La Inspección de Trabajo multó el verano pasado con 60.916 euros a festivales celebrados en Euskadi por infracciones laborales

La Inspección de Trabajo impuso el verano pasado un total nueve sanciones con multas que suman 60.916 euros a festivales y espectáculos celebrados en Euskadi por diversas infracciones laborales. Estas sanciones se produjeron tras 52 inspecciones de oficio, según se desprende de una respuesta de la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, a la solitud de información formulada por la parlamentaria de EH Bildu Eraitz Sáez de Egilaz. Como resultado de estas actuaciones de oficio, desde la inspección se realizaron cinco requerimientos de subsanación de las irregularidades detectadas, y se levantaron las citadas nueve actas de infracción en materia de tiempo de trabajo, condiciones de seguridad y salud, y Seguridad Social, con la sanción correspondiente.

Aunque la parlamentaria de EH Bildu pide que se concrete cuáles son las empresas sancionadas, Mendia argumenta que no no se puede dar este dato porque la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene “un deber de sigilo, de modo que no se pueden revelar datos de empresas o personas trabajadoras afectadas por la actuación inspectora, únicamente datos estadísticos”. De todos, modos no son muchos los festivales que tienen lugar en Euskadi, los más importantes, BBK Live o Azkena Rock, casi siempre se celebran rodeados de críticas de tipo laboral y con denuncias de algunos de los trabajadores por la precariedad en la que se les contrata o con la tardanza en la que cobran sus honorarios. Ambos son organizados por Last Tour.

El sindicato LAB denunció en 2019 la precariedad laboral de los empleados del BBK Live, que tardaron dos meses en cobrar, aunque desde la organización se desvincularon por ser una empresa subcontratada la que no estaban pagando debidamente a los trabajadores. El año pasado se repitieron las quejas de diversos colectivos por las tardanzas en el pago. Precisamente el tema de que sean trabajadores a los que no se les contrata directamente por la empresa organizadora del evento, sino por otras subcontratada, con lo que se añaden dificultades para controlar posibles irregularidades es algo que se ha denunciado en reiteradas ocasiones por diferentes grupos políticos, ya que estos eventos se realizan con el apoyo de los Ayuntamientos.