Moncloa llevará al TC la subida salarial del Gobierno vasco a sus funcionarios pese a que Montoro pactó una similar
El Gobierno de España emitió el 22 de febrero un informe en el que advertía de que las mejoras retributivas previstas en los presupuestos vascos de 2018 -básicamente una subida salarial para los 70.000 funcionarios del 1,5% más aportaciones a la EPSV Itzarri hasta el 1%- superaban los límites fijados por la normativa básica estatal para el personal al servicio de la Administración en toda España. Se da la circunstancia de que pocos días después, el 9 de marzo, el ministro Cristóbal Montoro y los sindicatos pactaron un marco de subidas por encima del 8% entre 2018 y 2020, medidas que se empezarán a concretar este martes en el proyecto de presupuestos generales. Sin embargo, la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales no ha modificado su posición y comunicó el 19 de marzo a Euskadi su intención de acudir al Tribunal Constitucional (TC) -previa apertura de una negociación bilateral con un plazo de seis meses- para bloquear unas mejoras a los empleados públicos que en parte ya se han activado.
El portavoz del Gobierno autonómico y titular de la cartera de Función Pública, Josu Erkoreka, ha calificado la “amenaza” de abrir un contencioso en esta materia como un “gesto inamistoso” por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ha denunciado que el Estado no permita a Euskadi adoptar medidas que el propio Montoro tiene previstas y ha asegurado, sin vincularlo directamente con una posible negociación de las cuentas del Estado entre el PP y el PNV pero sí de manera colateral, que queda rota la “confianza” y la “amistad” entre instituciones. “No crea un buen clima”, ha repetido el consejero-portavoz en varias ocasiones.
Erkoreka ha añadido que “como es sabido” las cuentas autonómicas que prevén estas mejoras salariales para el personal “fueron ratificadas en el Parlamento con el voto favorable del PP”. Es cierto que el PP firmó un acuerdo económico con el Gobierno de PNV y PSE-EE pero los 'populares' se quedaron en la abstención en la votación definitiva de la ley presupuestaria.
También ha destacado el portavoz que “alguna otra comunidad autónoma tiene previsiones muy parecidas”, en referencia a Castilla y León, en manos también del PP. Hasta la fecha, no consta que esta región haya recibido un aviso semejante desde el Gobierno central. El plazo para que se hiciera efectivo el anuncio de un recurso ante el Constitucional expiraría el miércoles 28 de marzo, a los tres meses de la promulgación de la ley económica.
El Parlamento Vasco -cuyos presupuestos van dentro de la ley del Gobierno pero que no han sido incluidos entre los artículos cuestionados por el Estado- también preveía esas mejoras e incluso elevaba al 3,5% las aportaciones a la EPSV. Fuentes de la Presidencia de la Cámara indican que no les consta que haya habido ninguna advertencia en este sentido. De hecho, existe un precedente de trato diferenciado al Ejecutivo y al legislativo: los alrededor de un centenar de trabajadores de la institución no perdieron su paga extraordinaria en 2012 y el Gobierno central nunca recurrió esa decisión, mientras que los 70.000 funcionarios autonómicos han terminado de recuperar ese dinero en 2017.
Euskadi mantendrá el pago a Itzarri
Según Erkoreka, la “incomprensible” advertencia del Estado genera “inseguridad jurídica” entre los afectados. De momento, la decisión política es continuar con las aportaciones a Itzarri iniciadas en enero. En cuanto a la subida del 1,5%, de momento no estaba aplicada a la espera precisamente de la habilitación estatal, bien en forma de presupuestos o bien mediante un decreto-ley específico. El calendario orientativo marcaba abril como una fecha posible para la mejora retributiva -en 2017 el 1% se aplicó en septiembre-, si bien ahora la intención es reunir a los sindicatos de la mesa general de la función pública para analizar el nuevo escenario.
La normativa del Tribunal Constitucional da un margen de seis meses para que las partes acuerden la interpretación de los artículos recurridos antes de que la corte de garantías analice el fondo del asunto. De agotarse ese plazo sin acuerdo, la admisión a trámite del recurso supondría la suspensión automática de los artículos relativos a las mejoras salariales de los funcionarios.
