Vivienda, un contrato social

Hace diez años, el Parlamento Vasco reconoció la vivienda como un derecho subjetivo, tan esencial como el resto de pilares del Estado del Bienestar. Hoy ese compromiso sigue vivo, y es gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas y también al trabajo de los sucesivos gobiernos que desde entonces han compartido los valores que emanan de la Ley 3/2015 de derecho a la vivienda.

A la vista de las circunstancias actuales, esta efeméride no puede recordarse a modo de celebración triunfalista o autocomplaciente. El desafío que aún hoy representa la escasez y carestía de vivienda exige la renovación de un “contrato con la ciudadanía” por el que la vivienda pasó a ser un derecho subjetivo en el País Vasco, así como con el papel de las administraciones en la consecución de este objetivo. Y la renovación de este “contrato social” exige evaluar el desempeño de esta y otras normas que afectan a la compleja cadena de valor de la vivienda, y apuntar a los nuevos pasos que la actual situación plantea.

De ser un derecho declarativo y genérico enunciado en el texto constitucional, carente de una prestación concreta, gracias a esta ley vasca el derecho a la vivienda pasó a ser un derecho de carácter subjetivo en Euskadi, exigible a los poderes públicos -al igual que la educación o la sanidad-. En la práctica, esto significa que la administración está obligada a proporcionar un alojamiento digno en alquiler protegido. Y, de forma subsidiaria, a prestar el debido apoyo económico para acceder a una vivienda en el mercado libre.

La vivienda ocupa hoy un lugar central en la agenda de este gobierno, del mismo modo que “el problema de la vivienda” lo ocupa en la vida y en los anhelos de nuestra ciudadanía. Así lo atestiguan los numerosos y variados estudios demoscópicos que sitúan la escasez y carestía de la vivienda como uno de sus principales problemas.

Nuestra ley constituye la clave de bóveda de la arquitectura jurídica de nuestro país en materia del derecho a la vivienda y una exigencia política y social de primer orden. La iniciativa legislativa impulsada por el PSE-EE, y que finalmente obtuvo el respaldo del Parlamento con los votos favorables de EH Bildu y el escaño de UPyD, fue pionera, avanzada, se adelantó a su tiempo y eso ha propiciado que hoy sea un referente. Su fortaleza diez años después de su aprobación, sin duda, la ha convertido en una referencia para quienes hoy nos miran desde otras comunidades dando sus primeros pasos en esta dirección.

Como dijo Oscar Niemeyer, el arquitecto y urbanista brasileño, “las personas tienen que soñar, de lo contrario las cosas simplemente no suceden”. Pero este mandato legislativo no es sólo un sueño, ni un texto de filosofía jurídica. Esta ley nos impele a la audacia y a la tenacidad como responsables institucionales que somos. Las necesidades de los jóvenes vascos han cambiado, la sociedad es diferente a la de la década anterior, y la crisis de 2009 sembró de piedras el camino por el que transitar. Somos conscientes de que la cadena de valor de la vivienda constituye un fenómeno extraordinariamente complejo. Hay que afinar muchas teclas para conseguir la armonía adecuada. Por eso, hemos de desconfiar de quienes prometen soluciones o bálsamos de fierabrás, ofreciendo respuestas mágicas e inmediatas o se encastillan en regulaciones aparentemente bienintencionadas, pero que han demostrado sobradamente sus límites o carencias a lo largo del tiempo.

No es pretencioso afirmar que, como país, hemos venido haciendo los deberes. Recordaré simplemente la firma del Pacto Social por la Vivienda y la puesta en marcha del Foro Social de Urbanismo y Vivienda. Nos comprometimos a que el trabajo de diagnóstico fuera coral y compartido. Y anunciamos que el arsenal normativo e instrumental del gobierno estaba en posición de combate para responder a los nuevos retos de una sociedad en permanente cambio. En esta década, desde la aprobación de la Ley-2015, el parque actual de vivienda en alquiler asciende a 28.000 viviendas de las que 18.000 son gestionadas por Alokabide. Más de 3.000 unidades convivenciales han accedido a una vivienda de alquiler. Y, a día de hoy, 33.000 personas reciben una prestación económica destinada a sufragar gastos de vivienda en alquiler.

Pero estas cifras no son todo lo satisfactorias que quisiéramos. Las prestaciones y subsidios constituyen hoy la primera medida a nivel cuantitativo, cuando la ley establecía esta medida como complementaria a la prestación directa de una vivienda en alquiler. Nuestra vocación, en sintonía con la Ley cuya aprobación conmemoramos hoy, debe ser la de responder con viviendas contantes y sonantes -y no tanto con subsidios y prestaciones, que también- a las necesidades de vivienda digna de nuestra ciudadanía.

A tal fin, estamos definiendo una hoja de ruta coherente con objetivos claros y con un marco de referencia despejado. En primer lugar, perseguimos la conformación de una reserva estratégica de suelo, dado que el suelo es la materia prima imprescindible que permite la posterior promoción y edificación de vivienda. Y hay que recordar que el gobierno no dispone actualmente de suelo, sino que éste reside mayoritariamente en los ayuntamientos.

En segundo lugar, es imprescindible abordar una nueva regulación que aligere la tramitación del suelo. Hoy los tiempos de la tramitación son incompatibles con la vida de la gente, con la urgencia vital de disponer de una vivienda. Es imprescindible, por tanto, otro ritmo de desarrollo de los procesos urbanísticos que sea compatible con el tiempo y con las necesidades de la ciudadanía. Creo firmemente que el éxito de un mercado equilibrado y accesible depende hoy en gran medida de la revisión y de la actualización de la Ley del Suelo a las necesidades de nuestro país.

En tercer lugar, la ley de 2015 señala la necesidad de desarrollar una gestión eficiente y la captación de recursos para una política de vivienda sostenible. Trabajamos para impulsar, en esta dirección, un Fondo Social para la financiación público/privada de la vivienda de alquiler. Es preciso reconocer que los presupuestos públicos no son suficientes para abordar esta tarea colosal. Se equivocan quienes piensan que la voluntad política y los poderes públicos exclusivamente son capaces de mover montañas. Necesitamos incorporar capital privado en este proceso de transformación. Y sumar también a la causa social de la vivienda diferentes instrumentos financieros públicos, extrayendo el mejor provecho del mandato que tanto el BEI, como el ICO o el mismo Instituto Vasco de Finanzas tienen de la Comisión Europea, el Gobierno de España y el Gobierno vasco respectivamente.

En cuarto lugar, no se entiende que, si la vivienda ocupa un lugar central en nuestra sociedad del bienestar, se deje la regulación en manos del mercado. Esto no ocurre en sectores y mercados estratégicos como la energía o el trabajo. Y es incomprensible que la regulación del precio de la vivienda sea tan insuficiente, mientras asistimos a una carrera desbocada de precios y de condiciones fuera de toda lógica. Creo sinceramente que la aplicación de zonas tensionadas constituye una herramienta muy válida, que permite regular los alquileres en zonas en que estos se han disparado, impidiendo el acceso a un alquiler razonable y asequible para buena parte de las clases medias.

El reto es apasionante. Se trata de situar a la ciudadanía en el centro de la política. La fortaleza del consenso político y la firmeza de nuestra voluntad constituyen el mejor aval para afrontar este desafío. Decía Aldo Rossi, el célebre urbanista italiano del neorracionalismo, que “el espacio urbano es un campo de luchas, pero también es un campo de encuentros”. Hagamos que la política de vivienda propicie igualmente espacios de encuentro y de acuerdos de país.