El Gobierno vasco inicia la “vía de apremio” para que la gestora de Zaldibar devuelva 28,7 millones

El Gobierno vasco ha iniciado la “vía de apremio” para recuperar los 28,7 millones de euros públicos que adeuda la empresa gestora del vertedero de Zaldibar derrumbado en febrero de 2020, Verter Recycling, ahora en liquidación, y que no ha abonado en el período voluntario. Según explica en el Parlamento Vasco la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en respuesta a una pregunta escrita de la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi, se ha instado ya al Departamento de Economía y Hacienda para que “adopte las medidas oportunas vinculadas a la ejecución en vía de apremio, así como a la posible derivación de la deuda a los gestores y administradores de la empresa”.

“No”, contesta Tapia con rotundidad a la pregunta de si Verter Recycling ha devuelto el dinero que adeuda. Los 28,7 millones son los gastos por los trabajos de búsqueda y estabilización realizados en la montaña de la zona de Zaldibar lindante con Eibar fruto del alud del vaso del vertedero. Se perseguía, por un lado, localizar los cuerpos de los dos trabajadores sepultados, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y, por otro, “la prevención y evitación de nuevos daños medioambientales”, que de momento ya se prolongarán durante al menos tres décadas. La Administración asumió el adelanto de esas labores pero es la empresa gestora quien tiene que hacerse cargo. Ya se ha acreditado que el derrumbe tuvo su origen en una deficiente gestión por parte de la firma liderada por el empresario José Antonio Barinaga. Él y otros dos responsables de la empresa admitieron en sede judicial un delito de homicidio imprudente y se comprometieron a indemnizar a las familias de las víctimas a cambio de evitar la entrada en prisión.

Y es que el alud en Zaldibar no fue un accidente y sí una negligencia a la luz de los datos que han ido conociéndose en los últimos meses. Este periódico reveló en marzo de 2021 un informe interno de la empresa gestora del recinto, Verter Recycling, en el que se constataba que Beltrán había detectado grietas en la zona y que no se hizo nada. “En los vertederos es normal este tipo de movimientos”, le despacharon desde la compañía. Otros documentos también han demostrado que había riesgo y que, además, era inminente. El último es un peritaje del organismo estatal Cedex que estima que en los días previos al desplome se produjeron movimientos de entre 2,2 y 3,5 metros cuando lo ordinario son desplazamientos de entre 0,1 y 0,3 en el año. También se apunta a que existían problemas de impermeabilización y exceso de líquidos en el vaso de residuos.

La empresa, sin embargo, no solamente no ha devuelto el dinero sino que ha intentado librarse del pago. Tapia explica que en marzo Verter Recycling interpuso un “recurso de alzada” contra la resolución administrativa de febrero en el que se fijaba el montante de la minuta. La apelación ha sido desestimada, según informa la consejera. Ahora, el Ejecutivo entiende que “no resulta posible realizar una previsión respecto a los plazos en los que se procederá a recuperar los costes asumidos por el Gobierno vasco” ya que es algo que “depende del resultado de las distintas actuaciones iniciadas”. Sí se deja claro que aunque se haya querido disolver Verter Recycling sus gestores responderían igualmente con su patrimonio. El Gobierno no se moja sobre si esta maniobra es o no legal: “Es una cuestión que corresponde al orden jurisdiccional”.