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El consejero de Vivienda defiende políticas “socialdemócratas” en Euskadi frente “al 'thatcherismo' y el chavismo”

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, este miércoles en el Parlamento

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, repite hasta la extenuación que sigue en “posición de combate” contra la principal preocupación social, según las encuestas. Lo ha dicho por enésima vez en la presentación de los presupuestos para 2026, aunque EH Bildu y PP le han lanzado desde la oposición críticas en sentido contrario, los unos por primar el negocio privado y los otros por intervencionista. “Entre el 'thatcherismo' y el chavismo está este Gobierno”, ha ironizado Itxaso, que ha dicho que Euskadi aplica políticas “socialdemócratas” en la materia, aunque la relación entre PSE-EE, que dirige esta cartera en el Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales, y PNV no no está exenta de tensiones.

En números, deliberadamente, el socialista ha obviado la partida de 482 que se mencionó por parte del consejero de Hacienda, Noël D'Anjou, en la presentación de las cuentas para dar otra mucho más alta, 596 millones. ¿De dónde surge? Suman al gasto ordinario para el departamento, los 482, 20 millones de “fondo social” dentro de la inyección extraordinaria de casi 1.000 millones con cargo a la deuda y también la dotación de las sociedades públicas Visesa y Alokabide.

Itxaso, que se siente el claro ganador en el reparto de fondos entre los consejeros de Pradales, destaca que “el salto de escala” es más relevante aún porque ha habido una caída de fondos europeos a casi la mitad este ejercicio, 60 millones. Según sus cifras, el incremento nominal sería del 11% pero alcanzaría el 37% en “recursos propios”. Eso sí, el gasto departamental previsto de 482 millones es inferior al presupuesto actualizado de 2025, de 496 millones según la estadística de ejecución presupuestaria adelantada por este periódico. “Planes verán muchos, pero planes respaldados con recursos no suele ser tan fácil”, ha insistido Itxaso en la Cámara para añadir que su cartera “prácticamente duplica” en porcentaje al siguiente departamento que tiene mejoras. “11,2%. Una cifra de dos dígitos no es habitual”, ha indicado.

Con todo, ha respondido a EH Bildu que “no se puede cometer el error de que la vivienda protegida va a dar solución a toda la demanda”. “Si la libre financia la protegida, cumplirá dos objetivos. Ahora, la poca que sale libre es muy cara y es poca la clase media que se la pueda permitir. Quien piense que este problema se resuelve solamente con recursos públicos no está pisando el suelo y con los pies en la realidad”, ha manifestado. Xabier Astigarraga, de su lado, ha avisado de que la reforma legislativa que se tramita contribuirá a favorece la vivienda privada frente a la pública.

El Gobierno, en la comparecencia, ha dado una relación de viviendas en ejecución y previstas. Son 1.672 y 666, respectivamente, en Gipuzkoa (280 en Donostia), 1.107 y 458 en Bizkaia (607 en Bilbao), y 890 en Álava (521 en Vitoria). Son números “sin precedentes”, alega Itxaso. En lo tocante a prestaciones, se congelan en 300 euros las prestaciones de apoyo al alquiler, como Gaztelagun o la denominada PEV, que poco a poco va ocupando todo el hueco de la PCV asociada a la RGI. En 2008, cuando se diseñó este modelo, el máximo previsto llegaba a 320 euros. Sí mejorarán las condiciones de acceso a algunos de esos programas. En cifras, la PEV dispondrá de 65 millones y Gaztelagun 28,2. Se estima que los beneficiarios del derecho subjetivo a la vivienda regulado por ley en 2015 llegarán a 35.000 el próximo año.

El Ejecutivo dota también el programa Bizigune con 50,2 millones, un 22% más. Este plan busca captar viviendas vacías privadas para ponerlas en alquiler a demandantes de Etxebide. A cambio, se ofrece un canon de 700 euros a los propietarios. El objetivo es llegar a 8.400 viviendas obtenidas por esta vía. Itxaso ha indicado igualmente que se pondrá en marcha un “seguro público de alquiler gratuito en zonas tensionadas”, para “cubrir impagos y desperfectos en viviendas cuyos alquileres respeten el índice de precios de referencia”. Son 250.000 euros sufragados por el Estado. Las tres capitales ya son zonas tensionadas.

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