El galimatías de las viviendas turísticas
La polémica con los apartamentos turísticos parece que no ha hecho más que empezar. Primero el Gobierno de Cataluña multó a Airbnb con 30.000 euros porque, según fuentes del Ejecutivo catalán, la empresa no se ha inscrito en el Registro de Turismo de Cataluña. Además, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el decreto de regulación de Apartamentos Turísticos y de las Viviendas de Uso Turístico, cuya principal novedad es que el Gobierno regional ha fijado una estancia mínima de cinco noches. “Estoy encantada de que se regule, pero lo de las cinco noches de Madrid es absurdo, es una forma encubierta de cortar con esta forma de viajar, ya que lo normal son estancias de un fin de semana”, afirma la propietaria de un alojamiento que prefiere preservar su identidad.
Desde el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, “se considera necesario regular la oferta turística, por ello la mesa de turismo estudia la regulación de las viviendas turísticas”. La casera también cree imprescindible la regularización, y por lo tanto pagar “impuestos razonables, pero no como los de un hotel ya que no se ofrecen los mismos servicios”. Gema Gillerna, directora del Hotel NH de Vitoria, defiende que “se deberían pagar impuestos y también contratar a personal de limpieza y servicios”. Además afirma que en el País Vasco “no está penalizada todavía esta práctica porque no se denuncia, pero si tuviera constancia y pruebas de que al lado de nuestro hotel se lleva a cabo estas prácticas, lo denunciaría”.
“Miedo de alquilar”
Otro propietario que alquila parte de su casa vía Airbnb, dice tener “miedo de alquilar” porque además arrenda una vivienda de protección oficial (VPO) y “se supone que no puedes hacer negocio en una VPO”, asegura, aunque él no lo ve como una oportunidad para lucrarse, sino como una forma diferente de viajar. Aun así se contradice y declara que “si hacienda me quita el 21%, igual no me merece la pena seguir alquilando”.
La nueva norma de la Comunidad madrileña determina la capacidad mínima de los apartamentos, el régimen de precios y la ratio de habitaciones adaptadas que deben disponer, así como la placa identificativa que es necesario mostrar según su categoría. Pero la propietaria que alquila parte de su hogar ve “ridículo” poner una placa en su casa y exige “cifras que realmente demuestren cómo afecta tan negativamente a los hoteles como dicen”.
Airbnb en más de 34.000 ciudades
Airbnb se ha convertido en el portal más popular para buscar alojamiento vacacional. La empresa ofrece habitaciones, viviendas, castillos e incluso furgonetas y cuevas, en más de 34.000 ciudades de 190 países. La compañía, que ya ha alojado a más de 15 millones de personas, ha estado anteriormente en el punto de mira de las autoridades de Nueva York (EE. UU.), Quebec (Canadá) o Ámsterdam (Holanda). Ahora, la Comunidad catalana y madrileña se unen a la polémica.
La propietaria que alquila su vivienda en el País Vasco cree que “los hoteles harían bien en colaborar con esto y aprovecharse”. Asegura que sus huéspedes alquilan bicicletas de los hoteles y que esta práctica es beneficiosa para la economía de la ciudad ya que “salen de pintxos, van a restaurantes y realizan otras actividades que dejan dinero”.
