El Gobierno de Urkullu hace equilibrios ante la nueva ley estatal de Vivienda

El Gobierno de Iñigo Urkullu, una coalición de PNV y PSE-EE, está haciendo equilibrios políticos ante el acuerdo político en las Cortes Generales para una nueva ley estatal de Vivienda. Se trata de una iniciativa de un Gobierno presidido por los socialistas pero que el PNV, socio habitual del Ejecutivo central y a diferencia de EH Bildu y ERC, no secundará al entender que invade competencias autonómicas. Pero, en Euskadi, la cartera de Vivienda está también en manos socialistas, que sí entienden el nuevo marco básico como un paso adelante sin perjuicio de las previsiones propias de la ley vasca de 2015, aprobada con un peculiar pacto político entre PSE-EE, EH Bildu y UPyD contra el criterio del PNV, que llegó a alertar de un “efecto llamada” mundial al ser la primera vez que se regulaba el derecho a lograr un piso como tal.

“Estamos ante un tema complejo”, ha afirmado intentando preservar los equilibrios ante los periodistas este martes Bingen Zupiria, consejero-portavoz del gabinete y representante del ala del PNV. Admite que la materia es “una de las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca” y ha optado por no pronunciarse sobre un posible recurso de inconstitucionalidad -la consecuencia lógica de la postura del PNV- ya que el texto no ha recibido aún el visto bueno definitivo de las Cortes Generales: “No hay nada que recurrir poeuqe no hay ninguna ley aprobada”. Eso sí, para Zupiria “es evidente” que ya ha habido en el pasado “pronunciamientos tanto del propio Tribunal Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial” recalcando que estas políticas son “materia exclusiva de las Comunidades Autónomas”.

Mientras, la parte del PNV insiste en que las políticas de vivienda han sido para ellos una “prioridad” mucho antes de la ley estatal. Sin embargo, Zupiria ha citado el trabajo “de los años 2000” -con un consejero del ramo de EB, la marca vasca de IU entonces- y la “fuerza” que supuso la aprobación en 2015 del actual marco, también sin su concurso. Todos los desarrollos, salvo un corto período inicial con Ángel Toña, han recaído en el socialista Iñaki Arriola, titular de Vivienda desde 2016. Y también ha apuntado los planes propios para impulsar el acceso a la juventud, aunque se da la circunstancia de que ha mencionado las ayudas de la parte del PNV para la emancipación aún no operativas -programa Emanzipa- y no el plan Gaztelagun de la parte socialista -sí en marcha ya-.

La polémica está más viva a nivel de partidos. Fue Aitor Esteban el que manifestó que el proyecto estatal era un “galimatías”. Se propuso defender “contra viento y marea” una norma que el PNV descalificó en el pasado, aunque ya son varias las intervenciones en el Congreso del portavoz en la que la ha hecho suya. Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, afirma que puede “casar” perfectamente con la actual norma autonómica. Eso sí, a nadie se le oculta que el texto vasco es más avanzado en algunos puntos. El principal, que fue una norma que hizo el acceso a una vivienda protegida un “derecho subjetivo” -como propone la Constitución- para familias que reúnan unos determinados requisitos económicos. También ha terciado en el debate el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, quien ha metido en el mismo saco del 'no' a los avances en Vivienda a PP y a PNV.

En paralelo, el Ejecutivo vasco trabaja en propuestas para modificar e impulsar los incentivos fiscales asociados a las políticas de Vivienda. Aquí, al equilibrio interno en el Gobierno autonómico, se suma la necesaria participación de las Diputaciones, que son las que tienen las competencias fiscales. Fuentes oficiales indican que, en febrero, Arriola envió una propuesta a su colega y consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, del PNV. Se trata de la cartera con funciones de coordinación tributaria, pero sin atribuciones prácticas para aprobar cambios. Así, la postura oficial es que este debate se incorporará al análisis que PNV y PSE-EE realizarán sobre la reforma fiscal vasca en su conjunto y que se ha pospuesto a después de las elecciones forales de este mes de mayo. Lo ha confirmado también Zupiria. “Entonces quizás se plantee una reforma. Ése será el momento de analizar los incentivos”, ha manifestado.