Cuando la vivienda duele, gobernar es elegir

“El mercado no es un destino; es una construcción social” (Pierre Bourdieu). En vivienda, los diagnósticos empiezan a resultarnos dolorosamente familiares. Sabemos que los alquileres han corrido más que los salarios. Sabemos que la emancipación juvenil se retrasa hasta edades incompatibles con cualquier idea razonable de autonomía personal. Sabemos que muchas familias trabajadoras viven pendientes de una renovación de contrato, de una subida inasumible o de una oferta que desaparece en cuestión de horas. Sabemos también que la vivienda ha dejado de ser una preocupación localizada en los márgenes de la vulnerabilidad para convertirse en una inquietud transversal, que atraviesa a jóvenes, clases medias, familias con empleo, personas mayores y barrios enteros.

Lo que ya no podemos permitirnos es seguir describiendo el problema sin modificar de manera profunda las condiciones que lo producen. La vivienda se ha situado en el centro de la agenda pública porque ha entrado de lleno en el centro de la vida de la mayoría social. Y cuando un bien de primera necesidad se convierte en una fuente de angustia cotidiana, la política no puede refugiarse en la neutralidad. Gobernar es elegir. Y ante una emergencia habitacional, elegir significa poner la capacidad pública del lado de quienes necesitan una vivienda para vivir, no de quienes la conciben únicamente como una expectativa de rentabilidad.

Esa es la razón de ser del Decreto de Medidas Urgentes aprobado por el Gobierno Vasco. No es una norma más. Es una pieza esencial del escudo social vasco en materia de vivienda. Un escudo pensado para proteger a la demanda, ampliar derechos, movilizar vivienda, regular donde sea necesario y acelerar respuestas allí donde los procedimientos habituales ya no alcanzan el ritmo de la vida real.

Durante demasiado tiempo se nos ha querido encerrar en una discusión simplista: oferta contra demanda, mercado contra intervención, regulación contra libertad. Ese marco es pobre y, sobre todo, inútil para quien necesita una casa. Euskadi no puede permitirse soluciones de trinchera ni prejuicios ideológicos. Necesitamos toda la potencia pública y privada disponible. Construir más vivienda protegida, sí. Movilizar vivienda vacía, también. Regular los precios en zonas tensionadas, por supuesto.

No hay una medida milagrosa. Hay una política pública que debe operar en todos los frentes. El escudo social parte de una convicción sencilla: la vivienda no puede ser tratada como un bien cualquiera. Es la condición material que permite casi todo lo demás. Sin vivienda no hay emancipación, no hay igualdad de oportunidades, no hay arraigo comunitario, no hay proyecto familiar ni estabilidad emocional suficiente para construir una vida. Tampoco desarrollo económico ni competitividad.

Por eso este decreto adapta algunos de los instrumentos centrales del sistema vasco de vivienda a la realidad actual del mercado. Bizigune se refuerza para captar más vivienda vacía y ponerla al servicio del alquiler asequible. Gaztelagun se actualiza porque las condiciones de emancipación de las personas jóvenes no son hoy las mismas que hace una década. Las rentas máximas subvencionables se elevan y se incorporan nuevas realidades residenciales como el alquiler de habitaciones y el subarriendo, que durante demasiado tiempo han estado en la vida real antes que en las normas. También ampliamos la reserva de vivienda protegida en alquiler para menores de 36 años, porque una sociedad que aplaza indefinidamente la emancipación de su juventud se está empobreciendo por dentro.

Otro paso especialmente relevante ha sido la incorporación de los índices de referencia de precios del alquiler para los tres territorios. Con ellos, las zonas tensionadas quedan reguladas al completo en Euskadi. Esto no es una declaración simbólica. Es una herramienta efectiva para intervenir allí donde el mercado ha dejado de ofrecer respuestas razonables y equilibradas, convirtiéndose en una peligrosa amenaza de inequidad. Regular no es un capricho. Regular es reconocer que hay ámbitos de la vida colectiva que no pueden quedar abandonados a la ley del más fuerte. Lo hacemos, además, desde un modelo vasco que busca combinar protección e incentivo. No se trata solo de limitar precios. Se trata también de asociar las zonas tensionadas a una estrategia más amplia: captar vivienda, activar suelo, facilitar nuevos desarrollos, aplicar atractivos incentivos fiscales, mejorar la colaboración con los ayuntamientos y ordenar un mercado que hoy expulsa a demasiada gente de los lugares donde quiere vivir.

La vivienda se ha convertido en la gran causa social y económica de nuestro tiempo. Y toda causa justa requiere algo más que gestión: requieren dirección política, compromiso moral y una cierta disposición al combate democrático. Combatir la idea de que la vivienda es ante todo un activo financiero. Combatir la resignación de quienes dicen que no hay nada que hacer.

Un ejemplo de innovación social en política de vivienda es el nuevo modelo intergeneracional de apartamentos dotacionales que Alokabide está implementando. Las futuras promociones combinarán alojamientos para jóvenes y apartamentos dirigidos preferentemente a personas mayores de 70 años, autónomas, que voluntariamente quieran trasladarse a una vivienda más adecuada a su momento vital y pongan su vivienda en propiedad a disposición de Bizigune. La idea es poderosa porque rompe varios bloqueos a la vez. Ofrece a personas mayores una alternativa accesible, segura, comunitaria y mejor adaptada a sus necesidades. Facilita la emancipación juvenil en un régimen rotativo. Y permite incorporar viviendas hoy infrautilizadas al alquiler asequible. No enfrenta generaciones: las conecta. No mira a las personas mayores como un problema: las reconoce como parte activa de la solución. No se limita a construir metros cuadrados: construye comunidad.

Sirva este caso para visualizar la política de vivienda que necesitamos: una política capaz de sumar protección social, inteligencia urbana e innovación pública. Una política que no se conforme con contar viviendas, sino que se pregunte qué vidas hace posibles.

El plan integral de acceso a la vivienda empieza por una decisión política clara: proteger. Proteger a quienes alquilan, con mayor seguridad y certidumbre también para los propietarios que desean alquilar. Proteger a quienes quieren emanciparse. Proteger el derecho a quedarse en nuestros barrios o ciudades sin riesgo a vernos expulsados por una concepción financiera de la vivienda con la que nos estamos haciendo mucho daño como sociedad. 

Hay debates que definen una época. La vivienda es uno de ellos, y la buena noticia es que Euskadi tiene un plan.