La Fiscalía vuelve a denunciar la falta de colaboración de las instituciones vascas en la lucha contra los delitos ambientales

En 2021, la memoria de la Fiscalía recogía la constatación de que en muchos delitos ambientales había que asignar investigaciones a la Guardia Civil en lugar de a la Ertzaintza por sus “disfunciones”. Ahora -con algunas excepciones como la causa abierta por vertidos en las cercanías de la incineradora de Zubieta- parece existir un consenso por el cual la Policía autonómica llevará los casos de ámbito vasco y la estatal los que afecten a más comunidad o incluso tengan derivadas en el extranjeros. Sin embargo, el ministerio fiscal recoge en su memoria recién publicada -esta misma semana tras la apertura del año judicial- otros ejemplos de falta de colaboración de instituciones vascas contra este tipo de criminalidad.

Bajo el epígrafe de “Relaciones con la Administración”, el órgano dirigido en Euskadi por Carmen Adán indica textualmente que “los fiscales especialistas no mantienen relación con el Gobierno vasco en general ni con la viceconsejería de Medio Ambiente en particular”, dependiente del Departamento dirigido por Arantxa Tapia. “En Bizkaia, a raíz del derrumbe del vertedero de Zaldibar, la viceconsejería de Medio Ambiente sigue remitiendo comunicaciones, si bien cada vez más espaciadas”, indica como ejemplo concreto. Y se añade: “Tampoco existen contactos con la Agencia Vasca del Agua (URA) más allá de los informes que se puedan solicitar desde esta Fiscalía en los procedimientos en trámite”. 

Las relaciones con las diputaciones tampoco parecen engrasadas. La Fiscalía es especialmente contundente en el caso de la de Gipuzkoa, a la que acusa de “filtrar” -en el sentido de revisar y frenar, no de difundir- las posibles irregularidades conocidas por sus agentes sobre el terreno, que tienen la condición de Policía judicial para determinados delitos. Según la memoria fiscal, los funcionarios denuncian que sus superiores controlan sus pesquisas antes de darles traslado al poder judicial. “Se nos ha trasladado que [los agentes forales] cuentan con dificultades para poder desarrollar las funciones que la ley les reconoce como Policía judicial, ya que los jefes de servicio realizan una labor de análisis previo a modo de 'filtro' en el traslado de informes y atestados al fiscal que legalmente no les corresponde”, apuntan.

Y se añade: “Antes de que los informes y atestados de los guardas forestales lleguen al fiscal, los jefes de servicio realizan una labor de análisis jurídico previo que corresponde exclusivamente al juez o al fiscal. Con tal proceder, muchos informes/atestados incoados por los guardas forestales no llegan con la premura precisa al fiscal, o se modifican antes de llegar al fiscal, perjudicando la necesaria celeridad con la que se debe responder penalmente ante hechos que puedan revestir caracteres de ilícitos penales. La problemática referida se ha tratado de solventar con reuniones con los jefes de servicio de montes y de flora y fauna, así como reuniones con guardas forestales. La última reunión celebrada con los guardas forestales y en la que se nos trasladaba la problemática antes referida tuvo lugar el 22 de diciembre de 2021. A raíz de la misma, el fiscal delegado ha puesto en conocimiento del fiscal-jefe [Juan Calparsoro] la problemática referida, y se ha procedido a enviar oficio al diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa [Jabier Larrañaga] dejando clara la postura de la Fiscalía provincial de Gipuzkoa que no es otra [...] que se proceda a la remisión inmediata al fiscal delegado de aquellos hechos que aparentemente pudieran ser delictivos, de todos los atestados que extiendan los agentes forestales, y que en dicho traslado, sin perjuicio de que den cuenta e informen a sus superiores jerárquicos, éstos no realicen ningún filtro o análisis jurídico previo”. La Fiscalía le ha recordado a Gipuzkoa que los guardas forestales pueden actuar “como Policía judicial”, “con las implicaciones legales correspondientes”.  

A tenor de los datos que figuran en la memoria, con casos correspondientes a 2021, es cada vez más intensa la actividad de la Fiscalía especializada en delitos ambientales. Hay varios casos de gestión ilegal de residuos, incluso tramas para enviar a África aparatos electrónicos antiguos, con componentes muy contaminantes. También se ha detectado un matadero ilegal para comercializar carne 'halal' (la “permitida” para musulmanes) o vertidos de la conocida bodega de Elciego Marques de Riscal -uno de cuyos edificios fue diseñado por Frank Gehry, el arquitecto también del Guggenheim- al río Mayor.