EE UU presume de sus segundas oportunidades

La jueza federal estadounidense Elizabeth Stong durante su intervención en Donostia. Foto: European Dialogues.

Elizabeth Stong es jueza federal especializada en quiebras, en un juzgado de Brooklyn en Nueva York. Reconoce que cuando empezó en la profesión nunca imaginó “que un juzgado fuera un lugar para pedir una segunda oportunidad”. El modelo jurídico estadounidense ha aplicado diferentes mecanismos para afrontar la quiebra y la situación de insolvencia de sus ciudades. Su ejemplo más claro es el de Detroit, una ciudad que se declaró en quiebra en julio del 2013, y al que Washington rescató con 300 millones de dólares. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, el sistema político y económico de la Unión Europea no tiene previsto en su ordenamiento jurídico este mecanismo para las ciudades, aunque se han rescatado bancos y empresas por parte de los Estados miembros. San Sebastián ha acogido el evento, 'La Americanización de una Europa en bancarrota', en el marco de la iniciativa Diálogos Europeos en el que se han podido comparar estos dos modelos de rescate.

En EE UU se parte del punto de su Constitución en donde se establece que “todos los americanos tienen derecho a quiebra y a una segunda oportunidad”. A partir de ahí cuentan con una Ley federal que “te da la posibilidad de tomar riesgos que a veces no funcionan” y tienes derecho a que “tus acreedores no te tengan amordazado hasta que pagues”, explica Stong. Así, reconoce que a causa de la crisis estas situaciones de quiebra entre los ciudadanos son más comunes, de hecho, en EE UU se han contabilizado casi un millón de quiebras al año. Estas situaciones no suelen ser provocadas, de hecho la mayoría de los casos es “gente común a la que le ha pasado algo extraordinario”, como tener que pagar un tratamiento médico, que pierdas en trabajo etc.

La jueza americana reconoce que su papel, en estos casos es “hacer que las partes vean las diferentes oportunidades y que los procesos no se bloqueen”. Una de las herramientas que utilizan para ello es la liquidación. Para ello, un administrador pone en un lado los bienes del deudor y lo que debe. Normalmente no hay activos para poder pagar las deudas, pero los ciudadanos por ley tienen los bienes básicos protegidos, “no pueden ir a tu casa y quitarte lo que quieran”. De hecho, incluso si tienes deudas que has adquirido porque la situación te ha llevado a ello, se pueden no pagar, “solo se pagarían en caso de que esa persona tuviese en algún momento un trabajo muy bueno”.

Asimismo, asegura que el problema más grande que tienen las familias es el pago de las hipotecas. “Lo primero es poner comida en el plato de sus hijos y después pagar la hipoteca”, apunta Stong. En el caso de la ley americana existe un capítulo en el que al deudor se le deja cinco años de margen, con un plan que el juez tiene que aprobar, para poder ponerte al día con tus deudas. En otros casos el banco puede llegar a perder dinero porque con el precio de la venta de la casa no consiguen el dinero de la hipoteca, pero la cuestión es “llegar a un acuerdo”. La juez señala que “es muy satisfactorio aprobar una modificación de una hipoteca, cuando se pone de acuerdo al banco y al deudor”. En este sentido, apunta que el trabajo de los jueces debe ser “fomentar una comunicación productiva entre las partes”, porque a veces las “sorpresas en la vida te cuestan más de los que habías imaginado” y las consecuencias pueden ser graves, pero “por lo menos puede mantener un hogar”.

Situación en la Unión Europea

Es cada vez más habitual que en Europa se den casos de quiebras transfronterizas. En esta sentido, cuando nos encontramos con un procedimiento de quiebra de una empresa a nivel europeo se ha unificado el procedimiento de insolvencia. El tribunal que va a llevar a cabo la quiebra de esa empresa va a ser señalado por normas europeas. Así, un tribunal en un único procedimiento concursal va a llevar a cabo el proceso de toda esa empresa y de todas sus deudas en todos los estados europeos. El objetivo de esto es garantizar una serie de beneficios a los ciudadanos y a las empresas, que los acreedores resuelvan sus deudas a nivel europeo de manera más fácil y que los deudores paguen sus deudas o se sometan a procedimientos de rescate o de segunda oportunidad a nivel europeo más fácil.

El reglamento sobre insolvencia acaba de ser modificado en marzo, de tal manera que antes de que la empresa esté completamente en quiebra se intenta realizar una operación de rescate procesal. A los deudores a nivel particular también se les va a dar una segunda oportunidad o rescate, desde el punto de vista procedimental. Todo eso está dirigido a esas segunda oportunidades y a permitir que esas pequeñas empresas y pequeños deudores consigan hacer frente a sus deudas y por tanto, no quiebren. Desde Europa aseguran que es algo lógico que a una empresa que ha quebrado, si le permites una segunda oportunidad, realmente gastas menos dinero porque ha aprendido de su error y puede volver a salir a flote, porque si no, la hundes. Lo mismo para los deudores, si les permites hacer un aplazamiento de sus pagos o que consigan pactar con los bancos, consigues que salgan a flote. Esto hace que el consumo se multiplique y si activamos el consumo, activamos el comercio, la participación de las empresas, y volvemos a hacer que la confianza en acreedores y deudores incremente de nuevo el comercio, ganas de consumir, de vender y de contratar.

Sin embargo, lo que sucede es que realmente los derechos de insolvencia o concursales son nacionales, no están cedidos a la UE. Lo único que ha podido hacer la UE es armonizar el procedimiento de insolvencia. Europa, a través de estos procesos de armonización, va entablando una serie de principios comunes que hacen que los estados se empapen. De hecho, la nueva ley española, no sin ser controvertida, sobre segunda oportunidad a pequeñas empresas y a deudores, precisamente emana de esos principios de rescate a pequeñas empresas y de facilitar el pago de las deudas a pequeños deudores.

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