Un juzgado de Donostia aleja 100 metros de una clínica las protestas contra los abortos

Exterior de la clínica Askabide de Vitoria con un cartel feminista, este martes

El juzgado de Instrucción 1 de Donostia, cuyo titular es Enrique Rodríguez Trigueros, ha emitido un auto de medidas cautelares por el cual se alejan a una distancia mínima de 100 metros de la clínica Askabide de esa ciudad las protestas antiabortistas que se vienen sucediendo en los últimos meses y que han reaparecido en los últimos días. La sede de esta misma clínica privada en Vitoria también ha solicitado al juzgado las mismas cautelares. Se subraya que ha entrado en vigor una reciente reforma legislativa que convierte en delito penado con hasta un año de prisión las coacciones a las mujeres que acuden a interrumpir el embarazo o los profesionales de los centros.

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“Es evidente que la intención de las investigadas no es la de circular por la zona en la que se encuentra la clínica. La intención es la de poner de manifiesto su postura contraria al aborto (algo completamente legítimo) y presionar a las mujeres usuarias y a los trabajadores de la clínica. Esta intención se pone de manifiesto por el hecho de que en la propia página web de la asociación a la que pertenecen se recogen instrucciones sobre esta forma de actuar. Las investigadas permanecen durante largos períodos de tiempo en una zona situada a escasos metros de la puerta de la clínica y rezan en alto, por lo que se hacen visibles tanto a las usuarias como a los trabajadores. El denunciante señaló también que, además, se dirigen a las usuarias o trabajadores con risas y dirigiéndoles besos”, explica el magistrado en la resolución judicial.

Añade el juez que, en este caso, “es evidente que para salvaguardar los derechos de las posibles afectadas es necesario en este momento la adopción de una medida cautelar imponiendo a las investigadas la prohibición de aproximación a la clínica a una distancia de 100 metros”. De este modo, entiende el magistrado, “se evitan las concentraciones en una zona visible para las posibles afectadas”. “No es desproporcionado: no afecta al derecho de las investigadas para a través de los cauces permitidos manifestar su postura legítima en contra de las prácticas abortivas”, se puede leer en el auto, en el que se precisa que todas las manifestantes viven más lejos de ese perímetro.

En la parte dispositivo, el juzgado pide a la Policía Local de Donostia y a la Ertzaintza que haga cumplir las cautelares con un mandato expreso de que atiendan las peticiones de las víctimas. Se avisa a los colectivos contrarios al aborto de que se abstengan de tratar de burlar la orden de alejamiento: “Su incumplimiento puede dar lugar a nuevas medidas cautelares que impliquen mayor limitación de su libertad personal, incluso la prisión provisional, sin perjuicio de otras responsabilidades criminales”.

Askabide había denunciado también las presiones frente a su clínica de Vitoria. Durante varios días llamaron a la Ertzaintza, que no intervino. El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, llegó a afirmar que no consideraban que las protestas constituyeran un delito. Sin embargo, horas después la propia Policía aludía a un “acuerdo” para alejar las protestas de la entrada del centro para que las usuarias y el personal no se cruzaran con ellas.

“Hemos pedido lo mismo en Vitoria, pero no sabemos nada todavía”, explica telefónicamente Igor Elberdin, el director de ambos centros. “Estamos muy satisfechos, en todo caso. En Donostia dan por válidos nuestros argumentos. Es una medida cautelar hasta que llegue la sentencia. Esta medida es para las tres personas identificadas hasta ahora pero si viene alguien más seguiremos el mismo camino”, apunta.

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