Los casos atendidos en el servicio de mediación antidesahucios se desploman
El servicio de mediación hipotecaria puesto en marcha por el anterior Ejecutivo para enfrentar los casos de sobreendeudamiento de las familias ha dejado de ser una herramienta utilizada por las personas con riesgo de ser desahuciadas. Los datos oficiales revelan que mientras entre mayo de 2012, fecha en la que arrancó el servicio, hasta diciembre del pasado año se resolvieron un total de 141 asuntos, en el primer semestre de este año los profesionales del servicio de mediación contra los desahucios han tramitado únicamente 38 asuntos.
Además, el índice de acuerdo del servicio en 2012 era alto: prácticamente en la mitad de los casos se alcanzó un acuerdo entre la persona en riesgo de desahucio y la entidad financiera y únicamente en el 12% de los casos no prosperó la posibilidad de acuerdo porque la entidad financiera afectada no había suscrito el convenio con la viceconsejería de Justicia. De los 38 casos tramitados entre enero y junio de este año se desconoce en cuántos de ellos ha habido un acuerdo, según Justicia.
El servicio, que entró en funcionamiento en mayo del pasado año, es público y gratuito y está compuesto por profesionales expertos en el mundo de la abogacía y de la economía. El objetivo de estos profesionales es mediar ante las entidades financieras en los casos de impago de vivienda habitual con el objetivo de garantizar las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída por los afectados. Durante los primeros meses, el servicio logró parar, principalmente en Bizkaia y Gipuzkoa, varios desalojos y subastas de pisos. De hecho, estos profesionales lo que planteaban en sus propuestas a las entidades financieras era un abanico de soluciones como la renegociación del crédito, el incremento del plazo de vencimiento de los préstamos hipotecarios, la disminución del tipo de interés, la aprobación de una quita, el cambio de título (de propiedad a arrendamiento), o en algunos casos la dación en pago de la vivienda.
El Ejecutivo vasco apoyó además una propuesta para evitar los embargos de primera vivienda que llegó desde la propia judicatura y recomendó al servicio que la usara en sus negociaciones con las entidades. La propuesta consistía en conceder una moratoria legal a aquellos propietarios que se encontraban en situación de desempleo y no podían proceder al pago de las cuotas del préstamo hipotecario.
La importancia del servicio se ve sobre todo por el tipo de perfil de la persona que ha venido utilizándolo. La gran mayoría está en situación de desahucio (cerca del 80%), cobra únicamente la Renta de Garantía (Lanbide) y mayoritariamente son parejas.
Críticas de los grupos antidesahucios
Los grupos antidesahucios vascos, que celebraron en un principio el instrumento puesto en marcha por el Ejecutivo tras la petición del presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Juan Luis Ibarra, no tardaron en revelar que algunas entidades, como Kutxabank, en muchas ocasiones se negaban a aceptar las propuestas de los mediados, haciendo el servicio casi “inservible”, según denunciaron.
El director de Justicia del Gobierno vasco, Manu Valín, ha reconocido lo “llamativo” de este descenso en el uso del servicio de mediación hipotecaria y ha señalado que ese bajón se puede deber “a la reciente aparición de normas de protección de los deudores hipotecarios” o a los “pronunciamientos judiciales favorables a la posición de las personas consumidoras de servicios bancarios”. Valín se refiere a la sentencia de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia Europeo en el que se declaraba que la legislación española era incompatible con una directiva europea en relación a las cláusulas abusivas ya que España no permitía a los jueces suspender un desahucio aunque se comprobara que un contrato hipotecario dejaba al consumidor indefenso frente a las entidades financieras. El Gobierno del PP se vio forzado a incluir los efectos de esta sentencia en su nueva legislación hipotecaria, aprobada en mayo pasado, con la que pretendía reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Sin embargo, el PP no incluyo en la norma la dación en pago, tal y como han venido exigiendo insistentemente durante los últimos años el movimiento Stop Desahucios.
