golpe de enmiendas. Por tanto, el borrador presentado, que, pese a sus inconcreciones y olvidos, contiene muchos elementos interesantes, debe transfigurarse en un texto articulado de carácter programático, para de esta manera saber a qué atenernos. Que sus señorías no se pongan plazos, porque lo más importante no es la ley, sino abrir un nuevo ciclo de transformación en nuestra educación y ahora mismo hay muchas dudas sobre ello.