¿Cobros indebidos de la RGI o errores de gestión de Lanbide?

Lanbide es la institución que gestiona la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

“Los cobros indebidos de la RGI se generan cuando, por diferentes causas, hay una modificación de las condiciones originales de la persona o familia perceptora y Lanbide no tiene conocimiento de la misma en el momento que se produce”. Ese es el argumento que esgrime el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, para justificar los más de 128 millones de euros que en los últimos años ha pagado de manera indebida, según sus criterios, a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). En 2015, esos pagos de más se elevaron a los 35,8 millones de euros. El problema es que los receptores de la ayuda después se ven sobresaltados por las cartas que les envía Lanbide reclamándoles el importe que les ha pagado de más. Y, claro, en la mayoría de las ocasiones los perceptores ya se han gastado la ayuda, que es con la que viven y mantienen a su familia.

Lanbide reclama dinero que pagó mal a miles de perceptores de la RGI

En concreto, un total de 128,8 millones de euros han ido a parar a ese limbo entre lo desembolsado de más por la RGI y por la Prestación Complementaria de Vivienda. En la actualidad, prácticamente cada mes se le van a Lanbide casi dos millones de euros abonados de más. A día de hoy, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales (del que depende Lanbide) solo ha recuperado 13,9 millones de euros (el 10,7% de lo desembolsado de más).

Según Lanbide, estos pagos indebidos no son, en la mayoría de los casos, ni fraude ni errores. Casi siempre se deben a una modificación de las condiciones originales del acuerdo de prestación que no es registrada por Lanbide a tiempo. Por ejemplo, si un perceptor trabaja algunos días a finales del mes, ya que la nómina de las ayudas se cierra hacia el día 20. Así, se genera un pago indebido que debe ponerse al día posteriormente. El problema es que en muchos casos se arrastra durante meses. El retraso de Lanbide en revisar los cambios de situación que el perceptor le ha comunicado puede provocar una reclamación de hasta 3.000 euros.

El impacto social llegó cuando Lanbide remitió hace unos años miles de cartas reclamando las cantidades que detectó que había pagado de manera indebida. En algunos casos, la reclamación podía ascender a varios miles de euros. Incluso se creó una plataforma de afectados, que se veían criminalizados y casi acusados de defraudadores. La presión social y política ha reconducido la cuestión y el Departamento de Empleo ha tenido que fraccionar la devolución en cuotas de 30 euros mensuales en la mayoría de los casos para “minimizar al máximo” los efectos de la devolución de los pagos indebidos.

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Publicado el
6 de marzo de 2016 - 20:43 h

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