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Afectados por los pagos indebidos de Lanbide piden facilidades para devolver la deuda

Proponen pagar 30 euros al mes frente al descuento del 30% de su prestación durante 11 meses impuesto por Lanbide para que salden la deuda generada por el propio Servicio Vasco de Empleo al pagarles mal.

"Descontar el 30% de nuestros exiguos ingresos significa condenarnos a la malnutrición y pobreza energética, una práctica tan despiadada como la de los desahucios de los bancos", denuncian los afectados.

Desde la plataforma aseguran que son 86.000 las familias vascas afectadas por "la mala gestión de Lanbide".

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La Plataforma de Afectados por los pagos indebidos de Lanbide ha solicitado en el Parlamento vasco que se imponga una cuota social fija de 30 euros al mes a los perjudicados para que devuelvan las cantidades adeudadas. Con esta fórmula pretender mitigar los perjuicios que les suponen devolver las cantidades adeudadas mediante la propuesta planteada por el Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide reclamó en septiembre del 2013 a cerca de 10.000 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) la devolución de dinero que el propio Lanbide les pagó mal en sus nóminas en 2012. Se trata, generalmente, de cantidades abonadas de más y que, aunque no supongan la extinción del derecho a percibir una ayuda social, sí requieren que sean devueltas.

En su carta, Lanbide daba dos opciones: la primera, pagar al contado la cantidad total, o pagar en cuotas mensuales el 30% de la RGI que cobran al mes, es decir 183 euros o más. "Descontar ese 30% de nuestros exiguos ingresos significa condenarnos a la malnutrición y pobreza energética, una práctica tan despiadada como la de los desahucios de los bancos. Como no lo puede devolver en un solo pago les reducen prestación y les descuentan 250 durante 11 meses. Eso significa afrontar los gastos mensuales en familias con 600 euros al mes, o sea, comer lo justo e incluso pasar hambre y frío", ha denunciado la portavoz del colectivo María Victoria Ángeles Molina.

La Plataforma ha asegurado en su comparecencia en el Parlamento vasco que son 86.000 las familias vascas afectadas por "la mala gestión de Lanbide". "Queremos dejar claro que son pagos indebidos, malas prácticas generadas por una mala gestión de Lanbide. No es un fraude, son errores, retrasos de gestión, retrasos en la aportación de documentación. Por su propia naturaleza el sistema genera pagos indebidos", ha explicado Molina.

"Ni tengo una tarjeta ‘black’ ni me han hecho una amnistía fiscal"

Los perceptores de ayudas sociales adeudan a Lanbide 86,3 millones en concepto de «cobros indebidos» tanto de la renta de garantía de ingresos -el salario social para quienes no tienen recursos o para aquéllos con rentas bajas- como de los complementos de vivienda -250 euros mensuales para el alquiler-. "Todavía a fecha de hoy no sabemos ni cómo, ni cuándo ni porqué se ha generado esa deuda. No sabemos  porqué nos han pagado de más cuando se les ha avisado por nuestra parte a los agentes de Lanbide que lo estaban haciendo mal, se les ha entregado las nóminas y los contratos mes a mes", ha relatado Molina.

Los afectados por los pagos indebidos han criticado también el trato que reciben por parte de los trabajadores del Servicio vasco de Empleo. "En muchas ocasiones es muy frío, vejatorio incluso. Tenemos que oír comentarios ofensivos como que es muy fácil engordar el culo en el sofá o qué hace tu marido que no saca a su familia adelante". Han solicitado que se forme al personal de Lanbide que les atiende para evitar estas situaciones. "Deben tener una preparación mínima en psicología porque están tratando casos graves".

Los comparecientes han confirmado que fueron recibidos por el anterior consejero Juan María Aburto y Adolfo Alustiza y que algunos compañeros mantuvieron durante ese encuentro un comportamiento agresivo. "Sí algunos se exaltaron un poco porque llevan años luchando con Lanbide. Pero a mí también se me insulta a diario en la prensa. No soy una defraudadora. He ido mi buena voluntada a decir a Lanbide a que me retire el dinero que me paga de más. Yo no tengo una tarjeta ‘black’ ni me han hecho una amnistía fiscal. Los defraudadores son los ricos", ha manifestado Molina.

El asesor jurídico de la Plataforma ha declarado que cuando se resuelva la vía administrativa recurrirán algunos casos por vía jurisdiccional.

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