La presidenta de la comisión de investigación ultima el informe de conclusiones sobre el cártel de comedores escolares
Mientras se ha discutido largamente en torno a la posibilidad de constituir una comisión de investigación en el Parlamento Vasco en torno a las irregularidades en las oposiciones médicas de Osakidetza -y el debate volverá la semana que viene-, la Cámara tenía abierta otra comisión, en este caso por el cártel de empresas que, durante años, se repartieron la mayor contrata del Departamento de Educación, la de comedores escolares de los centros públicos. Ello supuso un sobrecoste para la Administración y, en última instancia, para las propias familias usuarias. Los trabajos de este foro, que ha pasado bastante inadvertido, se han dado ya por concluidos y se espera que en los próximos días la presidenta de este grupo de trabajo, Larraitz Ugarte (EH Bildu), presente un borrador de conclusiones.
El caso de los comedores escolares lo destapó la Autoridad Vasca de la Competencia en la etapa de Pilar Canedo. Fijó una sanción histórica de 18,1 millones de euros a varias empresas: el grupo Auzolan de MCC –que opera con las marcas Auzo Lagun, Magui y Goñi-, Eurest -que tuvo dos denominaciones-, Tamar, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica. Se hallaron pruebas de que actuaron de manera concertada para repartirse el mercado y maximizar beneficios y se estimó que esa práctica fue sistemática entre 2003 y 2015. Algunos cálculos fijaron el sobreprecio por encima del 30%, de modo que un escolar pudo llegar a pagar hasta 1.040 euros de más en los primeros ocho cursos escolares en los que operó el cártel. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó las irregularidades pero planteó una rebaja de las multas al entender que la desidia de la Administración dio a entender a las contratistas que estaban obrando adecuadamente. La vía penal, en cambio, quedó archivada.
Durante la comisión, como publicó este periódico, se puso de manifiesto que existió una segunda investigación sobre la contrata de comedores a partir de 2015. Fue puesta en marcha por el equipo de Canedo en Competencia pero archivada cuando fue relevada en la presidencia de ese organismo por Alba Urresola. Un informe ponía de manifiesto que los cambios introducidos por Educación -aunque en efecto produjo ahorro económico- todavía generaban situaciones anómalas. Por ejemplo, había zonas geográficas en las que competían por el mismo contrato dos empresas del mismo grupo (MCC) y que en el único lote en que participaba la empresa que denunció los hechos los precios de la competencia eran más bajos que en el resto.
Por el Parlamento han pasado numerosos comparecientes. Canedo y Urresola escenificaron sus diferencias sobre el alcance de las irregularidades. Igualmente, la comisión de investigación ha escuchado a los exconsejeros vascos de Educación, incluida la actual ministra-portavoz, Isabel Celaá. Terminadas las declaraciones hace tres meses, la presidenta ultima ahora en su borrador de dictamen todas estas comparecencias y el análisis de la abundante documentación aportada. Posteriormente, abrirá el informe a las aportaciones de los grupos antes de su aprobación definitiva. La oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP) dispone de mayoría para aprobar unas conclusiones en contra del criterio del Gobierno. Esa suma heterogénea ya posibilitó la creación de la propia comisión.
